El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) por unanimidad el Anteproyecto de Reforma a la Ley Universitaria, una iniciativa que busca transformar el funcionamiento de la institución mediante un nuevo marco jurídico que incorpora el voto universal para elegir a la Rectoría, fortalece los derechos de la comunidad universitaria y establece el compromiso de avanzar hacia la gratuidad gradual.
Con esta aprobación, el documento será remitido al Poder Ejecutivo estatal para que sea presentado como iniciativa ante la LXIII Legislatura del Estado de México, donde deberá discutirse y, en su caso, aprobarse para entrar en vigor.
La rectora Martha Patricia Zarza Delgado calificó la reforma como un paso histórico que permitirá actualizar una legislación acorde con las necesidades actuales de la universidad.
Una reforma construida durante casi un año
La propuesta comenzó a elaborarse en septiembre de 2025 mediante un proceso de consulta con estudiantes, docentes y personal administrativo. El proyecto se desarrolló en tres etapas.
La primera consistió en un diagnóstico participativo mediante siete foros regionales, consultas digitales, buzones electrónicos y ponencias magistrales, en los que participaron 4 mil 281 integrantes de la comunidad universitaria.
Posteriormente, el anteproyecto fue presentado en los 55 espacios académicos de la institución, donde se recibieron alrededor de 2 mil 700 participaciones, además de alcanzar más de 500 mil visualizaciones en redes sociales y 136 impactos en medios de comunicación.
Al concluir el proceso, 52 espacios académicos respaldaron la propuesta, mientras que dos emitieron una opinión no favorable y uno permaneció en revisión jurídica.
El cambio más importante: voto universal
Uno de los ejes centrales de la reforma es la democratización de la elección de autoridades universitarias.
Actualmente, la persona titular de la Rectoría es elegida mediante el Consejo Universitario; sin embargo, el nuevo modelo propone que sea electa mediante voto personal, libre, directo, secreto y vinculante de la comunidad universitaria.
El mismo mecanismo aplicaría para la elección de directores de facultades, centros universitarios y demás espacios académicos.
Para organizar estos procesos se plantea la creación de un órgano electoral universitario.
De concretarse la reforma en el Congreso mexiquense, sería la primera ocasión en casi dos siglos de historia de la UAEMéx que sus máximas autoridades sean elegidas mediante sufragio universal.
Más representación para los campus regionales
Otro de los cambios relevantes consiste en ampliar la representación de los espacios universitarios fuera de Toluca.
Actualmente el Consejo Universitario está integrado por 131 consejeros, pero la propuesta permitirá crecer gradualmente hasta 223 integrantes, incorporando representantes con voz y voto de los Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales.
La medida responde al crecimiento regional de la institución, ya que actualmente la UAEMéx cuenta con presencia en 21 municipios, mediante 25 espacios regionales, donde estudia prácticamente la mitad de su matrícula de nivel superior.
El documento está integrado por:
- 7 títulos
- 28 capítulos
- 146 artículos
- Disposiciones transitorias.
Entre los nuevos temas que incorpora destacan:
- inteligencia artificial;
- ciencia abierta;
- inclusión epistémica;
- diálogo de saberes;
- bienestar universitario;
- salud mental como derecho;
- infraestructura tecnológica;
- protección de datos personales;
- sustentabilidad;
- cultura de paz;
- sistema de ética y justicia universitaria.
Además, crea un catálogo de derechos para estudiantes, personal académico y administrativo, así como nuevas instancias para resolver conflictos internos y proteger los derechos universitarios.
La gratuidad queda incorporada en la Ley
Uno de los artículos transitorios establece el compromiso institucional de avanzar hacia la eliminación progresiva de las cuotas de inscripción y reinscripción.
No obstante, la reforma señala que este proceso deberá realizarse mediante un esquema gradual que no comprometa la estabilidad financiera de la Universidad y en concordancia con la Ley General de Educación Superior.
El documento también establece un plazo de 365 días para emitir un nuevo Estatuto Universitario que armonice toda la legislación interna con las nuevas disposiciones.
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