El gobierno municipal de Valle de Bravo, encabezado por la alcaldesa Michelle Núñez Ponce, de Morena, enfrentará una investigación de carácter penal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de 40 millones 717 mil 575 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
La presidenta municipal, quien obtuvo la reelección para un segundo periodo constitucional, rechazó públicamente las observaciones y aseguró que su administración cuenta con elementos para acreditar la correcta aplicación de los recursos.
La denuncia deriva de la Auditoría No. 980 practicada por la ASF al ejercicio de recursos federales del FAISMUN, así como del Pliego de Observaciones 2024-D-15110-19-0980-06-001, en el que el órgano fiscalizador determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 40 millones 717 mil 575 pesos, al concluir que no fue posible acreditar documentalmente el ejercicio de la totalidad de los recursos revisados.
De acuerdo con el informe oficial, la auditoría comprendió diez obras de infraestructura ejecutadas con recursos federales. Durante la revisión, la ASF observó la falta o insuficiencia de documentación técnica, financiera y administrativa, entre ella expedientes de obra, procedimientos de contratación, documentación comprobatoria, evidencia de ejecución y otros elementos necesarios para acreditar el correcto destino del gasto público. Tras analizar la información presentada por el Ayuntamiento, el órgano fiscalizador concluyó que ésta no fue suficiente para solventar las observaciones y procedió a presentar la denuncia penal correspondiente.
La ASF informó que la denuncia forma parte de un paquete de 21 denuncias penales promovidas ante la FGR como resultado de auditorías practicadas a distintos entes públicos del país. En el caso de Valle de Bravo, corresponderá ahora al Ministerio Público Federal integrar la investigación, recabar pruebas e individualizar responsabilidades entre los servidores públicos que participaron en la autorización, administración, supervisión, contratación, ejecución y comprobación de los recursos observados.
Hasta el momento, la ASF no ha hecho públicos los nombres de los funcionarios denunciados. Sin embargo, por la naturaleza de sus atribuciones legales, la investigación podría comprender a los servidores públicos responsables de la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas, así como a quienes intervinieron en los procedimientos de contratación, autorización de pagos, supervisión y recepción de las obras financiadas con recursos federales.
La participación y responsabilidad de cada funcionario deberá ser determinada por la FGR conforme avance la investigación.
En caso de acreditarse conductas ilícitas, la investigación podría derivar en imputaciones por delitos previstos en el Código Penal Federal, entre ellos peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público o ejercicio abusivo de funciones, según los hechos que logre acreditar el Ministerio Público. De manera paralela, también podrían iniciarse procedimientos por faltas administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con sanciones que van desde multas e inhabilitación hasta destitución del cargo cuando así lo determine la autoridad competente.
Horas después de que trascendiera la información, Michelle Núñez difundió un posicionamiento en sus redes sociales en el que rechazó las observaciones de la ASF y sostuvo que su administración ha actuado con apego a la legalidad. La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento cuenta con la documentación necesaria para demostrar el correcto ejercicio de los recursos públicos y aseguró que atenderá los requerimientos de las autoridades competentes.
La presentación de la denuncia penal no constituye una sentencia ni implica, por sí misma, responsabilidad penal para la presidenta municipal o para algún integrante de su administración. Será la Fiscalía General de la República la que determine, a partir de la investigación, si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra los servidores públicos que resulten involucrados.
No obstante, el caso representa uno de los expedientes más sensibles para un gobierno municipal de Morena en el Estado de México. Michelle Núñez enfrenta el desafío jurídico y político más importante desde que asumió la presidencia municipal y logró su reelección. Más allá del desenlace judicial, la investigación coloca a su administración bajo un intenso escrutinio público y añade presión al discurso de combate a la corrupción que ha sostenido el partido gobernante.
Si la investigación deriva en imputaciones o procesos penales contra funcionarios de su gobierno, las repercusiones podrían trascender el ámbito municipal y convertirse en un factor de desgaste político para Morena de cara al proceso electoral de 2027.
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