Es 9 de mayo, un día antes de la fecha en la que se conmemora a las madres en México. Es 9 de mayo y mamás y hermanas de personas injustamente presas en el Edomex se raparon afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Centro Histórico de la CDMX. Es 9 de mayo y para ellas esta jornada es de protesta.
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“Libres se los llevaron, libres los queremos”, gritaban las y los familiares de personas injustamente presas en el Edomex, mientras con el cabello que les habían rapado formaban las palabras “Justicia y Libertad”. Ese hecho no habría sido posible si sus hijos, hermanos, esposos o nietos no hubieran sido privados de su libertad por delitos que no cometieron.
Raparse, un acto de dignidad y resistencia
María Luisa Montoya es de las más de 30 mujeres que decidió raparse, ella lo hizo por segunda vez. Hace cinco años le encarcelaron a uno de sus tres hijos: a Carlos Alberto Estrada Montoya. Él fue detenido en 2017, año en el que también lo sentenciaron a 47 años de prisión por un homicidio ocurrido en Santiago Miltepec, crimen que, asegura su mamá, él no cometió.
Así como María Luisa, Karina Rivera y Lady Placido volvieron a cortar su cabello hasta que en sus cabezas no quedó uno solo. En 2021, exactamente el 24 de junio, integrantes del colectivo Haz Valer mi Libertad —en el que ellas accionan— ya habían sentado un precedente: 10 mujeres se despojaron de su pelo, “como un acto de dignidad y resistencia”.
Entonces, informaron que al menos 500 personas sentenciadas por delitos de menor impacto habían salido de prisión gracias a la Ley de Amnistía; pero también denunciaron el comportamiento omiso del Poder Judicial mexiquense ante los casos documentados de personas inocentes que continuaban en penales de la entidad.
Pocas cosas han cambiado desde ese día.
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No hay libertad para presos acusados injustamente de delitos de alto impacto
Fabiola Vite, abogada del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, dijo durante el acto de este lunes que, hasta hoy, se ha logrado la libertad más 2 mil personas acusadas de crímenes de menor impacto. En la cárcel permanecen, sin embargo, las y los sentenciados por delitos de alto impacto que no cometieron, cuya única esperanza es ser amnistiados.
Por eso acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “porque en el Estado de México no entienden la amnistía”. Vite explicó que este recurso sí contempla los delitos de alto impacto, por lo tanto existe la posibilidad de que las y los acusados de crímenes que se ubican en dicha categoría puedan obtener su libertad: “sí es posible, pero se requiere que se revise caso por caso para que se estudien las violaciones al debido proceso”.
Carmela Flores, mujer otomí y esposa de Tomás Gabriel, acusado de homicidio calificado y sentenciado a 44 años de prisión, compartió con sus compañeras que la Suprema Corte atraerá los casos, “gracias a Dios hubo respuesta, no como en el Estado de México”.
Durante la manifestación también hubo denuncias. La familia de Daniel Placido Arroyo, preso en el penal de Almoloya de Juárez hasta este lunes, expresó que a su hijo lo trasladaron al Cereso de Tepic. Lo mismo pasó con Miguel Juárez, papá de Claudia Juárez, a quien se llevaron a un penal de máxima seguridad en Veracruz el pasado 30 de marzo.
“Que las autoridades rapen toda la injusticia que hay en el país”, dijeron las mujeres al término de la manifestación. “Este cabello para nosotras no significa mucho, porque nos han quitado todo”.