Un juez militar absolvió a seis soldados que eran acusados de participar en la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya.
De acuerdo con información del diario La Jornada, el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron “en la masacre de Tlatlaya”. Además que al séptimo de los acusados fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó.
Tras la sentencia organizaciones civiles como el centro de Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Montaña Tlachinollan, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (iDHeas), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 80 ONG—, el Centro Nacional de Comunicación Social, entre otros, denunciaron que la sentencia favorable de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido “a la opacidad” que subsiste en el caso.
A través de un comunicado las organizaciones civiles denunciaron que la sentencia a favor de los acusados, confirma la “parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.
Acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de ser omisa al decidir fragmentar la investigación y no indagar “cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
En ese sentido recordaron que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la orden general de operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.
Entre estas pruebas, la organización civil solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. “Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”.
Las organizaciones civiles enfatizaron que la absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “que perpetúan la opacidad en el caso”.
El organismo nacional encabezado por Luis Raúl González Pérez –agregaron—negó a Gómez González (víctima) el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014 sobre el caso. Esto bajo el argumento de que “la Sedena había calificado información del expediente como reservada”, lo que va contra la calificación sobre la publicidad del expediente hecha con anterioridad por el propio ombudsman.
“La CNDH tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las fuerzas armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.
Dada la gravedad de este “emblemático caso de violación a los derechos humanos”, las ong consideraron que la respuesta debería ser una “actuación ejemplar de la justicia”. Por el contrario “las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer”.
En ese sentido, reiteraron que aún hay varios procesos abiertos: uno en la justicia civil federal, donde tres militares están imputados por cargos de homicidio; otro en el que la PGR mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de “abatir”; y, uno más permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva. Especialmente, reiteramos la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a ‘abatir delincuentes’, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heyns, ésta debe ser indagada cabalmente dado que ‘las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario’”.