Este jueves 24 de abril se cumplieron exactamente 12 años desde que el gobierno del Estado de México (en aquel entonces encabezado por Enrique Peña Nieto) declaró al grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, como ganador de la licitación para construir la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. Para realizar la obra dicho grupo creó la empresa Teya S.A. de C.V. e inició los trabajos casi de inmediato, además de que recibió la concesión para construirla, explotarla y conservarla por un periodo de 30 años.
El compromiso era terminarla en cosa de dos años, para el 2009, pero no contaba con que una pequeña población, perteneciente al municipio de Lerma, con aproximadamente cuatro mil habitantes, le haría prolongar los trabajos por más de una década: San Francisco Xochicuautla. Durante todo este tiempo el grupo Higa se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, múltiples litigios, negociaciones, confrontaciones y todavía no puede empezar a cobrar un solo centavo por dicha carretera. Sin embargo, hace sólo unos días apareció un rayo de luz para ellos, pues la resistencia de la comunidad de Xochicuautla parece que ha fenecido (y recuérdese que en octubre del año pasado nos enteramos que el gobierno del estado amplió a 60 años la concesión de la carretera para grupo Higa, o sea que la va a tener en su poder hasta el 2067).
Más de 95% de la carretera parece ya estar listo, sólo faltaban menos de 3 kilómetros, que son los que atraviesan precisamente por Xochicuautla. La gente que se aglutinó en torno del Consejo Supremo Indígena y el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra logró frenar los trabajos de ese tramo e hizo que intervinieran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consiguió algunos amparos y suspensiones por parte del Poder Judicial, hizo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera una Recomendación por comprobarse la violación a algunos derechos humanos, sobre todo el de no haber sido consultados antes de licitar e iniciar la obra. Igualmente organizó y celebró en la localidad eventos como la “Primera Cumbre de los Pueblos Originarios de la Zona Protegida Otomí-Mexica”, en donde consiguieron colectivizar el rechazo al proyecto carretero, sumando a organizaciones, grupos, liderazgos y personalidades de muy diversa índole.
No sólo las autoridades judiciales les dieron la razón en varios juicios agrarios, administrativos y de amparo, también instituciones nacionales y extranjeras llamaron la atención sobre los atropellos cometidos a lo largo de los años, como aquel 30 de abril de 2012 cuando la población prácticamente fue sitiada por la policía para buscar que en una asamblea del Comisariado de Bienes Comunales se aprobara el proyecto. Un episodio similar lo vivieron hace casi 6 años, el 13 de mayo de 2013, cuando se registraron enfrentamientos entre pobladores, activistas y la policía. Varias personas fueron detenidas ese día y el escándalo mediático fue notorio.
En suma, los opositores al proyecto consiguieron mantener viva una lucha por más de 12 años. La bandera principal de la misma fue la indignación. Encontraron interlocutores que les concedieron razón al decir que debieron ser consultados, porque estaba en juego la integridad –en todos sentidos– de la comunidad. Esos personajes con los que encontraron forma de dialogar se hicieron eco de sus reclamos a niveles políticos, periodísticos y hasta académicos. Mucho se dijo, se escribió y se argumentó sobre los daños ecológicos, el impacto social, las implicaciones culturales, los derechos violentados, los negocios a cualquier costo y obligaron al gobierno estatal a sentarse a negociar con ellos con la mediación de la CNDH, vigilados por la CIDH.
No obstante todo lo anterior, hace apenas unas semanas integrantes del Consejo Supremo Indígena anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el gobierno y la empresa para permitir que se concluya la mencionada carretera: en pocas palabras consiguieron recursos económicos y algunas adecuaciones a la obra. La pregunta es ¿qué se ganó con todo esto? Y me refiero específicamente al resultado de 12 años de resistencia, de indignación, de movilización, de activismo, de litigio.
Queda claro que para la empresa lo importante es el negocio de cobrar las cuotas por transitar en la autopista y, si lo van a hacer dentro de muy poco, pues ganaron eso; aunque habría que ver lo que perdieron en términos morales al buscar por todos los medios “romper la resistencia de una comunidad” (y eso significa corromper). Para el gobierno lo importante también tiene que ver con lo económico (vía impuestos y quizá hasta “moches” para varios), aunque también con lo político (por el “foco de infección” que siempre representa un movimiento social y sus alcances en materia de gobernabilidad); y que la gente en resistencia haya cedido también implica que ganaron, pero si estuvieron siempre del lado de la empresa y no de la gente, hay que ver lo que pierden en términos de legitimidad.
Para la comunidad me quedaba claro lo importante era la dignidad, entonces, si el acuerdo al que llegaron es digno, habrían ganado eso; pero si no lo es, más bien se perdió lo más importante, un valor como seres humanos herederos de una cultura milenaria. Pueden haber ganado en aprendizaje político-jurídico para defender sus derechos colectivos, sin ignorar que pudieron haber perdido en términos de los ideales que vale la pena defender.
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