Los diputados mexiquenses aprobaron ajustes al calendario electoral para que el proceso electoral de 2027 inicie en septiembre de 2026, además de establecer que cada ayuntamiento solo podrá contar con una sindicatura y que ningún funcionario electoral podrá percibir un salario superior al de la gobernadora.
Estas disposiciones forman parte de las reformas a la Constitución local, al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal para armonizar la legislación estatal con el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en revisar estructuras, racionalizar el gasto público, combatir excesos y hacer más eficiente el sistema político-electoral.
Sin embargo, la prohibición de la reelección inmediata y del nepotismo electoral se aplicará hasta 2030, por lo que alcaldes y diputados todavía podrán buscar reelegirse una última vez en 2027. Asimismo, familiares directos de funcionarios en funciones, como hijos, esposos o parientes cercanos, aún podrán contender por los cargos que actualmente ocupan sus familiares.
Pendientes
La reforma impulsada por Morena, PVEM y PT también incluía propuestas para fortalecer la participación juvenil, entre ellas reservar 3 por ciento de candidaturas en ayuntamientos y diputaciones para jóvenes, así como destinar 3 por ciento del financiamiento público de los partidos políticos a impulsar su participación política.
No obstante, el presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, Samuel Ríos, señaló que estas medidas podrán considerarse únicamente como propuestas, ya que no tendrán carácter obligatorio.
El legislador también explicó que otras iniciativas presentadas por distintos diputados quedaron fuera de la armonización. Entre ellas, la propuesta de Ruth Salinas para impedir que personas vinculadas, investigadas o relacionadas con delincuencia organizada, narcotráfico o terrorismo puedan aspirar a cargos de elección popular.
Samuel Ríos indicó que ese tipo de planteamientos no formaban parte del paquete de armonización aprobado, aunque aseguró que en Morena serán “muy sigilosos” al momento de definir candidaturas.
En tanto, el eventual cambio de fecha de la elección judicial quedará pendiente para una futura reforma, una vez que el Congreso federal apruebe las modificaciones correspondientes.
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