El Partido del Trabajo propuso reformas a Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para garantizar la libre asociación sindical, armonizar la norma estatal con la federal y acabar con el charrismo sindical.
La comisión de Trabajo se encargará de analizar la propuesta del diputado Luis Antonio Guadarrama, para que los servidores públicos tengan opciones de representación con más de un sindicato, tanto de burócratas como magisteriales y sus dirigentes estén obligados a rendir cuentas. Si un sindicato cumple con todos los requisitos legales no se le podría negar el registro sindical.
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En la exposición de la iniciativa, el legislador subrayó que ahora si los servidores públicos podrán elegir de manera directa, libre y secreta a sus directivas sindicales y estarán facultados para aprobar de la misma forma las relaciones colectivas de trabajo, para que nadie les imponga a personas afines al gobierno en turno, ni se firmen contratos a espaldas de los trabajadores.
“El gobierno siempre ha contado con dirigencias a modo, de tal manera que no tenían de qué preocuparse ya que el control político sobre ellas era absoluto, o mejor dicho todavía sigue siendo una constante”, afirmó y añadió que los líderes fueron incapaces de defender los derechos de los trabajadores.
También, consideró necesario terminar con la “perversa discrecionalidad” de las autoridades en el otorgamiento de registros sindicales y de la llamada toma de nota, con lo cual frenaban la existencia de nuevas organizaciones sindicales y protegían a la existente.
Con los ajustes a varios de sus articulados, a ningún servidor público se le podrá obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o permanecer en el mismo, pues una vez que entra tiene prohibido salirse, aun cuando no esté de acuerdo con el proceder de la administración sindical.
Por disposición federal, se debe garantizar la representación proporcional en razón de género en la integración de las dirigencias sindicales, un aspecto que no se ha ajustado en la ley y ya debió considerarse desde el año pasado.
Prevé que un dirigente se reelija por una sola ocasión, pero a través del voto directo y secreto, sin poder volver a ocupar ningún cargo sindical en el futuro para que no se eternice en el poder, ni pacte con el nuevo dirigente a cambio de una cartera.
“Los servidores públicos necesitan sindicatos verdaderos que lo defiendan y no corruptos que estén en el poder amasando fortunas” subrayó el coordinador de la bancada del PT.
Los cambios a la norma obedecen a la cancelación de la Reforma Educativa, con la cual se abrogó la Ley General del Servicio Profesional Docente y por lo tanto quedaron sin efecto varios actos y esos términos deben ser eliminados o sustituidos por otros.
Actualmente la ley señala que se reconoce a un solo sindicato de burócratas y uno magisterial, pero la idea es ajustar la redacción y para señalar la posibilidad de que puedan existir varios sindicatos y tengan el respaldo de los trabajadores.
Puntualiza que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido; para imponer sanciones debe darse garantía de audiencia y debido proceso, aunado a que la directiva debe rendir cuentas detalladas de la administración de su patrimonio sindical cada seis meses.
El registro del sindicato podría cancelarse cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de las instituciones o dependencias exigiendo dinero o beneficios para desistir de emplazamiento a huelga o alguna otra actividad.
Prohibiría a los sindicatos hacer propaganda de carácter religioso, ejercer el comercio con fines de lucro, usar violencia contra los servidores públicos para obligarlos a que se sumen o dejen un sindicato o voten a favor o en contra, ejercer acoso u hostigamiento sexual, participar en esquemas de evasión de contribuciones y obstaculizar la participación de los servidores en sindicatos o directivas.
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