Almoloya de Juárez; 28 de marzo de 2019. La última audiencia de desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía, a propósito del caso de los comuneros presos de Salazar: Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis, se llevó a cabo hoy en el juzgado cuarto de la Torre de Juzgados de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de la Ciudad de Toluca en Almoloya de Juárez.
Corresponderá ahora a la defensa presentar las evidencias que comprueben la inocencia de los presos acusados de privación de la libertad y robo con violencia.
Los antecedentes del caso señalan que ante la llegada de trabajadores para cercar algunos de los terrenos pertenecientes a los comuneros, el 30 de septiembre de 2016, los comuneros, en defensa de sus tierras, retuvieron a tres personas, una de ellas armada, para entregarlas a las autoridades federales por el conflicto agrario preexistente.
Casi un año después, el 31 de agosto de 2017, en la madrugada, se implementó un operativo para sacar de la comunidad, por la fuerza, a ocho habitantes de Salazar, quienes fueron acusados por dichas personas de robo con violencia y privación de la libertad; dos de ellos fueron acusados de lesiones, un año después fueron liberados luego de pagar 220 mil pesos.
La acusación de robo con violencia habría existido -según se ha señalado– porque los acusados habrían despojado de sus teléfonos celulares al abogado que habría contratado a los trabajadores para cercar los terrenos y a su asistente; en esta audiencia se trató de comprobar la pertenencia de los teléfonos y la valuación de estos por parte de peritos.
Uno de los testigos presentados por la fiscalía fue un perito que llevó a cabo, por petición del Ministerio Público, la valuación de este bien en 10,827 pesos, valoración realizada con la copia simple de la factura y fotografías del dispositivo, sin poder establecer, explicó el abogado Gabriel Aldana, un valor intrínseco por no poder constatar las características físicas del teléfono, como lo establece el código nacional.
Otro testigo del área de investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, rindió testimonio de la inspección -también solicitada vía oficio por el Ministerio Público- a un video que la fiscalía presentó como prueba para acusar a los presos de privación de la libertad. No obstante, señaló no tener conocimientos en materia de video forense y no poder determinar si el video pudo, o no, haber sido editado.
En la siguiente audiencia, que se llevará a cabo la próxima semana, los abogados defensores, Alexander Becerril y Gabriel Aldana, deberán aportar los medios de prueba para desestimar los hechos que mantienen a los comuneros en prisión; explicaron que de no comprobarse el delito de robo con violencia, los comuneros podrían obtener su libertad.
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