La constitución mexicana señala que mientras no exista una sentencia definitiva, las personas privadas de su libertad (PPL) no pierden sus derechos político-electorales. Pueden participar en las elecciones, explicó el abogado Francisco Burgoa Perea, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Una forma de suspender estos derechos o prerrogativas de los ciudadanos es por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de forma de prisión. Es decir, estamos hablando de que una persona que se encuentra sujeta a un proceso penal y aunque aún no se dicta sentencia, pero que ya fue vinculada a proceso, no se les debería de considerar como que se le han suspendido sus derechos político-electorales”, declaró en entrevista con AD Noticias.
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¿Qué son los derechos político-electorales?
Burgoa Perea explicó que los derechos político-electorales consisten en el derecho a votar, conocido también como voto activo. También, en la posibilidad de ser postulados a un cargo de elección popular, que es el voto pasivo. Además, poder participar en aquellos instrumentos de participación ciudadana como lo es la consulta popular, la revocación de mandato y el derecho de poder asociación libre.
Los criterios para la suspensión de estos derechos se encuentran en el artículo 38 de la Constitución mexicana, que no ha sido reformado desde su redacción en 1917.
Al respecto, el académico comentó que a la fecha hay iniciativas de reforma de este artículo tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, para privilegiar la presunción de inocencia.
Más de 90 mil personas no tienen sentencia
Burgoa Perea refirió la reciente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la prisión preventiva. El ministro Luis María Aguilar comentó que en el país existen más de 90 mil personas que se encuentran en prisión preventiva en el país.
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) a implementar la prueba piloto en el 2021. Esta se debe aplicar de manera paulatina y progresiva antes del año 2024, para que las personas en situación de prisión preventiva puedan votar.
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“El hecho de que se haya emitido este tipo de decisiones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un paso importante para garantizar esos derechos políticos electorales de esas personas privadas de su libertad. Pero sobre todo que se debe de anteponer su derecho a que se presuma su inocencia”, señaló el catedrático.
Francisco Burgoa celebró que la implementación del programa se lleve a cabo de manera gradual. Consideró que primero se debe conocer el interés de las personas recluidas para participar en las elecciones.
Sufragio en prisión debe ser seguro y libre
Asimismo, el INE tendrá que garantizar que hacer efectivo el sufragio desde el interior de una cárcel sea de manera segura y libre.
“El que puedan emitir su voto en una urna dentro de una cárcel, todo siguiendo distintas medidas de seguridad. Le corresponderá al Instituto Nacional Electoral el que pueda llevar a cabo esta implementación de forma, total y digo de forma total, porque como actualmente la Constitución no lo da esa posibilidad y por eso mismo se han presentado varias iniciativas”, apuntó.
Sobre las críticas que pudieran surgir sobre los costos de estos proyectos y los resultados cuantitativos que se obtengan, Francisco Burgo enfatizó en que los derechos son para todos y sería discriminatorio el no contemplar a esta población.
Añadió que aunque de principio el número de posibles votantes en cárceles no sea muy grande, a nivel estatal o municipal su participación sí puede ser significativa en los resultados de una elección.
Casi 11 mil PPL podrán votar en 2023
El pasado 23 de agosto, el secretario de seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis-Wogau informó que en las elecciones del próximo año para renovar gubernatura participarán en dichos programas piloto los 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS). Estimó que podrían participar cerca de 11 mil personas privadas de la libertad.
En el proceso electoral 2020-2021 fue la primera vez que el INE implementó este programa en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán), para la elección de diputados federales.
En este primer ejercicio se inscribieron para votar 950 ppl, de los cuales votaron 898 (141 mujeres y 757 hombres) lo cual representa que participaron el 94.53 por ciento.