Desde el mes de junio, luego de la elección en algunos estados, el PAN anunció que buscaría conformar un frente amplio opositor para ir a la elección presidencial del año 2018, posteriormente el PRD hizo pública su intención de integrar un frente amplio democrático con el mismo propósito. Recientemente el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano manifestó que los órganos directivos de éste instituto político participarían en la construcción del frente ciudadano con otros partidos.
Al interior del Partido Acción Nacional la decisión la tomó la Comisión permanente, mientras que en el Partido de la Revolución Democrática fue el Comité Ejecutivo Nacional y en el Partido Movimiento Ciudadano fueron los órganos directivos del mismo; cabe señalar que en ninguno de los casos se realizó una consulta previa a su militancia, es decir fue una decisión cupular.
El argumento toral de los tres partidos es que resulta necesario un acercamiento a los diferentes actores políticos, académicos y sociales para que “juntos en el 2018 haya un cambio en el país”, pues asumen de entrada que sólo es posible derrotar al PRI y a MORENA, generando éste tipo de acciones, en pocas palabras se asumen como una tercera opción.
El día 5 de septiembre los 3 dirigentes nacionales Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado acudieron ante el Instituto Nacional Electoral a presentar una carta intención para “formalizar” esta primera fase de una figura que no está regulada en la ley y a la cual decidieron denominar “Frente Ciudadano por México”, con miras a la elección presidencial del próximo año, cuya redacción es confusa, pues con ello se pretende realizar un gobierno de coalición sin ser una alianza electoral, pero tampoco es una coalición electoral o candidatura común (figuras sí establecidas en la normatividad electoral). El documento detalla que estará vigente hasta el 5 de septiembre del año 2024 y entre sus objetivos está la creación de un sistema de pesos y contrapesos, de transparencia y rendición de cuentas que permitan la fiscalización, así como el combate a la corrupción e impunidad. Éste documento debe de pasar por el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de ser discutido.
En pocas palabras estimado lector, lo presentado por los tres dirigentes nacionales de los partidos ya referidos es meramente una “carta intención” para ir formalizando una figura que no es del todo clara, pues no está contemplada en la ley y que en las generalidades referidas por los firmantes se presta a muchas interpretaciones, por ello es necesario que si en realidad quieren ser una opción seria, se comience a realizar un formato apegado a las normas y no la sola presentación de este documento tan general, ya que queda reducido a una inacabada idea de querer hacer algo, pero de no saber qué, ni cómo, y la verdad es que los ciudadanos queremos y buscamos una opción que le dé otro rumbo al país, mejorando la calidad de vida de las personas, pero ésta alternativa debe ser clara y más específica, pues el tiempo apremia.
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