Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un Amparo relacionado con la publicidad del gobierno: determinó que es obligación ineludible del Congreso de la Unión expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial y que lo debe hacer antes del 30 de abril de 2018. ¿Por qué es importante esto? Sencillamente porque, una vez que se legisle, volverá un poco más difícil para las diferentes instancias de gobierno influir en la línea editorial de los medios de comunicación a través de darles dinero vía la publicidad oficial, lo cual hipotéticamente derivaría en mayor libertad de prensa y mejor información periodística.
Parte del modo priísta de hacer política en nuestro país incluye el "maicear" a la prensa. Así es: "apoyar" a los medios a través de publicidad oficial se ha convertido en una práctica cotidiana desde hace décadas en todos los niveles de gobierno. Y, a cambio de ese dinero recibido, el gobierno "sólo pide" que no se le pegue, que no se le critique, que no se le cuestione. Una frase, pronunciada por el entonces presidente José López Portillo hace casi cuarenta años lo resume de manera prístina: "No pago para que me peguen". De este modo se refería a algunos periodistas que osaban cuestionar su magnanimidad y compromiso revolucionario. Y, décadas después, la misma forma de ver a la prensa emerge cuando el presidente Peña dice a los periodistas que habían sido convocados a un anuncio oficial: "ya se que no aplauden".
A veces las cantidades que el gobierno destina a su publicidad son tan estratosféricas que resultan difíciles de pensar: en 5 años que ha durado la administración del Presidente Peña se ha gastado más de 37 mil millones de pesos en publicidad oficial. Y ¿qué decir de la gubernatura en el estado de México? La saliente administración de Eruviel Ávila repartió, tan sólo en sus primeros cuatro años, mil 250 millones de pesos para promover su imagen personal y los "logros" de su gobierno. Los restantes dos años no fueron más austeros. De hecho, en tiempo electoral ríos de dinero fluyen para que los medios muestren su compromiso con quien les paga.
Así, históricamente las pautas de publicidad oficial han sido un instrumento sumamente útil para el control político de la información, para inhibir la crítica, para regatear la transparencia, para evitar la investigación de los asuntos públicos vía la prensa. Y para cierto tipo de medios de comunicación han sido no sólo la única fuente de financiamiento, sino un rentabilísimo negocio. Y es que el dinero que sale de las oficinas de comunicación social de ayuntamientos, gubernaturas, universidades, partidos políticos, entidades desconcentradas, y toda la pléyade de instancias del gobierno federal es tanto que, insisto, es hasta inimaginable.
Dadas estas condiciones, la organización no gubernamental Artículo 19, agrupación mundial dedicada a promover la libertad de expresión y el acceso a la información, promovió, a través de su oficina en México, un amparo por considerar violatorio de derechos colectivos la conducta omisa del Congreso de la Unión al respecto del tema. Y es que, según el recurso legal interpuesto por Artículo 19, la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución en materia de gasto de comunicación social debió haberse elaborado desde hace años, pero los legisladores simplemente no lo han hecho. Por eso se recurrió al Poder Judicial de la Federación para que juzgara si tal actitud omisa violaba derechos de la ciudadanía y la Corte les dio la razón.
La resolución de la Corte es en el sentido de que se necesita reglamentar esa parte del texto constitucional donde se dispone que "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". Este artículo fue modificado desde el año 2007, pero se ha quedado (como muchas normas en este país, en letra muerta).
Con la resolución que esta semana adoptó la Corte, los diputados tienen un plazo relativamente corto para elaborar dicha ley. Sería deseable que la misma se desprendiera de un trabajo serio, que pregunte a los medios, a los periodistas, a los académicos; que privilegie el derecho a la información y la transparencia. Es verdad que la realidad no se arregla emitiendo leyes, pues los usos y costumbres están mucho más arraigados y siempre habrá forma de tener corifeos que publiquen lo que los gobernantes quieren que se diga. Por otro lado, con o sin ley, el ejercicio periodístico serio, que busca proveer a la sociedad la información que ésta necesita para tomar decisiones y convivir, deberá encontrar maneras de mantenerse sin la dependencia de la pautas de publicidad oficial.
A final de cuentas, cuando se promulgue la ley, el "maiceo" a los medios tendrá que ser un poco más elaborado, porque se ve muy difícil que desaparezca.
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