- La mina de oro electoral
- Paternidades y ADN electoral
- La autonomía no es impunidad
- La mayoría también obliga
- Toluca, las heridas del poder
La mina de oro electoral
Casi dos mil millones de dólares. Esa es la dimensión de la mina de oro que ha administrado el Instituto Electoral del Estado de México durante un cuarto de siglo: más de 35 mil 515 millones de pesos en asignaciones presupuestales originales entre 2000 y 2025. Una formidable concentración de recursos públicos donde coexisten el financiamiento de los partidos, el sostenimiento de una burocracia permanente y un gigantesco mercado de bienes y servicios. La cuestión de fondo no es cuánto cuesta la democracia, sino quién administra su costo y quién vigila a quienes disponen del dinero. Las observaciones de auditoría y las debilidades de los mecanismos de contratación ponen al descubierto un problema estructural: controles insuficientes frente a una maquinaria presupuestal de semejantes proporciones. La autonomía electoral, concebida para proteger las elecciones de las intromisiones del poder político, no puede servir de coartada para eludir la vigilancia sobre el dinero público. Donde abundan los recursos y flaquean los controles, encuentran terreno fértil el favoritismo, los intermediarios y los coyotes electorales. Tanta miel exige vigilar el panal, no confiar en la buena voluntad de las abejas.
Paternidades y ADN electoral
En política, las fechas también sirven para establecer paternidades. La composición del Consejo General del IEEM tiene una genealogía precisa que conviene conocer antes de repartir responsabilidades o fabricar parentescos políticos. Amalia Pulido, presidenta del instituto desde julio de 2022, fue designada por el INE cuando lo encabezaba Lorenzo Córdova, lo mismo que las consejeras Paula Melgarejo, Patricia Lozano y Karina Vaquera, nombradas en 2020. Las otras tres, July Érika Armenta, Sayonara Flores y Flor Angelí Vieyra, llegaron en 2024, durante la presidencia de Guadalupe Taddei. Por su parte, Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo y figura de prolongada permanencia administrativa, tiene sus raíces institucionales en el viejo régimen priista mexiquense. El IEEM es una herencia, no una creación de Morena ni de la Cuarta Transformación. La narrativa opositora que pretende situar el nacimiento de la corrupción electoral en el cambio de régimen tropieza con la historia: los escándalos, las contrataciones controvertidas y las deficiencias de vigilancia tienen antecedentes de décadas. La corrupción no llegó con la alternancia; los problemas que hoy se denuncian ya estaban ahí. Lo que ha cambiado es su exposición pública y el escrutinio sobre una estructura que sobrevivió intacta en buena parte de su arquitectura administrativa. La alternancia no la inventó, pero tampoco la exime de corregirla. La historia tiene memoria, aunque la propaganda prefiera la amnesia.
La autonomía no es impunidad
El poder que no admite vigilancia termina por confundirse con el privilegio. La autonomía del Instituto Electoral del Estado de México nació para proteger la voluntad ciudadana de las intromisiones del gobierno, no para sustraer la administración de miles de millones de pesos al escrutinio público. Hay una contradicción de fondo: una institución encargada de garantizar la legitimidad democrática no puede permitirse procedimientos administrativos cuya transparencia resulte insuficiente. La autonomía es una garantía de independencia, no una dispensa de rendición de cuentas. Las observaciones del OSFEM sobre las debilidades de los mecanismos de contratación hacen necesaria una reforma que establezca controles externos efectivos, publicidad íntegra de las adquisiciones, estudios de mercado verificables, identificación de los beneficiarios finales de las empresas proveedoras y vigilancia ciudadana. No basta con saber cuánto se gastó; hay que conocer quién decidió, por qué eligió a determinado proveedor, quién se benefició y quién respondió por los resultados. Ninguna autoridad puede erigirse en juez exclusivo de la legalidad de sus propios actos. La independencia sin responsabilidad degenera en discrecionalidad; la opacidad deja el dinero público a merced de intereses privados. El IEEM necesita más autonomía frente al poder político y menos autonomía frente al control ciudadano.
La mayoría también obliga
La legitimidad de una mayoría no se agota en contar votos; se acredita en el ejercicio responsable del poder que esos votos confieren. Morena y sus aliados disponen en el Congreso mexiquense de la fuerza parlamentaria necesaria para impulsar una reforma que someta las contrataciones del IEEM a controles administrativos más rigurosos, sin comprometer su independencia electoral. La ciudadanía no les entregó una mayoría para administrar inercias, sino para representar sus intereses y transformar las instituciones. El problema tiene una dimensión jurídica, pero también filosófica: la representación democrática entraña una obligación fiduciaria, porque el poder se ejerce por cuenta de otros y los recursos públicos pertenecen a todos. Desde esa perspectiva, tolerar mecanismos deficientes de vigilancia cuando existen facultades para corregirlos plantea una responsabilidad política que no puede eludirse invocando la autonomía del instituto. El Congreso puede legislar para exigir mayor transparencia, competencia entre proveedores, controles preventivos, auditorías y responsabilidades administrativas, respetando las competencias constitucionales del organismo electoral. No se trata de someter al IEEM al gobierno, sino de someter la administración de su presupuesto a reglas más exigentes. Heredar una institución explica su origen; conservar intactas sus deficiencias compromete a quienes hoy pueden reformarla.
Toluca, las heridas del poder
Las ciudades también tienen memoria, aunque sus gobernantes prefieran el olvido. Buena parte de los problemas estructurales que padece Toluca no surgieron de la noche a la mañana ni pueden explicarse por una sola administración. Son el resultado acumulado de décadas de decisiones equivocadas, omisiones, improvisación y prácticas patrimonialistas del poder municipal. El prolongado predominio del PRI y las administraciones del PRI-PAN forman parte de una historia cuyos resultados están inscritos en el deterioro urbano. Raymundo Martínez Carbajal representa las antípodas de lo que debe ser un servidor público: su gobierno terminó entre acusaciones penales, una orden de aprehensión, su huida y una crisis institucional que exhibió hasta dónde puede degradarse el ejercicio del poder. Pero el deterioro de Toluca es anterior y más profundo: infraestructura envejecida, servicios públicos deficientes, problemas de movilidad y rezagos urbanos que sucesivas administraciones fueron incapaces de resolver. El daño estructural no se mide solamente por lo que un gobierno hizo mal, sino por aquello que dejó de hacer durante años. La memoria pública exige distinguir responsabilidades, contrastar promesas con resultados y examinar los antecedentes de quienes aspiran a gobernar. Porque el olvido político también tiene consecuencias: permite que quienes participaron en el deterioro de una ciudad regresen a ofrecerse como sus salvadores.
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