Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que a la Procuraduría del Estado de México le corresponde investigar a sus propios integrantes, con respecto al caso Tlatlaya, los que participaron en el caso están acusados de cometer actos de tortura contra testigos de los hechos.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el ombudsman explicó que la CNDH decidió reclasificar la recomendación sobre lo ocurrido en Tlatlaya, ya que hubo violaciones graves a los derechos humanos.
Aclaró que van a ser cuidadosos en las averiguaciones ya que no van a dejar que nada quede impune. “Nos dirigimos al gobernador del estado para que instruyera que se iniciaran procedimientos administrativos y averiguaciones previas”.
Elementos pertenecientes a la Procuraduría del Estado de México, cometieron conductas consideras graves que pueden ser constitutivas de delito, estableció.
Explicó que el acceso a los peritajes de los hechos ya está disponible, y aclaró que la recomendación de la PGJEM se debe a que, en los peritajes realizados no se señalaba las muertes arbitrarias, que se había alterado la escena del crimen, ni los actos de tortura contra dos mujeres, que fueron encarceladas, pero que ya han sido liberadas.
En su recomendación 51/2014, la CNDH señaló que:
“Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este organismo nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de v24 (como identifican a la primera testigo) y v25 (como identifican a la segunda testigo), y los tratos inhumanos en agravio de v23 (como identifican a la tercera testigo), mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación…”.
Y agregó que: “Es muy probable que además de la participación del personal adscrito a la fiscalía regional de Tejupilco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, haya participado personal de la fiscalía de asuntos especiales en Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ya sea a través de los agentes ministeriales o de la policía ministerial. Si bien no se cuenta con elementos para determinar quiénes fueron los servidores públicos que torturaron a las agraviadas, lo que es un hecho es que las agraviadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de Toluca, donde fueron puestas a disposición del fiscal especial de homicidios, y que fue en instalaciones de dicha dependencia de esa ciudad, en donde fueron torturadas y obligadas a declarar contra su voluntad”.
Con información de MVS.
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