El caso de Daniel García Rodríguez —candidato a la presidencia municipal de Atizapán— es inédito: un hombre que enfrenta un proceso penal en su contra, por el que debe portar un dispositivo electrónico en el tobillo, mientras busca que la población de este municipio en el Estado de México le confíe su voto.
Un acto político cotidiano se convierte en osadía en un país donde la presunción de inocencia es violentada, no solo por las autoridades, sino también los medios de comunicación y la población en general.
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Para Daniel, el contexto en el que presenta su candidatura debería jugarle a favor. En una entrevista concedida a AD Noticias explica el porqué. También habla sobre sus propuestas, y sobre la osadía de explicar a la gente sobre el derecho que tiene cualquier persona de participar en la contienda política, mientras no exista una sentencia condenatoria que se lo impida.
¿Cómo fue su reencuentro con la política, 17 años después de permanecer en prisión preventiva?
«Yo fui funcionario público desde muy joven. Mi padre me acompañó a la junta de Conciliación y Arbitraje para firmar la autorización, y que yo pudiera trabajar desde los 16 años de edad. Empecé como auxiliar de la dirección de bienestar social. Durante los 20 años siguientes ocupé cargos de auxiliar, secretario particular, asesor y otros. Hasta que me detienen y me encarcelan con acusaciones falsas».
Casi 18 años de prisión preventiva sin sentencia, es decir, sin que la Fiscalía pudiera comprobar su culpabilidad, García obtuvo su libertad a condición de usar un brazalete en el tobillo. Se apuntó a la convocatoria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para ser diputado local por el distrito 16, pero el Partido del Trabajo (PT) ya tenía apartado dicho lugar como parte del acuerdo entre partidos. «Fue así que me invitan para contender por la presidencia municipal desde Redes Sociales Progresistas».
Las campañas entre políticos son parecidas: espectaculares sobre avenidas, lonas colgadas en las bardas, y miles de panfletos. Su rostro no se ve impreso de la misma manera.
¿Cuál es la estrategia que emprendió para su campaña?
«Por respeto a la pandemia y a la salud nos negamos hacer reuniones en grupos. Yo soy un defensor de la ecología. La cuestión de todos los utilitarios que se reparten la propaganda es una barbaridad. Nosotros tomamos las redes sociales y los medios de comunicación para llegar a la gente. Pero también hay contacto directo: cada día, a las cinco de la mañana repartimos trípticos en las 31 lecherías y en paradas de autobuses»
¿Cómo ha sido la aceptación de la gente?
«El tema judicial es un poco complicado, porque los términos técnicos y jurídicos no son algo cotidiano. Es muy complicado platicarle a la gente sobre los derechos de presunción de inocencia o del debido proceso. Hemos procurado de establecer una comunicación a partir de que fui acusado falsamente por un delito que no cometí, y que estoy haciendo valer mis derechos políticos».
García, también explicó que «es difícil que un ciudadano entienda el porqué alguien que está acusado por un delito grave no esta en prisión y tenga su credencial de elector«. Y lamentó que en México la norma no sea respetar ambos derechos humanos, a pesar de los múltiples tratados firmados por el Estado.
«La mayoría de los ciudadanos desconoce esas condiciones, pero plantearlas en campaña es parte de nuestro trabajo, pero es muy difícil».
¿Esta situación puede jugar a favor o en contra de su candidatura?
«Yo creo que debe ser a favor. El sistema actual en México tiene muchas faltas, errores y corrupciones. Hay mucha gente acusada falsamente; no solo se perjudica a una persona, también a su entorno familiar y social».
¿Las leyes respaldan a una persona que enfrenta un proceso y que no tiene sentencia, para poder continuar con sus derechos políticos?
García Rodríguez explicó que el artículo 20 de la Constitución Política mexicana establece el derecho a la presunción de inocencia: nadie debe ser encarcelado hasta que no se demuestre en juicio que es culpable. «Desafortunadamente nuestros legisladores, que son más políticos que juristas, han colocado artículos que se contraponen, como el 18, que advierte el encarcelamiento excepcional para algunos delitos, y que le permite a un juez encarcelar a cualquiera».
Y como parte de su campaña, ¿cuáles son sus propuestas más importantes?
«Es obligada la instalación de la Contraloría Social, porque la ciudadanía casi no tiene acceso a los resultados de los funcionarios; todo mundo hace lo que a sus intereses personales le permiten. Los funcionarios municipales, directores y regidores se hacen millonarios en un periodo porque la gente no sabe lo que hacen. Yo estoy por quitar puertas y ventanas para que se vea lo que efectivamente están haciendo en la labor diaria, no cada año o cada mes».
¿Hay otras propuestas para Atizapán de Zaragoza, el municipio que busca gobernar?
«Se han descuidado cosas tan sensibles como la distribución del agua. En Atizapán hay agua, pero no tenemos autoridad; hay personas que no tienen agua desde hace meses por la mala administración. Hay pozos en desuso sin que sean rehabilitados».
En caso de ganar, ¿cuáles impedimentos y efectos tendría el hecho de portar un brazalete en el tobillo?
«No tiene ninguno porque la condición que tengo como procesado me permite transitar por todo el Estado de México, mi única obligación es mantenerme en comunicación con el juzgado».
¿Y en caso de no ganar?
«Atizapán está en un grave desorden y siendo autoridad o no, yo no voy a quitar el dedo del renglón. Estoy harto e indignado de la corrupción«.
Después de casi 18 años preso, ¿qué ha cambiado en Atizapán?
«Ha crecido la corrupción, la policía de tránsito es cada día más corrupta, no hay agente de tránsito que no pague una cuota por su cargo, los inspectores de desarrollo urbano salen a ver cuánto ganan, eso no existía; la condición del trafico es ya desesperante.»
Daniel García comparte la posesión de lo que llama «récords mundiales»: «soy la persona con mayor prisión preventiva sin sentencia en la historia; tengo una averiguación previa por tortura que duró casi 20 años». Pero la definición que considera perfecta para su caso es otra:
«Hoy en día somos mexicanos que nos encontramos sin justicia en México, y que hemos llevado al gobierno y al Estado mexicano a juicio internacional. El caso Daniel García Y Reyes Alpízar ya está en la Corte Interamericana en pro de mejorar los derechos fundamentales de los demás. Solo dos mexicanos en la historia han estado en este lugar, exigiendo la justicia que no encontraron en su país«.
En agosto de 2019, Daniel García y Reyes Alpízar, extrabajadores del ayuntamiento de Atizapán, fueron liberados después de pasar casi 18 años en prisión preventiva en el Penal de Barrientos, sin sentencia, y sin que hasta la fecha se compruebe su supuesta culpabilidad en el homicidio de la exregidora María de los Ángeles Tamez, ocurrido en 2011.
A pesar de la liberación, y de que en 18 años las autoridades no han comprobado su responsabilidad en el delito por el que se les acusa, ambos hombres portan un brazalete en el tobillo, pues su proceso penal continúa vigente.
El caso ya fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se ha detectado una amplia lista de violación a derechos humanos en contra de los dos acusados: tortura física, tortura psicológica, falta de debido proceso y falta de una adecuada defensa, entre otros.
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