El Tribunal Colegiado vinculó a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el caso de la “Estafa Maestra”, tras negarle un amparo para enfrentar su proceso en libertad.
El Tribunal ordenó que el caso se mantenga congelado mientras es revisado, luego de que la ex funcionaria promovió un amparo para enfrentar su proceso en libertad.
La extitular de Sedesol impugnó en primera instancia la vinculación a proceso, acusando como conceptos de violación la existencia de un “efecto corruptor” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) quien inició la investigación en su contra casi cuatro años después de que se cometieron los supuestos delitos.
De acuerdo con información del diario El Financiero, Rosario Robles dijo que la indagatoria de la FGR no tuvo un sustento documental, pero sí una base subjetiva a partir de un reportaje hecho con una clara “línea editorial”.
Recordó que en la Auditoría Superior, en sus dictámenes técnicos no la señaló ni denunció penalmente como responsable de las acciones u omisiones que se le imputaron, y destacó que hubo una insuficiencia de los datos de prueba para emitir la vinculación a proceso en su contra.
Al respecto, en su sentencia de 776 páginas dictada el 23 de julio pasado y notificada el martes, el Tribunal Colegiado desestimó todos y cada uno de los argumentos de Robles. Unos los calificó de inoperantes y otros de infundados.
En el expediente se transcriben de manera íntegra las versiones públicas de las audiencias del 8 y 12 de de agosto, esta última que se prolongó hasta el día 13.
En dichas audiencias, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron la imputación contra Robles por la llamada Estafa Maestra y le imputaron la omisión de denunciar o impedir en el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario federal.
Detalló que desde su posición de titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) supo de las irregularidades en el manejo de los recursos pero omitió informar a su superior jerárquico, el Presidente de la República, y tampoco hizo nada para evitarlo.
Ha trascendido que la jueza fijó para el próximo 9 de septiembre la celebración de la audiencia constitucional, en la que se determinará si le concede el amparo.