El exmagistrado, impulsado por actores del Grupo Atlacomulco y cercano al PRI, Ricardo Sodi, busca una silla en la Corte promoviendo transparencia, participación y combate a la corrupción. Sin embargo, su paso por el Poder Judicial mexiquense estuvo marcado por polémicas, gastos opacos y decisiones judiciales cuestionadas.
El próximo 1 de junio, el Poder Judicial iniciará una nueva etapa con tintes democráticos. Por primera vez, magistrados y jueces deberán someterse al escrutinio público a través de procesos de selección abiertos. Entre los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra Ricardo Sodi Cuellar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Nieto y sobrino de ministros de la Corte, Sodi Cuellar ha sido respaldado por actores cercanos al Grupo Atlacomulco, corriente política priista que dominó el Estado de México durante décadas. Su nombre fue seleccionado por el Senado mediante el controvertido mecanismo de la tómbola, que evita el debate directo sobre los perfiles.
En su gestión como titular del Poder Judicial mexiquense (2020–2024), Sodi acumuló escándalos, críticas por opacidad y fallos judiciales polémicos. A pesar de ello, hoy promueve una campaña con eje en la justicia constitucional participativa, certeza jurídica y transparencia.
Las propuestas de Ricardo Sodi
En la plataforma Conóceles, del Instituto Nacional Electoral, los candidatos a jueces, magistrados y ministros publican sus propuestas para que el electorado tome la mejor decisión. Sodi Cuellar, propuesto por el Poder Judicial, asegura que quiere ocupar un cargo público “para servir, ayudar, apoyar y favorecer el acceso pleno a la justicia, sin formalismos, con transparencia y sentido social”.
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Entre sus propuestas destacan tres que contrastan con su gestión previa:
Propuesta 1: JUSTICIA CONSTITUCIONAL PARTICIPATIVA E INCLUYENTE
“Escuchar a los sectores interesados de la sociedad y a los especialistas para elaborar un proyecto de sentencia incluyente y participativo, a través de la figura del Amicus Curiae. Fomentar la glosa y análisis de las sentencias que emita la Corte para informar a la sociedad sus efectos y alcances.”
Sin embargo, durante su administración, el Colectivo Haz Valer mi Libertad —integrado por madres, hermanas y abuelas de personas presas injustamente— denunció en múltiples ocasiones la falta de apertura en la revisión de sus casos. Fuera del Palacio de Justicia de Toluca, literalmente con las puertas cerradas, este colectivo protestó repetidamente.
Propuesta 2: SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA
“Utilizar los nuevos esquemas de jurisprudencia, criterios relevantes y precedentes judiciales para fortalecer al Estado democrático y constitucional de Derecho, orientando de manera clara las decisiones del Poder Judicial. Evitar criterios formalistas y poco prácticos.”
El contraste: Bajo su gestión, el juez de control Alejandro Martínez Vitela (Tlalnepantla) absolvió a un presunto abusador infantil porque la víctima, una niña de cuatro años, “no recordaba con exactitud el lugar y hora de los hechos”. El Poder Judicial del Edomex defendió la decisión, argumentando que testimonios y estados de cuenta bancarios demostraban que la niña y su tío no coincidieron en el momento del presunto delito.
Propuesta 3: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
“La máxima publicidad en las sesiones del pleno de la Corte será garantía de independencia e imparcialidad. Así se combate la corrupción y se explican las sentencias ante la sociedad.”
La realidad: Al final de su mandato, AD Noticias reveló la compra de una escultura por $7.192 millones de pesos —monto que equivalía a varios meses de salarios de funcionarios judiciales—. Su equipo de Comunicación obstruyó las solicitudes de información sobre el gasto.
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Además, al exmandatario judicial (cuyo sueldo rondaba $300 mil mensuales) lo persiguen escándalos como:
- La jueza Nancy Alejandra Aguilar García, quien liberó provisionalmente a Carlos “N”, presunto abusador sexual de un menor en Atizapán (diciembre 2023).
- Pablo Ortiz González, quien concedió un cambio de medida cautelar a Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca acusado de secuestro exprés.
- El magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán, acusado de violencia familiar
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