Almoloya de Juárez, México; 16 de enero de 2019. Tras el cristal de la sala 11 de los juzgados ubicados a un costado del Penal de Santiaguito se miran, vistiendo ropa azul, Fermín Esquivel, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Miguel Ángel Vilchis García, ellos son de la comunidad de Salazar y están acusados de privación de la libertad, lesiones y robo con violencia.
Esperan la audiencia pública respecto a su caso; al entrar, sus familiares los miran, los saludan, se acercan al cristal hasta que la voz del guardia pide que no interactúen con los detenidos; luego, también por orden de los guardias, se sientan dejando una silla libre entre cada uno de ellos.
Esta audiencia es el paso anterior a la apertura a un juicio en el que se deben desahogar todas las pruebas admitidas; después de hoy habrá una espera de tres días para determinar una fecha concreta para dicho juicio.
Este caso podría ser uno de tantos que existen pero no es así porque encierra en estas acusaciones un conflicto territorial que se relaciona con la defensa de sus tierras, que quieren ser puestas a la venta para construir grandes proyectos inmobiliarios.
Frente a la jueza se ubican ocho personas: cuatro abogados y asesores jurídicos por la parte acusadora y dos por la defensa, a sus costados un acusador y un procesado.
De acuerdo con los antecedentes, explica Gabriel Aldana, abogado defensor, Mario Alberto de León Venegas quiso tomar posesión de algunas tierras limítrofes con San Mateo Atarasquillo; no obstante, dijo, la comunidad de Salazar tiene una resolución agraria en la que se reconoce la posesión histórica y esa porción de tierra no puede ser enajenada o embargada, por lo que se considera que ha habido influencia política.
Cuando Mario Alberto entró, acompañado de otras tres personas -dos de ellas armadas- la gente se defendió, le quitó las armas y los entregó a la autoridad; al respecto, los pobladores de Salazar levantaron un acta en Lerma que ya no aparece.
Luego, casi un año después, el 31 de agosto de 2017, mil 500 efectivos de diversas corporaciones policíacas entraron al poblado y arrestaron a los hoy detenidos, acusándolos de privación de la libertad, lesiones y robo; los familiares recuerdan que quienes ingresaron a las casas iban encapuchados y no llevaban distintivos policíacos; dicen, también, que aunque se los llevaron aproximadamente a las 2:30 am, fueron presentados hasta la mañana siguiente en el penal de Lerma.
Los familiares explican que, luego de estas detenciones, el fiscal Alejandro Sánchez Gómez, señaló que habían detenido una banda de secuestradores y opositores a la obra pública.
Para ganar el juicio, el abogado defensor debe desacreditar el robo y la privación ilegal de la libertad como delitos en el sentido de que su existencia puede relacionarse con el amedrentamiento hacia la comunidad por no responder a las exigencias de aquéllos que querrían utilizar las tierras.
Los pobladores señalan que la verdadera razón del conflicto es que diversos terrenos de Salazar han sido vendidos de forma irregular a empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub, Pablo Escudero, León Manuel Bartlett, entre otros.
En la sala 11 se dice que lo que los acusados se robaron fueron dos celulares: uno de aproximadamente 11 mil pesos y otro de 900 pesos, más adelante, la abogada de la parte acusadora se equivoca y dice que el video que presentarán como prueba fue grabado por Mario Alberto, quien no lo tendría si se le hubiera robado; la jueza cuestiona, la abogada duda y recompone la declaración.
Ambas partes presentan los recursos que se utilizarán para el juicio y una a una son aceptadas o rechazadas por las partes contrarias con la intervención de la jueza; casi cuatro horas después la audiencia concluye; los elementos de seguridad desalojan la sala y Maribel, madre de las hermanas Daneyra y Yuriko, pega su mano al cristal, llora, desde dentro una de ellas mueve los labios “no llores”, dice.
Los familiares han acudido a Derechos Humanos, así como con diferentes personas, es el caso de con Alejandro Encinas, Néstora Salgado, quien promueve la liberación de presos políticos, los diputados de la legislatura, Delfina Gómez, entre otros, pero no ha habido acciones concretas para la liberación de los acusados.
Afuera de los juzgados, dice la esposa de uno de los detenidos, sus vidas han cambiado, además de que las amenazas continúan y los pobladores tienen miedo porque quien quiere los terrenos “es gente de poder”.