Si las comparecencias de los secretarios de Gobierno y de Finanzas ante la Cámara de Diputados, se evaluaran a partir de la audiencia en la transmisión en las plataformas digitales, podría decirse que fueron, por lo menos, insulsas. A muy pocos interesó verlos y escucharlos, igual que a los 75 diputados. Alejandro Ozuna apenas logró 88 conectados en Facebook y 74 en Youtube; Rodrigo Jarque, todavía menos, 62 y 18. Si se trataba de despertar la atención pública, fallaron. La gente está distante del poder.
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Quienes se quiebran la cabeza para entender por qué el estándar de los gobiernos en el Estado de México es tan mediocre, deberían leer completo el “Estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía del Estado de México” del Colegio de México y quizá allí encuentren la razón de muchos de nuestros problemas. Somos ciudadanos con calidad cívica de media tabla, lugar 24 entre las 32 entidades. Ciudadanos de baja calidad eligen gobiernos de baja calidad. Para cambiar lo primero, lo que deberíamos hacer es mirarnos al espejo.
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El barullo político aturde, desorienta, pero entretiene y quizás solo sirve para eso. La temporada de la intriga queda normalmente inaugurada después de cada informe de gobierno en el cierre de año. En los mentideros las quinielas sobre quién se va del gabinete y quién llega es el pasatiempo favorito. No hay análisis, son predicciones de buena o mala fe, deseos, maledicencia.
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Hasta la oficina del presidente López Obrador ha llegado el expediente que documenta los excesos y presuntos actos de corrupción del morenista ayuntamiento de Toluca que encabeza el ex panista Juan Sánchez. Los señalamientos son puntuales: la integración de la administración municipal por cuotas, el absurdo gasto en Festiva, la renta de patrullas y compra de uniformes a sobreprecios y los casi 100 millones de pesos asignados a publicidad. Para AMLO lo que suceda en Toluca es un tema muy sensible, su hijo José Ramón, fue quien operó la candidatura de Juan.
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Como si no tuviera ya bastantes problemas mayores que resolver, la directora del ISSEMyM, Bertha Alicia Casado, ahora tendrá que responder también por la inminente pérdida del patrimonio de ese instituto del “Hotel Campestre El Ocotal”, allá en Atlacomulco. Los dueños originales de los predios que habían dado un usufructo uso, a cambio de un pago simbólico anual que no superaba los 15 mil pesos mensuales por al menos una decena de hectáreas, han reclamado la devolución de su propiedad al no recibir durante años ni un peso. Los ejidatorios quieren sus tierras de vuelta y ellos explotarlas directamente. Un típico caso de incompetencia en la administración pública. A ver ahora con qué explicación bizarra salen.
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