La compañía brasileña Oderbrecht sobornó con 788 millones de dólares a funcionarios públicos en una docena de países de América Latina de 2001 hasta 2016, entre los que se encuentra México, según confesaron directivos de la constructora al Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016.
El silencio que ha prevalecido en México podría romperse en breve, ya que el primero de junio vence la reserva de confidencialidad que el Ministerio Público brasileño mantiene sobre el expediente de sobornos de Odebrecht, información que recabó a través de la firma de un acuerdo de lenidad con dicha empresa y su filial Braskem, más la colaboración de 78 personas involucradas en los sobornos.
Al vencerse la cláusula de reserva, nombres, hechos y fechas concretas sobre los sobornos de Odebrecht en México podrían conocerse. De cumplirse con los plazos, la información explotará justo antes de la jornada electoral del 4 de junio, fecha en que se disputará la gubernatura que tiene el padrón electoral más grande del país, el Estado de México con más de 11 millones de votantes.
La detención de Marcelo Odebrecht, en junio de 2015 por las autoridades brasileñas, prendió las alarmas y movilizó a las autoridades de diversos países, como Panamá y Perú, donde a la fecha sostienen investigaciones y han mandatado ordenes de aprehensión contra personajes involucrados con los sobornos, mientras en México ni el presidente Enrique Peña, ni el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, se han pronunciado por realizar alguna acción concreta, menos investigar las licitaciones de dos importantes obras que Odebrecht ganó entre 2010 y 2014 a Petróleos Mexicanos, como la construcción del gasoducto Los Ramones II fase norte y el complejo petroquímico Etileno XXI.
En esos mismos años los funcionarios mexicanos – cuyos nombres se desconocen públicamente, pero donde se habla con insistencia de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos y muy cercano a Peña Nieto – recibieron 10.5 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos, de acuerdo con la confesión que los directivos de Odebrecht hicieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El sigilo que guarda el gobierno frente a la corrupción de Odebrecht abona a la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia la administración de Enrique Peña Nieto, cuya aprobación alcanzó su nivel más bajo en enero de 2017, con sólo un 12%, de acuerdo con la encuesta realizada por el diario Reforma tras el primer aumento al precio de la gasolina del año.
Al abrirse la indagatoria, con nombres y cargos de funcionarios y ex funcionarios, se calcula que ello podría tener efectos negativos para alguno de los partidos que se juegan el Estado de México.
Si se da a conocer que el problema deriva de la “promesa de soborno” que viene desde el 2010, con la asignación a Odebrecht del gasoducto Los Ramones fase II, durante la administración de Felipe Calderón, el efecto negativo, en términos mediáticos, sería para la candidata panista, Josefina Vázquez Mota.
Si, por el contrario, se trata del contrato por mil 500 millones de pesos firmado en 2014 para el complejo petroquímico Etileno XXI, ello implicaría en forma directa al gobierno de Peña Nieto y, por ende, afectaría al candidato priísta Alfredo del Mazo Maza.
Se infiere que, si la revelación atañe a la administración calderonista, se dé a conocer el día 3, horas antes de los comicios, pero, por el contrario, si las indagatorias apuntan a personajes vinculados al PRI, ha cobrado fuerza la hipótesis de que las autoridades mexicanas buscarían que la revelación se diera pasada la elección, para no afectar a su candidato a la gubernatura.
Mientras se especula sobre los hechos y los dichos, el Comité de Transparencia de Pemex Transformación determinó el 13 de febrero firmar una reserva de tres años para que nadie pueda acceder al contrato de dicha licitación, bajo el argumento de que al hacerlo se entorpecerían las investigaciones para encontrar al culpable.
Una historia de corrupción
La corrupción, se ha visto, no es un tema prioritario para el gobierno federal, ni para la clase política. Muchos casos que han salido a la luz pública, dejan en claro que la realidad en México es cada vez más descorazonadora, con promesas presidenciales que han quedado en simples expresiones ante la ausencia de fuertes andamiajes legales y por la complicidad de las élites políticas.
Odebrecht es uno de los asuntos que más han mellado la credibilidad en el sistema político mexicano. La empresa brasileña generó un conglomerado en 28 países, para lo cual sobornó a funcionarios e intermediarios a fin de lograr contratos públicos de infraestructura y, de acuerdo con datos del Departamento de Estado norteamericano, desde 2001 y hasta 2016, la empresa brasileña abonó, según el pacto de culpabilidad que firmó con la dependencia norteamericana, 788 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 100 proyectos en 12 países, entre ellos México.
En el caso mexicano, la historia no inicia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino se amplía hasta la gestión de Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, fue en la actual administración cuando se dieron a conocer detalles que implican a personas del primer círculo del mandatario mexicano, como Emilio Ricardo Lozoya Austin, a quien el presidente designó en el 2012 como director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Lozoya Austin es considerada una persona de todas las confianzas del mandatario, a grado tal que, de enero a noviembre de 2012 trabajó en la campaña del entonces candidato presidencial y, posteriormente, fue parte del equipo de transición del presidente electo como encargado de asuntos internacionales.
La historia de Lozoya inicia como alumno de Pedro Aspe Armella, por cuya vía conoció a Luis Videgaray Caso, actual secretario de Relaciones Exteriores. Ahora, él y la administración peñista se encuentran bajo escrutinio internacional por las investigaciones relacionadas con los actos de corrupción aceptados por Odebrecht ante tribunales estadounidenses que implican la entrega de 10.5 millones de dólares, como sobornos, entre 2010 y 2014 a altos funcionarios de Petróleos Mexicanos, lapso en el cual hubo dos directores generales de Pemex: Juan José Suárez Coppel, durante la administración calderonista y el citado Lozoya Austin, quien había sido miembro del Consejo de Administración de la vertiente mexicana de OHL, empresa señalada como prototipo de corrupción entre particulares, españoles y mexicanos, y funcionarios y políticos del Estado de México.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer en sus revisiones del 2015, siendo Lozoya director de Pemex, “irregularidades” en el cumplimiento de contratos asignados por la empresa a Odebrecht en las refinerías de Tula y Salamanca; en la primera, hubo un “pago injustificado” de mil 200 millones de pesos y la firma brasileña utilizó a subcontratistas que incumplieron los trabajos, mientras que en la segunda se encontraron “irregularidades” por 822 mil dólares, correspondientes a pagos de personal supuestamente contratado por la empresa brasileña.
Cabe señalar que el presidente Peña Nieto recibió en privado al presidente de Odebrecht antes de que fueran asignados algunos contratos que actualmente están bajo investigación. Lozoya Austin fue retirado de la dirección general de Pemex el 8 de febrero de 2016, entre versiones de que se habían ahondado las diferencias con Videgaray Caso y, para suplir a Lozoya, Peña Nieto escogió a otro personaje en línea parecida: José Antonio González Anaya, concuño de Carlos Salinas de Gortari.
Un eslabón más
La revista brasileña Veja, acusó a Lozoya Austin de solicitar sobornos por 5 millones de dólares a Odebrecht para la obtención de contratos.
En el portal Web de la publicación se expone que “el denunciante, Hilberto Mascarenhas, director del Sector de Finanzas Estructuradas de Odebrecht, narró al fiscal haber recibido la solicitud del millonario Emilio Lozoya, ex presidente de la gigante Pemex” y que el encuentro entre Lozoya y la empresa brasileña tuvo lugar “en noviembre de 2014 y alcanzó la cifra nada tímida: voluminosos 5 millones”.
La revelación coincide con la publicación de Forbes en la que dio a conocer que el Consejo de Administración de Pemex autorizó investigar la gestión de su ex director general, Emilio Lozoya, por los contratos con la brasileña Odebrecht y Agro Nitrogenados.
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