Si Morena gana la presidencia de la república el próximo año (como es probable que suceda, de acuerdo con las encuestas y el ánimo popular), una de sus primeras acciones será promover la destitución de Alfredo del Mazo, echarlo de la gubernatura y convocar a nuevas elecciones. Horacio Duarte, presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, así lo anhela, así lo propaga.
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En el cálculo optimista del líder estatal de Morena, si se logra en 2018 la sinergia del voto de castigo contra el PRI con el voto proAMLO, se generaría el “efecto AMLO”, similar a aquel de 2000 con Fox; y, siendo así, podrían ganar la mayoría de asientos en la legislatura local y desde allí promover la destitución de Del Mazo a quien, obvio, no le perdonan que haya ganado la gubernatura en una muy polémica, cuestionada y cerrada elección (la que, por cierto, en todas las instancias legales fue ratificada).
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Es entendible entonces que en la agenda de Del Mazo para 2018 no hay cuestión de mayor relevancia –podría decirse de vital importancia– que ganar aquí la elección para presidente, las senadurías, la mayoría de diputaciones federales, locales y la mayor cantidad de gobiernos municipales, en el entendido de que una derrota podría costarle el cargo y su carrera política.
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El panorama para el PRI en el Estado de México es muy complicado. Aquí será un cara a cara con Morena; no se ven condiciones para una elección de tercios, pues el PAN anda muy caído y el PRD, muy desprestigiado. El ánimo social está en contra del PRI –básicamente por los casos de corrupción en el gobierno de Peña– y muy a favor de Andrés Manuel, a quien se asume en amplios sectores como el único que puede cambiar las cosas. En el Estado de México son cada vez menos los que defienden el statu quo y muchos más los que desean, necesitan, modificarlo.
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Indudablemente, el PRI sigue siendo el partido mejor organizado en el Estado de México, con una probada fórmula eficaz para ganar elecciones, el que más dinero tiene para gastar en elecciones, con más operadores políticos profesionales de paga, con más gobiernos, con mayor control en los órganos del estado, con mayor influencia en las instituciones electorales. Por eso es absurdo darlo por perdido o considerarlo poco competitivo; pero no es invencible. Ya perdió aquí en 1988, en 2000 y en 2005.
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El sistema público de salud sigue colapsado, en punto de crisis. La situación en hospitales y clínicas es dramática; siguen funcionando gracias a su heroico personal médico, pero es un desastre: no hay material quirúrgico, medicinas ni guantes o ropa para los pacientes. Lo peor de todo es que así seguirá al menos un par de meses, hasta que lleguen los recursos federales. ¿Quién va a pagar por esto? El secretario Gabriel O’Shea tiene ante sí, tal vez, el mayor reto de su carrera en el servicio público, y el mayor problema que le hayan dado para resolver.
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