Son pocas las cosas en las que nuestro país se ubica como líder mundial. Una de ellas, nada grata, es la del segundo lugar mundial en desapariciones forzadas. Se aproxima a 100 mil el número de personas (de todas las edades, hombres y mujeres, de todos los estratos sociales, en todas las regiones del país) de las que un día dejó de saberse. Puede denominárseles “no localizados” “levantados”, “extraviados”, pero el hecho abominable es que la vida de miles y miles de personas queda en manos de quienes se asumen con los medios y las condiciones para disponer de su vida y libertad, la toman, se la llevan y no se vuelve a saber de ellas.
No es la primera vez que tocamos el tema en este espacio. Ya antes hemos señalado lo indecible que resulta para cualquier familia la pena de no saber nada de alguno de sus miembros; la absoluta impunidad en la que quedan este tipo de sucesos; la falta de capacidad de las fiscalías en todo el país para perseguir y castigar estos delitos; el extraordinario trabajo autogestivo y de solidaridad que han realizado los familiares de personas desaparecidas para dar con su paradero. Pero es necesario volver a tocar el tema.
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Hace cinco meses comentamos en este mismo espacio que por aquellas fechas (noviembre del 2021) el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) habría de realizar una visita a México y estaría efectuando una investigación. Dijimos entonces que deberíamos estar muy atentos a lo que resultara de esa visita. Bueno, pues la semana pasada rindieron su informe y hay varias cosas que deben subrayarse por lo relevantes que resultan. Solo destaco seis:
Primero, confirmaron que el fenómeno se disparó en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Textualmente dice el informe: “entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98% tuvo lugar en dicho período. Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Segundo. El numero oficial de desaparecidos es superior a 95 mil y se incrementa, en promedio a 100 cada semana, pero las cifras no son fiel reflejo de la realidad, pues, “las desapariciones frecuentemente se reportan entre uno y dos años después de su perpetración, lo cual limita las posibilidades de extraer conclusiones definitivas a partir del análisis de las cifras más recientes”.
Tercero. Los presuntos responsables de este tipo de delitos ya no son sólo los agentes del Estado (lo cual era recurrentemente señalado durante las décadas de los 60s, 70s y 80s), aunque si hay un buen número de casos en los que se les puede ver involucrados. Dice el informe: “Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
Cuarto. El perfil de las personas desaparecidas sigue siendo mayoritariamente hombres jóvenes, de entre 15 y 40 años de edad. No obstante, aclaran que, según su investigación, se muestra “un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.
Quinto. Las estructuras gubernamentales parecen observar de manera impávida como los casos se multiplican, pues sólo entre 2 % y 6 % del total de los casos de desapariciones habían sido judicializados, y únicamente se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional. Y agregan: “Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados. La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas”.
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Sexto. Hay una gran crisis forense en todo el país, pues al menos más de 52.000 personas fallecidas, pero sin identificar yacen en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Es decir, las personas que se reportan desaparecidos bien podrían ya haber sido localizadas (aunque muertas) pero no es posible identificarlas, pues se carece de infraestructura, personal, medios y condiciones para hacer los estudios forenses que lograran decir a las familias “aquí esta su hijo o su hermano o su madre”. Y, de acuerdo con el multireferido informe, “los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73 % de los cuerpos no identificados”.
El informe es extenso, en muchos casos detallado y, sobre todo, crudo. Se le puede consultar en https://acortar.link/3zXk5v. El punto al que llega es lapidario: el fenómeno esta fuera de control hay incapacidad del gobierno mexicano para atenderlo y recomienda solicitar ayuda a instancias internacionales. En este último sentido habría que preguntar hasta cuando el Estado mexicano aceptara su incapacidad, solicitara ayuda o implementará medidas serias para empezar a revertir este indignante problema que se generó tras una pésima decisión de gobierno, tomada en el año 2006, buscando legitimidad tras un evidente fraude electoral.