Zumpango, México; 30 de mayo de 2019. Una a una, fueron formuladas más de cien preguntas por parte de pobladores de las comunidades que rodean el polígono donde se tiene previsto construir el aeropuerto de Santa Lucía.
La mayoría de los cuestionamientos, vertidos en la reunión pública de información sobre el proyecto de construcción del aeropuerto realizado en Zumpango y organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por intervención del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denotaban oposición.
Las dudas de los pobladores surgieron a partir de la exposición de los representantes del Ejército, (Agrupamiento de ingenieros Santa Lucía) y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes presentaron datos del proyecto y del análisis de impacto ambiental, previamente realizado por dichas dependencias.
En ausencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, el teniente coronel Luis Enrique Calderón Fernández, mencionó que el aeropuerto a construirse dará lugar, en principio, a 190 mil operaciones aéreas anuales para llegar a 750 mil en su etapa final.
Se dijo también que dentro del polígono que ocupa la base aérea militar se construirán tres pistas y se refirió a la construcción de una terminal multimodal, una central de combustibles y una terminal de carga.
Como una constante, la preocupación de los participantes se centró en el abastecimiento del agua, la zona donde se prevé la construcción, tiene un un fuerte desabasto del líquido y una sobreexplotacion de 800 por ciento. Según datos de Conagua, actualmente se explotan 750 mil litros al día para el abastecimiento del Estado de México, Hidalgo y una parte de la Ciudad de México; cuando el aeropuerto este construido se prevé un consumo de 6 millones de litros diarios.
Una por una, las preguntas fueron respondidas evasivamente, respecto al cuestionamiento de la consulta requerida en todas las comunidades, y no sólo en Jaltocán, se mencionó que debería solicitarse por los procedimientos y medios ya conocidos.
Las reiteradas respuestas de las autoridades que niegan que el agua de la zona no está comprometida hacían que los pobladores gritaran "¿por qué nos han venido a mentir? “, y se alternaron con los aplausos a aseveraciones de rechazo y el fastidio evidente de los ingenieros militares al contestar.
La participación de académicos cerró la actividad que en lo general cuestionaron que el informe de impacto ambiental no estuviera acabado, así como también el análisis particularizado y no global de las afectaciones.
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, quien realiza acompañamiento a algunas de las comunidades afectadas, esta reunión pública no sustituye a la consulta que debe realizarse a cada uno de los pueblos originarios para saber si otorgan consentimiento al proyecto aeroportuario.