Toluca, Méx.- Mireya Ayala denunció que elementos de la Subprocuraduría Regional de Tenancingo la tienen amenazada de muerte, junto con su hijo y su esposo, para que firme una declaración en la que asegura haber acompañado a policías ministeriales para identificar una casa de seguridad, a ocho hombres y un menor de edad, presuntamente responsables de secuestro.
Por ello pidió una audiencia con el Procurador de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Javier Medina Peñaloza.
Señaló que el pasado 16 de noviembre del 2014 quisieron obligarla a ser testigo del supuesto secuestro de un menor, por el que procesaron a los ocho hombres mencionados, que ahora están en el penal de Tenancingo.
“Acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pero no ha pasado nada”. Narró que el domingo 16 de noviembre a ella le arrebataron a un menor de las manos en la colonia Santana Tenancingo, tres hombres y una mujer a bordo de un carro negro.
“Sin embargo la PGJEM abrió una carpeta de investigación con elementos falsos presuntamente declarados por mí, pero yo nunca puse mi firma porque desconozco todo lo escrito en esa investigación”, aseguró.
“Lo que yo busco es justicia porque no es verdad nada de lo que se dice en la investigación, pues al niño lo recuperamos tres días después, el 19 de noviembre. En ese delito no participaron ninguno de los ocho detenidos que están condenados en el penal de Tenancingo, porque ellos no fueron”.
Pero al querer obligarla a testificar en contra de los imputados ha recibido amenazas directas de la señora Silvia Tapia Vázquez, amiga de la madre del niño robado, y quien se prestó como testigo falso, los padres del menor con quienes trabajaba esta señora, además de los policías ministeriales.
“La mamá del menor se dedica a la compra y venta de flor, y el 7 de septiembre del 2015 el papá del niño amenazó a mi marido, le dijo que se iba a cobrar con nuestra vida si liberaban a los supuestos secuestradores”.
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