Un grupo muy numeroso de padres de familia inconformes y enojados, dijeron el viernes diez de noviembre, que no están de acuerdo con el regreso a clases de sus hijos, quienes estudian en la escuela primaria Ignacio Ramírez ubicada en el Municipio La Paz, Estado de México, al no contar con garantías de seguridad para la integridad física de alumnos y maestros, incluso hicieron saber que se están organizando para tomar las calles y manifestarse en contra de la orden de apertura girada por el supervisor escolar José Luis Arrieta Cabrera, lo que consideran una irresponsabilidad que pone en peligro a quienes asisten a esa escuela.
“No es posible que ignoren que puede pasar algo grave, acaso no se da cuenta el supervisor que el temblor dejo 12 salones con grietas en paredes y columnas, además hay dos salones con daños totales, están inservibles, hay trece salones que se ven regular pero solo la mitad de los estudiantes puede estar en ellos…”, señala el señor Miguel, que tiene a su hijo en cuarto grado.
“El municipio entrego un dictamen ocular, el IMIFE en su revisión con perito encontraron muy mal la escuela, dijeron que los alumnos y los profes no pueden ingresar por los daños, además deben presentar el dictamen ya que por los daños sufridos, dijeron que se debían colocar aulas provisionales que se harían por indicaciones del secretario de educación, pero no hay nada, es un engaño, como los vamos a arriesgar…” dice muy molesto don Pedro, padre de un alumno de sexto grado.
“Mire usted, el supervisor escolar ha presionado, exigido al director escolar que reanude clases pero no hace nada para acelerar el dictamen y contar con las aulas provisionales prometidas, hace dos semanas ordenó al director que debía abrir la escuela, que además era la orden de la subdirectora regional, una tal María del Refugio Martínez Chávez, aquí anoté su nombre, vea por favor, él se escuda en una mujer que ni conocemos…” asegura el señor Martín.
Efectivamente la orden fue girada, sin embargo el director decidió no abrir porque no había un dictamen que especificara las condiciones de la escuela e indicó al supervisor de la decisión, respaldado en la determinación de los padres de familia, con quienes mantiene reuniones semanales y ellos decidieron esperar la entrega del documento.
La escuela se mantuvo cerrada hasta el 7 de noviembre de 2017, la comunicación hasta ese día con los padres de familia se centró en las actividades de aprendizaje que trabajarían los alumnos durante la semana e informaba respecto a los avances para la obtención del dictamen que no llega.
Finalmente el 8 de noviembre de 2017 se reanudaron clases, ordenado y obligado por el supervisor de la zona escolar P187 José Luis Arrieta Cabrera y la Subdirectora Regional de Educación Básica Nezahualcóyotl María del Refugio Martínez Chávez, se asegura que entregaron un oficio de parte de su Área Jurídica al director escolar, indicando que debía abrir la escuela, de no hacerlo incumpliría con el artículo 130 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes, en consulta del artículo, mandata “desempeñar sus labores con la eficacia apropiada, sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos”, desobedecer significaría una rescisión laboral para quien no acatara el mandato escrito.
Se dice que ese mismo día se presentó un personaje quien dijo ser representante de gobernación estatal, exigiendo respuestas al por qué solo se estaban presentando la mitad de los alumnos, sin considerar que la escuela atiende 26 grupos y únicamente pueden utilizar 13 salones ─12 aulas están dañadas y dos fuera de uso─, por tanto materialmente es imposible atender a todos, un día asiste la mitad de grupos, al otro el restante, se van turnando, lo que parece incomprensible para el cuestionador sujeto, quien mostro su identificación de lejos, aseverando molesto que era una irregularidad porque todos los alumnos ya tenían que estar recibiendo clases y que iba entregar el reporte a las autoridades correspondientes, sin que hasta la fecha se tenga razón alguna del tema.
Vía telefónica dijeron a quien esto escribe que al día 13 de noviembre de 2017, la escuela no tiene el dictamen y la subdirección regional ordena la integración de documentos que especifiquen que “velarán y cumplirán con el principio rector del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. En tal sentido y con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los menores inscritos en el plantel, así como del personal que presta sus servicios y de la comunidad escolar en general”, lo cual constituye una verdadera contradicción a la apertura ordenada sin aulas provisionales que garanticen la atención de todos los grupos.
Por estas razones los padres de familia están inconformes, la supervisión y subdirección regional al parecer no les preocupó la integridad física de los alumnos y docentes, así como la atención turnada de los grupos ante la imposibilidad áulica de la escuela.
Otro problema para la Subsecretaría de Educación Básica y Normal estatal, quedamos pendientes de la actuación al respecto.
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