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Obsequio a los maestros

Parafraseando a Sun Tzu, autor de “El arte de la guerra” y respetuosamente con ajustes para el profesorado, se puede asegurar en estos años difíciles que “…si los (maestros) carecen de un severo entrenamiento, estarán inquietos y vacilantes en (la docencia); si carecen de una formación íntegra,  se doblegaran frente (a la evaluación)”.

 

Lo anterior en razón de que los ejecutivos y legislativos federales y locales olvidaron una máxima de la obra citada, escrita hace más de dos mil años: “ni recompensas ni sanciones deben atribuirse en exceso”.

 

La amenaza del despido por malos resultados en una tercera evaluación, impuesta en la normatividad reciente, en nuestra entidad el once de marzo del año en curso para ser preciso, es contrario al derecho de audiencia y de debido proceso que garantiza el artículo 14 Constitucional, elimina el principio de seguridad y certeza jurídica que establecen los artículo 16 y 17 de nuestra Carta Magna en perjuicio de los maestros, de un plumazo la autoridad elimina los derechos garantizados en el artículo 3 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que determina son irrenunciables, entre otros el derecho al trabajo y al salario, que son medios de subsistencia del trabador, lo que a todas luces es una sanción en exceso.

 

La privación del derecho al trabajo y salario en la forma planteada, constituye un acto de autoridad que se combate por la vía Constitucional, al perjudicar al maestro sin aplicar las formalidades esenciales, tal y como la ley lo establece.

 

Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, no tienen la facultad para ir más allá, porque lesiona los derechos del trabajador, deja en estado de indefensión al maestro.

 

Pretender despedir por la simple voluntad o determinación de un sujeto en una responsabilidad administrativa, llámese como se llame, es impedir se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que se fijan, tal y como lo establece el artículo 17 Constitucional, el funcionario tiene prohibido romper el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y la patronal.

 

Como es notorio, los docentes tenemos una asignatura más que aprender, cómo defendernos de las determinaciones de administradores que no les asiste razón legal alguna y solo pretenden dañar al profesorado, hay mucho por hacer.

 

Felicidades compañeras y compañeros maestros en su día, como obsequio la reflexión inherente al texto.