Las comisiones legislativas de Educación y la de Gobernación y Puntos Constitucionales avalaron la iniciativa de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con la cual puntualizan las atribuciones y alcances del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
A propuesta de los integrantes se hicieron algunos ajustes, entre ellos: aumentar el plazo de 30 a 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de este decreto, para expedir el Reglamento Interno correspondiente y para armonizar su normativa interna, en los términos de este acuerdo.
También se precisó que el OIC contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objetivo y las necesidades que requieran, de acuerdo con la disponibilidad financiera; mediante el proceso de planeación, programación y presupuestación que se lleva a cabo anualmente.
Deja claro que los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio del 2017 deberán concluir de acuerdo a las leyes vigentes en ese momento y los posteriores con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de la entidad.
En los requisitos se ajustó la edad mínima a 30 años y no será necesario que sea egresado de esta casa de estudios, sino de cualquier otra universidad pública del país, además de los requisitos que se establecieron originalmente en la iniciativa.
Esto es, tener experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y rendición de cuentas, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría, obra pública, adquisiciones, arrendamiento y, o servicios del sector público.
Debe tener título profesional con al menos siete años de antigüedad, relacionado con la rendición de cuentas; no haber prestado sus servicios como auditor a la UAEMex en los cinco años anteriores; no haber sido secretario, fiscal de justicia ni diputado, senador o edil, gobernador ni dirigente político o responsable de los recursos de algún partido político.
Al documento sólo le falta ser votado en el pleno, donde se prevé ser aprobado porque todas las fracciones parlamentarias estuvieron de acuerdo. El asunto se agendó para la sesión de este martes, pero se prevé un receso antes y que la votación se postergue hasta el jueves.
Entre las atribuciones que se le confieren al titular de este órgano con autonomía técnica y de gestión está el prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales, estatales, municipales y propios, así como presentar denuncias ante la Fiscalía de Justicia cuando se presuma una posible falta penal.
La duración en el cargo es por cuatro años, con posibilidad de un periodo inmediato más.
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