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Agravio a los maestros

Respecto a los datos difundidos por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) el pasado 14 de mayo, constituyen un grave agravio a los maestros,  las responsables de los males anunciados son las mismas instancias gubernativas.

 

Si hay aviadores, la responsable es la Secretaría que paga, al tener acceso a la nómina y autorizar los pagos; por supuesto que para la radicación del cheque es la instancia educativa quien tiene la determinación,  ambas  autorizan las plazas y son los que firman los pagos, validando la situación financiera de cada empleado.

 

Si hay algún desvío de recursos, se tendrá que pedir cuentas al funcionario responsable, ya sea jefe de  departamento, secretario de educación o dirección de personal. 

 

La corrupción no nace del maestro,  el no es administrador educativo y nada tiene que ver con el rubro  financiero de la entidad.

 

Consideramos que es fundamental que se ejerza una acción de contraloría  interna, para revisar quiénes son los jefes de departamentos y conocer si sus parientes y cercanos han sido contratados y qué sueldo les han asignando, si es que se desea combatir el contexto actual, finalmente recordemos que él que nada debe nada teme.

 

Respecto a los docentes que trabajan como administrativos en el subsistema educativo estatal, ubicados en los departamentos, por ejemplo primarias, secundarias, las direcciones generales, entre otros, el personal que labora ahí  tiene plazas de profesor  titulado,  pedagogo A, investigador educativo y su  salario es de acuerdo a la que tienen asignada, por supuesto que estás debieran estar asignadas a alguna escuela.

 

Por ello exigimos a las autoridades una actuación conforme a derecho y no extralimitarse como en la omisión del pago de la gratificación del día del maestro, recurso aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de México, su retención provocó que muchos maestros fueran insolventes en pago de deudas diversas, generándoles intereses extras que el gobierno no les va a solventar.

 

Lo más lamentable, es la falta de explicación legal de la instancia gubernativa por dicha retención del salario del profesor, lo que no es tolerable desde ningún punto de vista jurídico.