En el Estado de México, la infancia no se vive igual para todos. Mientras el marco legal promete protección integral, la realidad cotidiana de millones de niñas y niños está marcada por la violencia, la precariedad económica y la ausencia efectiva del Estado.
De acuerdo con datos del INEGI, en la entidad viven cerca de 2.5 millones de menores de entre 0 y 9 años, lo que representa el 14.5% de la población. Tan solo en Toluca se concentran más de 230 mil niñas y niños en este rango de edad. Sin embargo, una proporción significativa crece en entornos donde la violencia se normaliza como forma de disciplina o donde el trabajo infantil se vuelve parte de la economía familiar.
El Estado de México figura de manera constante entre las entidades con mayor incidencia de violencia contra menores. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) indican que 6.3% de los homicidios de personas de 0 a 17 años en el país durante 2024 ocurrieron en la entidad, colocándola entre las más afectadas, solo por debajo de Guanajuato y Michoacán.
A nivel nacional, la tendencia tampoco mejora. En 2025, cerca de 2 mil niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, mientras delitos como lesiones, trata y corrupción de menores alcanzaron niveles elevados, confirmando que la violencia contra la infancia no es coyuntural, sino estructural.
Radiografía de delitos contra la infancia (REDIM) 2025
- Homicidios: 27,445
- Feminicidios: 63
- Trata de personas: 301
- Tráfico de menores: 3
- Corrupción de menores: 2,852
- Rapto: 45
Más allá de las cifras, el problema tiene una raíz económica y social. En miles de hogares, la presión por ingresos empuja a niñas y niños a integrarse a actividades informales, mientras otros enfrentan entornos familiares donde la violencia es parte de la dinámica cotidiana.
El contraste es evidente. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza acceso a una vida libre de violencia, educación, salud y desarrollo integral. En el discurso, la niñez es prioridad; en la práctica, sigue siendo vulnerable.
A nivel estatal, el gobierno ha impulsado mecanismos como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como el Programa Estatal 2025–2029 y la adhesión al Pacto por la Primera Infancia. Sin embargo, los resultados aún no son visibles en la vida diaria de quienes deberían ser sus principales beneficiarios.
En el Congreso mexiquense, durante 2026 se han presentado diversas iniciativas en materia de infancia. Ninguna ha sido aprobada.
- El PVEM propuso educación en seguridad digital y penas más severas contra la explotación infantil.
- Movimiento Ciudadano planteó inclusión escolar y protección para menores con familiares en prisión.
- El PT impulsó atención psicológica gratuita en escuelas.
- El PRI propuso regular el uso de redes sociales en menores.
- Morena planteó protocolos para niñas y niños en situación de calle.
Todas coinciden en el diagnóstico. Ninguna ha pasado del papel.
El problema no es la falta de ideas. Es la ausencia de ejecución. Porque en el Estado de México, la infancia sigue siendo prioridad… pero solo en el discurso.
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