La Fiscalía General de la República (FGR) perfila una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Lo anterior por los sobornos que presuntamente entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética, de acuerdo con el diario Reforma.
La imputación llega luego de que en abril pasado, la FGR consiguiera la vinculación a proceso del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, un fallo que fue ratificado en junio por el magistrado José Alfonso Montalvo.
En noviembre pasado, se informó que cuando la FGR intentó infructuosamente obtener la orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud que Enrique Peña Nieto eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria.
El 12 de abril, en la audiencia de imputación de Lavalle, los fiscales federales delinearon ya una lista de otros siete ex funcionarios que habrían sido parte de una asociación delictuosa y dos por cohecho.
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El ex senador Jorge Luis Lavalle -quien pertenecía a Acción Nacional pero fue expulsado en 2018- fue señalado por el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos a cambio de impulsar la aprobación de la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto
Diez años después, como senador de la República, Lavalle llevó a la Cámara alta a Caraveo y lo colocó como secretario técnico de la Comisión de Administración que él presidía.
El pasado 4 de mayo, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, le negó a Jorge Luis Lavalle la suspensión provisional contra la prisión preventiva justificada que le había impuesto un juez de control con sede en el Reclusorio Norte.
Por ello, el exfuncionario permanece privado de la libertad mientras dura su proceso. Los cargos contra el ex legislador se relacionan con actos de corrupción, presuntamente cometidos, a cambio de la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.
En su demanda de amparo, el panista argumentó que la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta afecta o daña irreparablemente a sus cuatro hijos, pero no sólo eso, argumentó que solicitó la suspensión definitiva porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional, por presentar un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su libertad.
En ese sentido, el impartidor de justicia respondió que es improcedente concederle la medida cautelar, ya que “no se observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación afectatoria a la integridad física o emocional de sus hijos”.
A finales de julio de este año trascendió que la FGR aún no llamaría a comparecer a Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos de su gobierno a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
La defensa de Lavalle también solicitó el testimonio de una docena de actores políticos que aparecen en la declaración de Lozoya Austin. Es el caso del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y los excandidatos presidenciales en 2018, José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya Cortés (PAN).
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