Las elecciones son parte de la política y, por ello, no pueden ser absolutamente “limpias”. La actividad política es la forma pacífica de dirimir los conflictos, pero siempre que haya conflictos las distintas partes involucradas buscarán sacar ventaja. Dejar en desventaja al contrario también será siempre un objetivo de quien se involucra en un conflicto. Del mismo modo que en una pelea (gestión no pacífica de dirimir un conflicto), en la arena política es necesario echar mano de todos los recursos de que se pueda para salir avante. Así se gana una pelea, una guerra o una elección.
Cuando los conflictos se encauzan por la vía pacífica, los objetivos no son distintos, lo que cambia son los medios para vencer a los contrincantes. Una vía pacífica para declarar a alguien vencedor en una disputa es el voto. Este tipo de ejercicios pueden llevarse a cabo en una familia para definir qué película ver (levantando la mano para que la mayoría decida), en una asamblea vecinal para decidir qué hacer con los problemas de basura, o en un Estado para elegir a sus gobernantes. En todos los casos hay posturas encontradas que buscarían una definición, así que operan para su causa.
Las decisiones colectivas comienzan a complicarse cuando los involucrados recelan uno de otro, cuando desconfían mutuamente. En esa circunstancia, cada acción emprendida por una de las partes va a influir en las de los otros. Es como en cualquier juego: dependiendo de la tirada o acción de mi oponente, yo ajusto lo que voy a hacer. Trátese de una partida de ajedrez, de un juego de cartas o de un simple gato, la tirada de mis oponentes influye en mis siguientes acciones.
Así es como debe verse la acción política. Y ésta no se restringe a las actividades electorales, más bien es una acción constante en la que el objetivo es estar en una mejor posición que el de enfrente. Todo lo que haga debe estar encaminado a conservar una posición ventajosa, porque ello no sólo garantiza mejores resultados en la disputa, sino que eleva las posibilidades de que mis contrincantes no salgan vencedores.
Hoy, cuando en algunos círculos de nuestro país se discute el tema de hacer reformas a nuestro sistema político-electoral, vale la pena detenerse a pensar el asunto. Hay que hacerlo de la forma más racional posible. Apartada de la lógica de cualquiera de las partes que están enfrentadas, porque la misma está impregnada de la desconfianza (y hasta la sospecha de traición) en la contraparte.
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Reforma electoral
Para realizar tal ejercicio reflexivo hay que empezar por definir el objeto de la disputa: se trata del control del aparato gubernamental. Esa disputa se volvió mucho más conflictiva que antes porque desde la elección federal del año 2018, quien se hizo con el control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo es una facción que nunca antes había estado en esa posición. Y la razón por la que nunca antes había estado ahí es porque había sido colocada en una posición de desventaja en la disputa. No obstante, sus acciones (emprendidas casi siempre en reacción a las tomadas por su contraparte) fueron ganándole una posición de ventaja gracias a un factor importante: encauzó y organizó el descontento de la mayoría de la población. Un descontento que tiene que ver con el desempeño de los gobiernos anteriores.
Vamos a decirlo de la siguiente manera: si el objeto de la disputa es el control del aparato gubernamental, la pelea tiene que ver con la vía instituida para acceder a él: el voto. Hacer que la gente vote por la opción X y no por las opciones Y o Z es el principal objetivo. Empero, hay objetivos secundarios que no dejan de ser importantes, como influir en la manera como se organizan las elecciones o los actores que pueden participar en ellas y quiénes las califican.
Breve repaso histórico
Históricamente, las elecciones en México han sido organizadas por entidades influidas por el gobierno. Así de simple, desde los tiempos en los que convocaba a elecciones la Secretaría de Gobernación hasta la creación del Instituto Federal Electoral y el hoy Instituto Nacional Electoral, el gobierno ha conservado mecanismos para influir en el organizador. Esa influencia no siempre ha sido determinante para definir a quién gana por obtener la mayoría de la votación. Es decir, si no hay más que un candidato a la presidencia (como en el año 1976 cuando el único candidato con registro oficial fue José López Portillo), pues no hace falta ejercer influencia a la hora de recibir y contar los votos.
En el año 1988 fue cuando por primera vez resultó necesario echar mano, de manera mucho más evidente, de tal influencia en el organismo electoral. A partir de entonces quedó claro para los actores políticos que la disputa seguía siendo por obtener el voto de la población, pero empezaba a ser mucho más relevante también mejorar la posición con respecto al organizador de las elecciones. La estrategia del gobierno fue diseñar una institución que organizara los comicios a la que los participantes (partidos y ciudadanía) vieran más o menos confiable. Para ello no sólo se echó mano de la figura de la ciudadanía (consejeros ciudadanos fue la figura acuñada inicialmente) sino de la negociación política. Los partidos acordaron elegir de manera compartida a los consejeros. Este diseño empezó a nivel federal y luego se replicó en las entidades federativas, creando institutos electorales estatales.
La figura de los consejeros ciudadanos fue caracterizada como un sitio a ser ocupado por gente sin filiación partidista, con excelente imagen pública y con conocimientos en materia política electoral. Sin embargo, quienes los elegían y nombraban pues eran los partidos políticos. El tiempo mostró que varios de esos consejeros ciudadanos también eran políticos. Ahí están los casos de Santiago Creel, Alonso Lujambio, Emilio Zebadúa, Juan Molinar Horcasitas, Virgilio Andrade y otros. En las entidades federativas ha ocurrido exactamente lo mismo.
Desde los años noventa y lo que va de este siglo, han sido varias las ocasiones en que la autoridad electoral ha sido modificada. Las reformas político-electorales son reflejo de como la disputa de los actores políticos se extendió hasta esa instancia. Pues las competencias eran mucho más cerradas y definir reglas, tiempos, financiamiento, acopio y conteo de votos era estratégicamente muy importante. También debido a ello fue que se crearon los Tribunales Electorales (Federal y Estatales).
Es de esta manera como llegamos al día de hoy, cuando varios actores políticos (de manera principal, pero no exclusiva el Ejecutivo Federal) han propuesto modificaciones a las reglas electorales y al Instituto Nacional Electoral. Se trata de un nuevo episodio en la disputa por conseguir una posición de ventaja por parte de los actores políticos. Aquellos que hoy están en el sitio menos ventajoso, vaya, en la oposición, han emprendido una lucha por evitar que el árbitro electoral deje de tener las características que ellos le dieron (incluidas las personas a las que ellos nombraron como funcionarios y consejeros). Precisamente porque eso significa posiciones de desventaja en la competencia. En el mismo sentido, la propuesta de reforma electoral hecha por quienes hoy tienen la posición más favorable debe entenderse en el sentido de la disputa. Como ya lo hemos dicho.
La importancia de la oposición
El papel de la oposición siempre será moderar las condiciones de ventaja que tienen quien ejerce el gobierno. Debe hacerlo por la vía legal, pacífica y racional. Toda limitación en el ejercicio del poder es buena. De hecho, la fuerza política que hoy hace gobierno en México moderó por décadas los excesos de quienes estaban en control del aparato gubernamental. A fuerza de movilizaciones, protestas y presión política en general le “arrancaron” al sistema muchas de las libertades y derechos que hoy se tienen. Y esos que hoy se vieron obligados a salir a la calle e intentar hacer presión están aprendiendo a jugar el papel de opositores. A todo el país le conviene que asuman pronto su papel y lo ejecuten eficazmente.
La ciudadanía también juega un papel muy importante, porque es ella la que respalda (o no) una acción gubernamental. Es ella la que se hace eco (o no) de las luchas de la oposición. Es ella la que termina yendo a las urnas a elegir gobernantes y representantes. Como lo ha mostrado la teoría de juegos, la situación ideal es la del “Equilibrio de Nash”: cada jugador conoce y ha adoptado su mejor estrategia, y todos conocen las estrategias de los otros. Consecuentemente, cada jugador individual no gana nada modificando su estrategia mientras los otros mantengan las suyas. Así, cada jugador está ejecutando el mejor “movimiento” que puede dados los movimientos de los demás jugadores.