Tras los hechos registrados en el municipio de Tlatlaya donde se acusa al Ejército Mexicano de haber fusilado a 22 personas, ha salido a la luz otro de caso de un presunto abuso contra un abogado en mayo de 2012.
De acuerdo con una nota publicada este lunes por el portal de noticias 24 HORAS, agentes ministeriales se apoyaron en un comando de 18 soldados provenientes del Campo Militar Número 1 para detener a un abogado que se encontraba descansando en su casa de Interlomas.
Oficialmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) niega que personal de sus unidades destacamentadas en la capital y zona metropolitana haya participado en los hechos. En la Procuraduría de Justicia Militar está abierta una averiguación por el caso.
Estos hechos constan en el expediente del proceso judicial 31/2012 iniciado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en el Estado de México en contra del abogado Gerardo Ortega Maya por el delito de violaciones a la ley federal de armas de fuego.
24 HORAS tuvo acceso a este expediente que está en integración, y en el cual se ha reunido y ratificado nueva evidencia en los últimos meses.
En dicho expediente el comandante adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Guadalupe Licona (quien también es oficial del Ejército Mexicano) declara y confirma la participación de soldados en la captura de Ortega Maya, bajo el argumento de que era una “persona muy peligrosa” y que se requería del apoyo castrense.
También reconoce que se trataba de una “orden de localización y presentación” del Ministerio Público, y no de una orden de aprehensión emitida por un juez.
La Sedena emitió dos informes por escrito, ratificados en julio pasado, en los que rechaza haber participado en los hechos y tener cualquier información al respecto.
Fotografías mostradas por la defensa de Ortega evidencian que el domicilio además fue allanado y robado en el operativo, pese a que los ministeriales y militares no tenían orden de cateo.
En su declaración jurada del pasado 27 de marzo, ante el juez Bernardino Carmona, Guadalupe Licona refiere que en mayo de 2012 tenía el cargo de jefe de Departamento en la SEIDO y como tal estuvo al frente del despliegue para detener a Ortega en Huixquilucan.
Licona explica que la orden fue cumplimentada por dos agentes federales, pero que se apoyaron en una célula militar que él mismo coordinó.
“Mi participación en ese día de la cumplimentación de la orden fue acercar al personal militar que apoyó a mis compañeros (…) el Ministerio Público decide pedirle apoyo al personal militar y a mí se me menciona que debería verlos en inmediaciones del Campo Militar número 1”, señaló.
Se pidió el apoyo militar, apunta Licona, pues las investigaciones revelaban que Ortega era de “alto grado de peligrosidad”. La célula militar se movió de inmediaciones de un restaurante conocido como “El Caballo Bayo” hacia la calle de la casa del abogado (Parque de Asturias).
“Luego me percato que de la puerta de acceso al domicilio del señor Ortega Maya salieron volando dos elementos militares, posteriormente cuando termina el operativo les pregunté a mis compañeros (…) qué había pasado, porque salieron volando los militares cayendo de espaldas, y ellos me contestaron que el señor Ortega Maya los había golpeado y aventado”, añadió.
Además de esta declaración, la participación militar está asentada en el oficio de la detención de Ortega fechado el 4 de mayo del 2012. Cuestionado sobre quién iba al mando del contingente castrense, Licona dijo que “no pregunté”.
Oficialmente la Sedena niega haber participado en operación alguna para detener a Ortega. El oficio 15914 del Cuartel General de la 1ra Zona Militar, fechado el 16 de junio del 2012, y que forma parte del expediente judicial 31/2012, señala que no se tiene registro de dicha operación.
De acuerdo con la familia y defensa de Ortega Maya, los militares y la gente de SEIDO que participaron en el operativo allanaron y saquearon su domicilio, como lo demuestran varias fotografías a las que también tuvo acceso 24 HORAS, y que obran en un expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En las imágenes se aprecian varias de las puertas destrozadas por la forma en que fueron abiertas, así como cajones y muebles abiertos y un desorden generalizado. Una de las fotografías muestra estuches de relojes, anillos y otras joyas, todos abiertos y vacíos.
En su testimonio ante personal de Derechos Humanos tras su detención, Ortega dice que la puerta de su casa fue derribada con un mazo y que los militares saquearon el domicilio.
“No es cierto que a mi hermano lo detuvieron en la puerta, entraron a su casa y ahí lo sometieron y luego hicieron todos estos destrozos y robos. La prueba está en que lo acusan de tener armas por una carabina que estaba dentro de un clóset y que es del general Tomás Ángeles Dauahare. Ya tenemos una denuncia por este allanamiento también”, dijo Karina Ortega, hermana del abogado.
(Con información de Diario 24 horas)