Las autoridades estatales prevén que el siguiente año será necesario mejorar la recaudación y ser más eficientes en los cobros de agua y predial, por lo cual podrían ejercer esa atribución concurrente, es decir, junto con los municipios, a fin de que los ayuntamientos cuenten con más recursos.
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La iniciativa de reformas al Código Financiero estatal también buscan precisar las garantías que se pueden dejar por un embargo, precisar que el gobierno podrá quedarse con los bienes no reclamados y ampliar las posibilidades del cobro de créditos fiscales.
El siguiente año será complicado, pues las autoridades prevén que las participaciones podrían caer en un 3.5% y seguirán los efectos de la pandemia, por lo cual advierten la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria.
El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque ha advertido que cada año los municipios mexiquenses recaudan unos 5 mil 700 millones de pesos por predial, pero el potencial es del doble, pues de 4.2 millones de registros de catastro en la entidad sólo pagan 2.4 millones.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en promedio, los mexiquenses pagan 30 por ciento menos de predial y agua potable que el promedio nacional y montos 3.7 veces menores a los de sus vecinos de la Ciudad en México, donde cada vivienda aporta un promedio de 10 mil 433 pesos anuales, frente a los 2 mil 807 del Estado de México.
Tomando como base la recaudación de predial y agua que reportaron las 32 entidades en sus cuentas públicas 2019, la entidad que más ingresos percibió por estos conceptos fue la capital mexicana, que por sí sola representa el 21.31 por ciento del total nacional.
La propuesta para el siguiente año es precisar que el Estado podrá ejercer la facultad concurrente para recaudar el impuesto predial y los derechos de agua, en busca de que los ayuntamientos tengan mejores ingresos participables.
Las propuestas de reformas pretenden señalar que los créditos fiscales se pueden garantizar por medio de títulos de valor o cartera de créditos y con la retención de recursos federales y estatales para cubrir cuotas o aportaciones de seguridad social, así como puntualizar que el Gobierno puede quedarse con bienes no reclamados en un embargo.
Además, prevé establecer convenios para la concurrencia en materia de recaudación y administración de contribuciones, aprovechamientos, ingresos propios para fortalecer la administración y recaudación, pero se puntualiza que se debe evitar la doble tributación.