Las personas que visitan el Estado de México, sean de otra parte del país o del extranjero, de inmediato notan que vivir aquí es escuchar la mayor parte del tiempo el estallar de cohetes. Es una característica de nuestra entidad; y es que, cada año, estallan más de dos millones trescientos setenta mil cohetes. En promedio uno cada trece segundos. Día y noche. La mayoría de esos cohetes no se queman en fiestas patrias ni en celebraciones civiles, sino en el entorno de las iglesias: procesiones, fiestas patronales, misas y hasta sepelios. No sólo es un tema de contaminación auditiva y de alto riesgo de accidentes. Hay cosas más complejas.
Primeramente, detrás de esa cifra hay una industria artesanal que da sustento a miles de familias. En segundo lugar, la práctica de la pirotecnia festiva tiene al menos unos doscientos años. Pero, en tercer lugar, en todo ese tiempo hay una larga lista de explosiones, quemaduras e intoxicaciones a lo largo y ancho del territorio estatal. La pregunta, entonces, no es solo técnica ni de seguridad pública. Es cultural, económica y profundamente psicológica: ¿prohibir, restringir o dejar las cosas como están?
El tema ha cobrado relevancia dada la gravedad de los accidentes, que tan sólo el mes pasado dejaron una docena de personas muertas y muchos heridos en Temascalcingo. Prohibir de golpe sería un error. No porque los riesgos no existan —existen y son graves—, sino porque una prohibición absoluta chocaría de frente con la identidad colectiva de comunidades enteras. En Tultepec, considerada la capital nacional de la pirotecnia, alrededor del 65 por ciento de la población está vinculada de alguna forma a esta actividad. Para muchas familias no se trata solo de un empleo: es el oficio que aprendieron de sus padres y abuelos, el que les da prestigio local y el que marca el ritmo de la vida comunitaria.
Ver: El olor a pólvora de Tultepec
Pude sostenerse que todas aquellas prácticas que se convierten en marcadores de identidad resisten con particular fuerza cualquier intento de eliminación externa. Cuando algo forma parte del “quiénes somos”, la amenaza de perderlo genera defensa, no obediencia. Una prohibición total probablemente empujaría la actividad hacia la clandestinidad, aumentaría los talleres irregulares (que ya concentran cuatro de cada diez accidentes) y convertiría a los artesanos en infractores en lugar de interlocutores.
Tampoco parece realista ni deseable no hacer nada. El Estado de México concentra el 30 por ciento de los accidentes nacionales con pirotecnia. Es fácil recordar la tragedia de 2016 en el mercado de San Pablito, donde murieron 42 personas. No fue un episodio aislado sino la expresión más visible de un problema estructural: procesos sin normas y procedimientos estrictos, manipulación de sustancias químicas sin control estandarizado, presencia de menores en zonas de riesgo, y una percepción colectiva del peligro que se ha ido normalizando con el tiempo.
La opción más razonable, y también la más compleja, es restringir de manera inteligente, gradual y culturalmente sensible.
Hay que decirlo como es: cuando el riesgo se vuelve cotidiano, deja de sentirse como amenaza. Para la mayoría de los mexiquenses, los cohetes son como el ruido de fondo de la vida. Sí, claro, esa normalización es peligrosa. Además, el calor extremo y los cambios climáticos —cada vez más frecuentes— elevan el potencial de explosiones, incendios y accidentes con fatales consecuencias. Ignorar la magnitud del fenómeno sería una forma de negligencia institucional y social.
La opción más razonable, y también la más compleja, es restringir de manera inteligente, gradual y culturalmente sensible. Restringir no significa asfixiar la tradición hasta hacerla desaparecer, sino poner límites claros allí donde el riesgo es inaceptable y, al mismo tiempo, abrir caminos para que la práctica evolucione sin perder su significado.
¿Qué podría significar una restricción inteligente? En primer lugar, diferenciar usos. No es lo mismo un cohete lanzado en una procesión controlada por una mayordomía con permisos y medidas de seguridad que la venta libre y el uso indiscriminado en calles, mercados o celebraciones privadas. Se puede avanzar hacia un sistema de autorizaciones más estricto para eventos masivos, con zonas delimitadas, horarios definidos y supervisión real de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional. En segundo lugar, sigue siendo indispensable fortalecer la formalización de los talleres. Más de 500 artesanos trabajan sin capacitación ni permisos adecuados. Aquí no basta con multar: se requiere acompañamiento técnico, programas de profesionalización y apoyo económico para que los productores puedan cumplir normas de seguridad sin que eso signifique la quiebra de sus negocios familiares. Igualmente, hay que proteger a los más vulnerables. La prohibición de menores y mujeres embarazadas en zonas de manipulación no puede seguir siendo solo un lineamiento en el papel. Su cumplimiento debe ser exigido y verificado.
Pero la restricción por sí sola no resolverá el problema si no se atienden las dimensiones simbólica y económica del fenómeno. La pirotecnia no es solo pólvora: es un ritual de pertenencia, una forma de marcar el tiempo sagrado y, en algunas comunidades, incluso un intento de control simbólico sobre la naturaleza (como la costumbre de “desintegrar nubes” cuando se advierte que viene una tormenta). Cualquier política que ignore este significado está condenada a generar resistencia. Por eso es necesario construir alternativas que no se sientan como una imposición externa sino como una evolución propia. ¿Es posible imaginar fiestas patronales con menos volumen de cohetes, pero con mayor calidad espectacular? ¿Se pueden desarrollar productos pirotécnicos de menor riesgo que preserven el color, el ruido y la emoción colectiva? ¿Pueden las propias mayordomías y las parroquias convertirse en aliadas de una transición hacia prácticas más seguras, en lugar de ser vistas solo como consumidoras? Estas son preguntas que deben formularse y encontrar respuestas colectivas consensuadas.
No se trata de convertir a Tultepec o a Zumpango en zonas de sacrificio cultural ni de pretender que la tradición desaparezca de un día para otro.
También hay una cuestión de justicia intergeneracional. Los niños y adolescentes que hoy crecen en los municipios dedicados a la pirotecnia heredan no solo un oficio, sino un entorno de riesgo normalizado. Ofrecerles formación en oficios alternativos, educación ambiental y oportunidades económicas fuera de la pirotecnia no es atacar la tradición: es ampliar el abanico de futuros posibles. Una comunidad que solo puede ofrecer a sus jóvenes el mismo riesgo que vivieron sus abuelos está fallando en su responsabilidad de cuidar el futuro.
Entonces, si el Estado de México produce el 60 por ciento de la pirotecnia nacional, podemos decir que esa concentración le otorga un peso especial, pero también una responsabilidad mayor. No se trata de convertir a Tultepec o a Zumpango en zonas de sacrificio cultural ni de pretender que la tradición desaparezca de un día para otro. Se trata de inculcar la idea de que la fe no necesita volumen excesivo de pólvora para ser auténtica, y que el orgullo de un oficio no debería costar vidas.
Prohibir de manera absoluta sería una forma de violencia simbólica. No hacer nada sería una forma de abandono. Restringir con inteligencia, acompañamiento y respeto por el significado colectivo es el camino más difícil, pero también el único que tiene posibilidades reales de funcionar.
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