El caso de las 22 personas que murieron en un presunto enfrentamiento en San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, continúa poniendo al gobierno de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila en el ojo del huracán, con el paso de los días y la publicación de testimonios de testigos y familiares de las víctimas organizaciones defensoras de los derechos humanos urgen una investigación seria y objetiva de los sucedido el 30 de junio.
La organización Amnistía Internacional (AI), por medio de un comunicado exigió al gobierno federal, realizar una investigación imparcial e exhaustiva de la muerte de los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya
Tras los reportajes publicados en varios medios en los últimos días, basándose, al parecer, en el testimonio de por lo menos una testigo presencial de los hechos, plantean interrogantes sobre la versión de los hechos presentado por la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y la investigación de los hechos tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la testigo, todas las muertes, salvo uno, no resultaron durante el enfrentamiento con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino después cuando ya se habían rendido. Es alarmante, esta nueva información de 21 personas ejecutadas extrajudicialmente cuando ya se habían entregado.
Asimismo, los reportajes señalan que la testigo fue presionada por representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por SEDENA. Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión del estos funcionarios en los abusos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que la forma de combatir la delincuencia se ha modificado y ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni el encubrimiento de los responsables de tales abusos. En tal sentido, estamos ciertos que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial.
Si el compromiso del gobierno es real, este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia.