A pesar de que las inconformidades provocadas por el gasolinazo han desaparecido, queda para la historia social del país el recuerdo de las grandes movilizaciones realizadas en diferentes estados de la república, pero sin lograr cambios en el criterio presidencial y su grupo gobernante. Éstos mantuvieron la variación de los costos de los combustibles; pasaron la gasolina magna de $13.98 a $16.55, la premium, de $14.81 a $18.37 y el diésel, de $14.63 a $17.63 entre diciembre del año pasado y marzo del que transcurre.
Si aplicamos aritmética simple, se observa una variación entre 18% y 21% de aumento en los combustibles (con modificaciones dependiendo de las zonas en que se dividió al país). Contrario a las afirmaciones oficiales, estos aumentos provocaron una gran inflación, y el peso perdió su raquítico poder adquisitivo, lo que afectó la economía familiar: la luz y el gas aumentan mensualmente… hasta las tortillas se encarecieron, pasando de 12 a 17 pesos el kilo.
En este difícil panorama económico, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) vuelve con la evaluación para la permanencia –y con sus agravios acostumbrados, ahora en la aplicación del examen 2017, mostrando falta de sensibilidad, pues no emplea los procedimientos legales para seleccionar a los participantes, quienes quedan en estado de indefensión por la oscuridad de la determinación.
Sin respetar los tiempos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, algunos directivos, sin fundamentación ni motivación alguna, han decidido quiénes acudirán a tan temida evaluación. Con fecha 24 de marzo de 2017, en oficio 245/2016-2017, autoritariamente se comisiona a un docente de educación media superior para cumplir con la siguiente indicación: “Anteponiendo un cordial saludo, la que suscribe […] Subdirectora Académica de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Amecameca, se dirige a usted de la manera más atenta para informarle que deberá acudir a la Subdirección de Bachillerato General el día […] del presente año, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, a realizar la validación de datos para participar en el proceso de evaluación docente convocado por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente”.
Signado el documento por la emisora, sin el visto bueno del supervisor escolar (quien no firma el oficio, a pesar de que aparece su nombre). “No tengo para viajar a Toluca, nos pagan hasta el martes y me mandan al correo este oficio, no podré cumplir con esta orden, además no es claro y no estoy de acuerdo en por qué a mí me asignan y ordenan que acuda; no es mi deseo aplicar este examen…” dice, totalmente molesto e inconforme, el maestro afectado. Así de fácil se desequilibra a un docente de educación media superior.
El autoritarismo manifiesto en el escrito es un claro ejemplo de lo que no debe ocurrir; las violaciones legales saltan a la vista: la más obvia es que debió entregarse el oficio al menos con 48 horas de anticipación, tal y como lo establece el Código citado. En este mismo sentido, el maestro carece de información de algún procedimiento que se haya aplicado para que él fuera incluido en la lista de aplicación.
Este vacío refleja una determinación unilateral que se puede combatir administrativamente; la autoridad tiene prohibido conducirse desde la libre inspiración, como se puede deducir del asunto del profesor, quien no está de acuerdo con el trato que le da la subdirectora del plantel. Parece que el olvido ha almacenado las movilizaciones que los maestros realizaron, en 2013, para protestar en contra de esta evaluación y de la reforma a los artículos 3º y 73º constitucionales, hasta llegar a los hechos trágicos de Nochixtlán, Oaxaca.
Las estrategias del gobierno tuvieron muchas variantes, hasta llegar a la suspensión parcial de esta evaluación; sin embargo, el polvorín está seco y una chispa –por pequeña que sea– puede prender nuevamente la inconformidad magisterial en receso, en particular en el Estado de México, ante esta forma rara de tratar al profesorado.
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