«El Ejército los detuvo y desaparecieron», voces contra la represión llegan a Toluca

"El Ejército los detuvo y desaparecieron", voces contra la represión llegan a Toluca
Llamaron a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad a unificar los esfuerzos de justicia por todos los casos de desaparición forzada que hay en el país

Una comisión del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de diversos estados del país llegó este viernes a la capital mexiquense para difundir entre universitarios y otros sectores sociales el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, militantes del Ejército Popular Revolucionario, quienes fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por el ejército en 2007 en Oaxaca.

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Se trata de un caso histórico pues el pasado miércoles la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un amparo presentado por los familiares de ambos desaparecidos en el que emplaza al gobierno federal a formar una comisión especial de búsqueda para dar con su paradero.

La sentencia también ordena a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda abrir instalaciones militares para investigar la ubicación de las víctimas, interrogar a los mandos vinculados a los hechos y publicar los avances de las pesquisas.

La llegada a Toluca

Provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Michoacán, los integrantes del FNLS realizaron a mediodía una conferencia de prensa y repartieron propaganda para visibilizar el caso entre estudiantes de la UAEMex y colonias de la ciudad de Toluca. Estas acciones son parte de la jornada de lucha nacional que mantiene la organización; además de un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia en la CDMX.

En la universidad estatal, leyeron un comunicado en el que destacan los avances en la exigencia de justicia por la desaparición forzada de sus compañeros. Asimismo, invitaron a organizaciones sociales y de derechos humanos a estar atentos del proceso de justicia. Llamaron a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad a unificar los esfuerzos de justicia por todos los casos de desaparición forzada que hay en el país.

“A los familiares de las miles de víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de Estado nos corresponde unificar esfuerzos para continuar la lucha por la presentación con vida de los miles de detenidos desaparecidos; el acceso a la justicia es un proceso de lucha permanente que las víctimas de violencia institucional solo pueden encontrar de forma organizada”, señalaron.

Permanecieron durante una hora en el puente que cruza hacia el parque Vicente Guerrero, en donde dialogaron con jóvenes y medios de comunicación; posteriormente se retiraron para continuar con su agenda de actividades que desarrollarán en el Valle de Toluca.

La lucha guerrillera y los movimientos sociales

Edmundo Reyes y Gabriel Cruz eran parte del Partido Democrático Popular Revolucionario y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esta organización guerrillera surgió en los años 90 en el estado de Guerrero y ocuparon las armas para cambiar las condiciones de desigualdad en México.

Su levantamiento armado se dio cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional ya había tomado las armas en Chiapas. Además tuvo como antecedente las decenas de guerrillas que surgieron en México en la década de los 70, muchas fueron aplastadas con la llamada “Guerra Sucia”.

Un conjunto de medidas de represión militar y política que fueron encaminadas a disolver a los movimientos de izquierda en México con la intervención del ejército mexicano y corporaciones de inteligencia.

Así del 1 de enero de 1969 al 13 de septiembre de 1999 –periodo correspondiente a la guerra sucia– se registró la desaparición forzada de 480 personas en 17 entidades de la República. En 62 por ciento de los casos (296), elementos del Ejército mexicano estuvieron involucrados, señaló en 2015 un informe de la Procuraduría General de República (PGR), publicado por El Universal.

La mayoría de casos quedaron ocultos durante los gobiernos priistas y fue hasta el periodo de Vicente Fox que se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). La dependencia abrió expedientes y avanzó en investigaciones; sin embargo, no estableció responsabilidades contra ninguna de las autoridades que intervinieron en los crímenes de lesa humanidad.

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Desaparecen a integrantes del EPR

Pese a la medida y los presuntos cambios para que la desaparición forzada no se repitiera, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por el Ejército. Los hechos ocurrieron en el 2007, durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón y cuando el priista Ulises Ruíz Ortiz era gobernador de Oaxaca.

La desaparición se dio en el marco del surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); un movimiento social de gran magnitud en Oaxaca que exigía, principalmente, la renuncia de Ulises Ruiz Ortiz. Los alcances de las protestas y de la organización social llevaron a que el periodista Diego Osorno denominara el movimiento como la primera insurrección del siglo XXI.

Las protestas –que se concentraban en el centro de Oaxaca– fueron apagadas con la intervención de la Policía Federal Preventiva, que se confrontó abiertamente con la población y las organizaciones sociales. El 17 de noviembre de 2006, la APPO reportaba un total de 17 muertos y alrededor de cuarenta detenidos. A partir de esa fecha, las organizaciones sociales sufrieron una fuerte persecución del Estado y unos meses después, el 25 de mayo de 2007, Edmundo y Gabriel fueron desaparecidos.

La militarización que continúa

El 3 de agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró –en la conferencia mañanera– que cumplirá con lo que la SCJN decida, demande y resuelva respecto al caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz.

“Nosotros estamos en una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, de no caer en impunidad; que se sepa todo y se finquen responsabilidades de acuerdo a los procedimientos legales y no haya obstáculos de ninguna institución del Estado”.

Pero recientemente declaró que tiene la intención de que elementos de la Secretaria de la Defensa (Sedena) y de la Marina Nacional permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después de 2024, una vez terminado su sexenio, pese a la oposición que manifestó durante su campaña a la militarización del país.

Ante esto Juan Hernández, uno de los miembros del FNLS que estuvo en Toluca, expresó su preocupación. Explica que en el trabajo social en el que se desempeñan, en el trato con las comunidades más marginadas del país y en los casos de desaparición forzada han visto otra cara del ejército.

“Nosotros lo que hemos dicho es que con todo lo que está sucediendo es seguirle garantizando de más impunidad; dotarles de más poder para que se sigan cometiendo más crímenes. A nosotros no nos ha beneficiado la política de la militarización que en su discurso es para la propia seguridad del pueblo de México y que puedan garantizar la paz. Nosotros vemos que con esto se va a arreciar la propia violencia que ya está presente; se va a arreciar contra organizaciones sociales como la nuestra, que no hemos dejado de denunciar los crímenes de lesa humanidad, de señalar a los autores materiales del ejército que tienen impunidad”, concluyó el activista.