Toluca, Estado de México. 4 de abril de 2019.- El objetivo no era crear polémica, sino combatir la corrupción en ese rubro. Sin embargo, el recorte de más de 50 por ciento al presupuesto designado a estancias infantiles dividió a la sociedad. En el Estado de México al menos se registraron 211 amparos contra esa medida del gobierno federal.
De acuerdo al censo efectuado por la Secretaría de Bienestar entre el 1 y el 17 de marzo, varias fueron las irregularidades detectadas en el padrón del otrora Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que a partir de este miércoles es sustituido porel Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños de Madres Trabajadoras, puesto en marcha por el actual gobierno.
Domicilios inexistentes, cambios de domicilio no reportados, estancias sin funcionar desde 2018 y, sobre todo, el registro de 97 mil 180 infantes que no fueron localizados y a los que se ha etiquetado como “niños fantasmas”, son algunas de las anomalías que se descubrieron durante el levantamiento del censo.
En Toluca por ejemplo, se encontró que 35 madres de familias de 600 registradas en el padrón de estancias infantiles del municipio, dieron como su dirección el Palacio de Gobierno y otras 293 no proporcionaron domicilio alguno, según denunció en su momento el diputado local Max Agustín Correa Hernández, del grupo parlamentario de Morena.
A través de la creación del Frente Nacional por la Niñez, legisladores opositores al gobierno (PRI, PAN, PRD y MC) exigen a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, que demuestre con hechos la inexistencia de esos menores que formaban parte del programa anterior de estancias infantiles.
Sobre este asunto, Guadalupe Olivia Murillo Elizondo, de la estancia infantil “Jardín de Jazmín”, ubicada en el municipio de Ecatepec, denunció –sin poder aportar pruebas- que el censo se aplicó “mañosamente”, ya que hubo madres trabajadoras a las que no se les permitió dar su información, ya que les daban un tiempo determinado para responder la encuesta y muchas de ellas no podían acudir porque se encontraban laborando.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre el 2007 y el 2018, revelan que el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras benefició a más de 2.13 millones de madres y padres trabajadores y atendió a más de 2.5 millones de niñas y niños mexicanos.
De acuerdo a un diagnóstico efectuado por el Grupo Parlamentario del PAN en la LX Legislatura del Estado de México, en la entidad “se encuentran el mayor número de estancias infantiles, con mil 169 estancias, donde se atienden a 38 mil 852 niños y niñas mexiquenses”, con las cuales se han beneficiado a más de 37 mil madres y padres trabajadores.
En el mismo reporte se informa que de los 4 mil 70 millones de pesos que ejerció ese programa el año pasado, 393.3 millones de pesos se destinaron a las estancias infantiles de la entidad, que con el recorte de más 50 por ciento del presupuesto se vieron afectadas, al quedar en aproximadamente 162.7 millones de pesos.
Tal situación ha generado malestar y preocupación tanto del personal que labora en las estancias infantiles, como de las madres y padres de familia que, en la mayoría de los casos, no saben qué van a hacer con sus hijos, pese a que el nuevo programa del gobierno federal entregará directamente mil 600 pesos bimensuales en beneficio de 213 mil 437 infantes. Además a niños y niñas con discapacidad se les apoyará con 3 mil 600 pesos.
Al menos en el Estado de México, diez municipios de la zona oriente, entre ellos Nezahualcóyotl –en donde ya cerraron 90 estancias infantiles- Técamac, Ixtapaluca, Chicoloapan y Tlalmanalco, así como del Valle de Toluca interpusieron 128 y 83 amparos colectivos respectivamente, ante jueces federales en contra de las nuevas disposiciones del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A eso se suma las acciones emprendidas por diversos partidos políticos, como Acción Nacional, cuyos diputados locales acudieron recientemente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar su intervención ante esta situación, al considerar que se violentan los derechos de las niñas y niños, así como de las madres trabajadoras.
Además, luego de que fracasaron en un primer intento efectuado el 5 de marzo, el pasado martes lograron el consenso unánime de los demás legisladores –incluido Morena, cuyo coordinador Maurilio Hernández había desdeñado en un principio la propuesta- para solicitar al gobierno estatal y a los ayuntamientos para que “en la medida de lo posible, absorban la operación administrativa y financiera de las estancias infantiles pertenecientes al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.
Al mismo tiempo, exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue de manera exhaustiva las estancias infantiles de la entidad y verifique si existe desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros que maneja y que, de ser necesario, se realicen las acciones correspondientes.
Pero el tema no solo tiene que ver con los recursos, sino con lo más importante: los niños. ¿quién los cuidará mientras sus padres trabajan?