Lo bueno
Entre los cambios positivos que se han generado con la renovación del presidente del Tribunal Superior de Justicia se observa una apertura general: un mejor manejo político, una relación más cordial con el Congreso local, una mayor participación en varios temas.
Incluso, al menos aparentemente, parece existir un mayor acercamiento a los trabajadores por su forma de expresarse, a través de sus redes sociales. Se nota un presidente del Tribunal más cercano e interesado en su institución con visitas a los diferentes juzgados.
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Con el tema de la pandemia el Poder Judicial se ha visto obligado a dar un mayor impulso al tema del tribunal electrónico y parte de los trabajos se han podido desahogar de esa manera para no poner en riesgo a la población.
Otra cuestión positiva es que por fin se empezó a actualizar su portal de transparencia y ya son públicos varios temas que no se cumplían a cabalidad en la administración anterior o estaban desactualizados. Ahora son visibles varios, entre ellos las percepciones de los magistrados.
Además, el Poder Judicial estrenó su facultad de proponer al Congreso iniciativas de ley. Hasta hace unos años cualquier tema que les interesaba se negociaba primero con el Ejecutivo y luego llegaba al Legislativo como propuesta del gobernador.
Ricardo Sodi optó por un Poder Judicial más activo y visible. Desde los primeros meses entregó varias iniciativas de ley; además apoyó abiertamente la integración de la Ley de Amnistía con observaciones y aportaciones e hizo propuestas por el acercamiento que mantiene con el Legislativo.
A eso se suma su cercanía activa con el sector empresarial, sindicatos y otros gremios a través de la creación del Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia, donde están involucrados todos los sectores.
Otro punto a su favor es haber evidenciado los problemas de corrupción que existen al interior del Poder, con la venta de sentencias por funcionarios y exfuncionarios del Valle de México, sólo falta ver hasta dónde llegarán.
Algo a resaltar es que por primera vez, y pese a que Sodi llegó como magistrado externo, ha impulsado que las magistraturas recaigan en jueces, con lo cual fortalece el servicio civil de carrera y atiende una añeja petición, pues por años hubo reclamos de que había «recomendados» en los externos que eran impulsados por el Ejecutivo.
Lo malo
Algunos abogados han criticado que aun cuando ha habido avances, también se ha notado que falta capacitación en el personal del Poder Judicial en el tema del tribunal electrónico, además de los casos de covid-19 que se registraron y las denuncias de que al menos en el juzgado séptimo mercantil la juez no quería dejar que el personal dejara de laborar, pese a exponer a las y los trabajadores.
Las quejas de que en algunos juzgados se carga más el trabajo siguen presentes, las distancias que muchos deben recorrer de su domicilio a su centro de trabajo, entre otros temas que prometió ver desde su “campaña” y no se han resuelto por completo.
También siguen los reproches de organizaciones como Haz Valer Mi Libertad porque pese a las promesas de cambio, los magistrados siguen sin valorar las pruebas en forma adecuada. Un ejemplo es el caso de Daniel Plácido Arroyo, donde la autoridad judicial federal ordenó revisar las pruebas y emitir un nuevo fallo. La respuesta fue, otra vez, una sentencia condenatoria. La familia y la defensa acusan que no se valoraron los elementos probatorios.
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La justicia, de acuerdo con el último diagnóstico del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, sigue siendo una aspiración, pues aún se fabrican delitos en el Estado de México y basta la acusación de una persona para que se procese y sentencie a imputados.
Lo mismo
En la primera reunión con los medios de comunicación, Ricardo Sodi dijo que no estaba en contra de la austeridad, pero también pedía salarios dignos para los magistrados y prometió resolver el tema de manera objetiva, con un estudio claro que evidenciara si es mucho o poco lo que perciben, lo cual no se ha hecho. El tema parece haber quedado en el olvido.
Los salarios de los magistrados siguen por arriba de los del Ejecutivo estatal y federal; no se han anunciado programas de austeridad, esfuerzos por reducir gastos en papelería, luz, rentas, entre otros aspectos operativos, como ha ocurrido en otros espacios.
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Aunado a esto, la buena relación que guarda con el Legislativo ha dejado varios temas en el tintero, entre ellos el análisis de la iniciativa para eliminar los haberes de retiro y la reducción del periodo de cada magistrado de 15 a seis años.