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Sin avance el proceso legal de los ambulantes desalojados 

Toluca, México. 23 de julio de 2019. A casi dos meses del desalojo de comerciantes de las Plazas Gastronómicas “Amador López” y “Carlos Gómez”, todavía no se ha establecido una mesa de diálogo entre los 70 vendedores que trabajan en esos espacios y las autoridades municipales.

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Al respecto, cabe recordar que desde el inicio de su administración, Juan Rodolfo Sánchez Gómez ha emprendido una serie de acciones para ordenar el comercio en la ciudad de Toluca. Por esa vía, el 28 de mayo de este año se llevó a cabo un operativo en la madrugada mediante el cual los comerciantes de las plazas citadas fueron desalojados. 

Las autoridades municipales argumentaban que esa acción se realizó porque ya había liderazgos que desafiaban a la autoridad y, por esa razón, se tenía que recuperar el control de las plazas públicas, como la "Amador López" y la "Carlos Gómez". 

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Según relata Francisco Javier Hernández Martínez, representante de la asociación Cuauhtémoc Alameda Central", el desalojo ocurrió sin previo aviso por parte de las autoridades. Sergio Martínez Piñón, director de Gobierno y Concertación Política del ayuntamiento de Toluca, acudió a la zona y cuando los comerciantes le preguntaron por el motivo del desalojo, Martínez Piñón les respondió que se trataba de una remodelación a cargo del municipio. 

Sin embargo, cuando le plantearon la misma cuestión a Walter de León Valverde, titular de la Dirección General de Gobierno, él les contestó que la expulsión de las plazas gastronómicas se debía a que “mañosamente hay manos de líderes que están gobernando las plazas” y los baños de la Alameda. 

“Creo que está en un error, licenciado, los baños tienen su contrato”, fue la respuesta de los vendedores. Por esa vía, ellos también expresaron que los locatarios tienen un contrato de comodato (consiste en ) autorizado por el cabildo. 

Hernández Martínez también mencionó que tienen documentos en los cuales se señala que que los contratos son por tiempo indeterminado y que, por ley, las autoridades tenían diez días para avisar a los vendedores desalojados que no el contrato por comodato perdería vigencia. Con base en la versión de los comerciantes, su contrato también señala que el ayuntamiento debió haberles avisado que los sacarían de las plazas 60 días antes de haber efectuado la acción. 

Las autoridades, no obstante, intentan justificar su proceder con artimañas legales, “están actuando fuera de la ley”, señaló Francisco Javier. Y aunque ya han procedido de manera formal, el dinero no es suficiente para continuar con el proceso en los tribunales, debido a eso su proceder también ha contemplado las denuncias mediáticas, mencionó Francisco Javier Hernández. 

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