Muy pocos en la élite, y quizá nadie en el pueblo, sepan o conozcan qué diputados integran en la LX Legislatura las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas, que tienen al Estado de México sin presupuesto público 22 días después de iniciado el año. Son verdaderos desconocidos y, quizá por eso, actúan con tanta displicencia. Aunque la ley prevé este tipo de trances o impasses, y en tanto tomen una decisión el gasto corriente opera con las reglas del año anterior, es incomprensible la morosidad de los legisladores.
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La negativa de los diputados de Morena para aprobar la contratación de más deuda pública suena bien, pero no resuelve nada de fondo. Es una postura efectista en un año electoral. Si en verdad sus intenciones son las de reformar estructuralmente los ingresos, deberían plantearse una reforma fiscal de fondo, que no solo toque lo impuesto y los derechos, también la recaudación y el pacto fiscal con la federación. Claro que es necesario revisar y controlar mejor el gasto, podrían empezar por revisar los onerosos PPS, las prerrogativas a partidos políticos, otros gastos electorales y, por supuesto, también los dispendios en los tres poderes. La bancada mayoritaria de Morena tiene el poder hacer cambios de fondo, no sólo maquillar las cosas.
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Cuando se revisan los nombres y currículos de quienes integran la comisión de Planeación y Gasto Público, es obvio que ninguno de esos diputados puede considerarse experto en la materia. Su presidente, Adrián Manuel Galicia, es un contador público sin antecedentes en finanzas públicas. El secretario, Marlon Martínez, del PRI, especialista en operación electoral que no reporta escolaridad en su ficha curricular. El prosecretario, Valentín González, licenciado en economía, al que le ha perseguido durante su larga carrera la sombra de la duda sobre su honestidad.
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Sobre las Facultades y Obligaciones de la Legislatura, valdría la pena traer a colación lo que a la letra dice el artículo 61 fracción XXX de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de México:
“Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Estatal, una vez aprobadas las contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado, a más tardar el 15 de diciembre, o hasta el 31 del mismo mes, cuando inicie el periodo constitucional el Ejecutivo Federal. En el Presupuesto de Egresos se dispondrá de las medidas apropiadas para vigilar su correcta aplicación.
Si cumplidos los plazos a que se refiere el párrafo anterior no se hubieren aprobado los ordenamientos jurídico financieros referidos, seguirán en vigor hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente los expedidos para el ejercicio fiscal inmediato anterior al de las iniciativas en discusión. En el caso de la Ley de Ingresos del Estado, sólo seguirán vigentes aquellos rubros que no se hayan visto afectados por la entrada en vigor de los ordenamientos legales correspondientes de carácter federal. En el caso del Presupuesto de Egresos, la extensión de su vigencia se entenderá referida únicamente a lo relativo al gasto corriente.
Si llegado el 31 de enero no se hubiese aprobado la Ley de Ingresos del Estado o el Presupuesto de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal en transcurso, o ambos, se turnará al Pleno de la Legislatura para su votación la iniciativa que en su momento hubiese mandado el Titular del Ejecutivo”.
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Parecería que el truco es esperar hasta que se venzan los plazos para entonces, sin otra alternativa, votar la iniciativa tal como la envió en Poder Ejecutivo, con todo y deuda. Vaya, vaya. ¿Será?
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