Es una realidad que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa –el 26 de septiembre de 2014– no ha sido resuelta. Luego de ocho años todavía existe información oculta que surge a cuentagotas y que, cada vez más, señala al Estado como partícipe de la desaparición de los estudiantes. Un acontecimiento que por distintas causas ha marcado la historia del país.
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Al comienzo de esta semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reveló la existencia de un video en el que se observa a integrantes de la Marina en el basurero donde –según la versión histórica– fueron incinerados los estudiantes desaparecidos. En el video se aprecia a los integrantes de la corporación cuando llegan en una camioneta, sacan un par de bultos blancos y hacen una hoguera.
Una promesa incumplida
Este video, que no formaba parte de la carpeta de investigación, vuelve a poner a las fuerzas armadas de México como involucradas en la desaparición y probable asesinato de los muchachos desaparecidos. No es que la mira social se haya alejado de la milicia, sino que después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la promesa de investigar el caso y de castigar a quienquiera que fuera responsable se pensó que podría abrirse una puerta –cerrada desde que se dieron los acontecimientos– hacia la línea de investigación que involucra a los militares.
La promesa del actual presidente de ser transparentes se ha ido desdibujando a lo largo de tres años y, una vez más, es el grupo independiente –patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– quien revela la presencia de una docena de marinos en el basurero un mes después del ataque y la desaparición de los normalistas.
Esta actuación fue registrada por la cámara de un dron de la armada, poco más de dos horas de grabación, que el GIEI consiguió junto con el informe de la visita de los efectivos al sitio.
Descubrimientos a cuentagotas de los involucrados en caso Ayotzinapa
Ya en 2016, el GIEI había informado que Tomás Zerón, quien encabezó desde 2014 las investigaciones respecto al caso, acudió a la zona con un detenido. El registro de esta visita tampoco estuvo integrada al expediente. Tomás Zerón fue señalado –luego de la llegada a la presidencia de López Obrador– por la nueva administración de la Fiscalía de contribuir a la construcción y presentación de una versión falsa de lo sucedido, así como de torturar detenidos y manipular evidencia.
En enero de 2022, según información publicada en El País, la cancillería mexicana entregó a Israel –donde actualmente parece encontrarse Zerón– los documentos para iniciar su extradición.
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La versión histórica configurada durante la presidencia de Enrique Peña nunca ha sido creíble para los familiares, los abogados ni los integrantes del GIEI. A cuentagotas se han hecho descubrimientos que, por aisladas, no aportan a la resolución del caso, está, por ejemplo, la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Rodríguez y Alexander Mora.
¿Fue el Estado?
Desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los muchachos que hacían una toma de autobuses en Iguala, para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México fueron interceptados, subidos en camionetas y llevados con destino desconocido. Desde entonces, los padres, organizaciones solidarias y e involucrados han visto en el Ejército un elemento para investigar.
Ha habido en el camino datos como la localización del teléfono de uno de los muchachos en el campo militar. También, la negativa contundente por parte de la institución castrense a conducir la investigación a sus terrenos, y las sistemáticas obstaculizaciones que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina han hecho a las pesquisas.
El video presentado estuvo en manos del Ejército y no fue presentado, se supone que debían colaborar, no obstante, dijo en una declaración el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, “lo que nos damos cuenta es una actuación sucia. Una actuación de un juego sucio de las Fuerzas Armadas que en nada ha contribuido a la verdad, con una visión contrainsurgente que no tenía el objeto del esclarecimiento de estos hechos”.
En el informe de los expertos del GIEI también se reveló que la Secretaría de Marina y el Ejército mantuvieron en secreto que los estudiantes y los criminales eran vigilados en tiempo real cuándo los jóvenes fueron atacados por policías la noche del 26 y 27 se septiembre de 2014.