Toluca, México; 13 de mayo de 2018. La casa 203 en la calle de Eulalia Peñaloza en la colonia Federal era, hasta hace poco, el hogar de la madre de la senadora priista María Elena Barrera. Allí vivió por años hasta que su madre le compró una casa en una colonia cercana. Desde entonces la vivienda ha tenido diversos usos. Fue estudio de música y también centro de reuniones de empleados del ayuntamiento de Toluca, aunque pasó grandes periodos de tiempo vacía.
Para 2017, antes de las elecciones intermedias, la casa fue reabierta y una gran actividad se registró ahí. Fue tan grande que la colonia entera no tardó en enterarse de que una oficina del PRI, mejor dicho, un búnker, se había instalado en el número 203 y que allí iban empleados del ayuntamiento y capacitadores de ese partido para recibir adiestramiento para la jornada electoral. Allí se configuraba una estructura que pagaba a algunos 10 mil pesos por una sola jornada de trabajo y por asistir 3 ó 4 veces a esas capacitaciones.
Esa casa era parte de la Estructura H, un equipo organizado con recursos del ayuntamiento de Toluca para apoyar al PRI en los comicios locales y que, junto con burócratas del gobierno del Estado de México, se han convertido en la maquinaria perfecta para encarar la guerra en la que los partidos políticos han transformado los procesos comiciales. Esa casa, la de Eulalia Peñaloza 203, es sólo una de varias docenas diseminadas por la ciudad, adaptadas para servir como “centros secretos”. Los ayuntamientos en el Estado de México no funcionan igual en tiempos electorales. Se convierten en máquinas de apoyo para candidatos, quienes usan las estructuras burocráticas como soporte de campaña y de hecho transforman a personal pagado por el municipio para que operen para ellos.
Esa estructura partidista para la compra de votos funciona de una manera oculta aunque a la vista de todos porque tiene sus bases en la regionalización administrativa operada desde las secretarías más importantes y con mayor contacto hacia afuera, como la de Educación o instancias como la Fiscalía del Estado de México. El gobierno divide territorio creando direcciones y subdirecciones de las secretarías, desde donde los funcionarios construyen cuadros que al mismo tiempo que trabajan para las dependencias promocionan al PRI y generan militancia, voto duro.
El municipio de Toluca se divide en colonias, barrios y delegaciones. Cada localidad está representada por un delegado, quien desempeña una función política y al mismo tiempo tiene control sobre el Copaci (Consejo de Participación Ciudadana); donde se reciben todos los apoyos del municipio y se reparten en las comunidades. El Copaci se encarga de acopiar el apoyo gubernamental como los materiales de construcción y registros a programas sociales, y después los distribuye entre quienes necesitan de ellos; no obstante, en épocas electorales estas estructuras funcionan como condicionantes del voto, ya que si la gente no accede a acudir a eventos políticos el apoyo es negado.
Así operó el PRI en el Estado de México el año pasado, en las campañas electorales en donde se eligió gobernador. A través de las 82 alcaldías que controla, proporcionó apoyos como luminarias, despensas, materiales de construcción, canastas con comida y acceso a programas de desarrollo social. Además, la obra pública, como la pavimentación o repavimentación de calles, el aseo de la vía pública y de parques, la colocación de luminarias, entre otras acciones de gobierno, se realizan antes de los comicios, para que las acciones queden “frescas” entre la población el día de la elección.
En 2015 Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en ese entonces candidato del PAN a la alcaldía de Toluca, denunció a su homólogo del PRI, Fernando Zamora Morales, quien a la postre ganaría la presidencia municipal de la capital mexiquense, por facilitar materiales de construcción a través de una estructura interna del ayuntamiento de Toluca para la compra de votos.
Sánchez acusó a Gabriela Gallardo Ortiz, en ese entonces directora de Gobierno, así como a autoridades auxiliares del ayuntamiento de Toluca, de ser parte de la denominada “Estructura H”, conformada por un grupo de trabajadores del gobierno de Toluca que operaban, con el aval del entonces alcalde suplente, Braulio Álvarez, para beneficiar a Zamora.
El organigrama
• Estructura H: son los gobiernos municipales. Se destinan recursos como luminarias, despensas, materiales de construcción y realización de obra pública durante la jornada electoral para cooptar la conciencia de la población, así como operación electoral con recursos humanos pagados por el erario público. Según la revista Proceso, los ayuntamientos priistas ponen en operación la regla “10×10”, en la que cada mando medio (directores de dependencias municipales), tiene el compromiso de convencer a una decena de personas para que voten por el PRI. En algunas ocasiones la acción es estimulada por un bono económico, lo que motiva a los servidores públicos a trabajar en el convencimiento de las personas.
• Estructura P: Es la estructura interna de los partidos políticos. Del presupuesto destinado por los órganos electorales locales y federal, los institutos políticos destinan dinero a personas conocidas como “mapaches electorales”. Su función consiste en difundir casa por casa las propuestas de los candidatos, registrar en listas el nombre y la dirección de las casas visitadas, convencer a las personas de vender su voto por determinada cantidad de dinero, exigiendo copias de su credencial de elector y citándolas en algún punto en donde se les dará la cantidad acordada por la copia de su credencial. El día de la jornada electoral los mapaches son los encargados de ir a las casas de aquellas personas que decidieron vender su voto y obligarlas a acudir a las urnas para que voten por determinado partido. En algunos casos, piden fotografía de la boleta en donde se haya marcado la casilla del partido que compró su voto. Estas personas recibieron un sueldo promedio de 2 mil 500 pesos por quincena para desempeñar esta función durante los comicios del año pasado en el Estado de México.
• Estructura G: Es la estructura del gobierno del Estado de México. A través de ella se destina presupuesto al desarrollo de políticas públicas, programas de desarrollo social u obra de competencia estatal. En 2017 el presupuesto federal para el Estado de México se incrementó un 17.6 por ciento, al pasar de 221 mil millones de pesos a 260 mil millones. En el rubro de los programas de desarrollo social en la entidad, el aumento fue del 32.90 por ciento, al pasar de 3 mil 842 millones de pesos en 2016 a 5 mil 106 millones de pesos para 2017. Para las elecciones locales del año pasado en el Estado de México, los gobiernos federal y estatal dividieron el territorio de la entidad en 20 regiones, en las que miembros del gabinete presidencial trabajarían junto con 136 coordinadores municipales, 750 coordinadores territoriales, 7 mil 632 comisionados por sección electoral y 70 mil coordinadores de cuadrante para conseguir 2 millones 800 mil votos que serían el soporte para que Alfredo del Mazo llegaría a la gubernatura del Estado de México. La movilización gubernamental contó con la visita de 10 secretarios y subsecretarios federales en cuatro meses, la visita de Peña en 22 ocasiones entre enero y mayo de 2017, y el apoyo en recursos económicos de gobernadores priistas para la movilización del 4 de julio.
• Estructura sindical: Los sindicatos del Estado de México, específicamente el del SMSEM, tienen la encomienda de hacer labor de convencimiento entre la población mayormente rural para que voten por el partido en turno, que en el caso mexiquense es el PRI.
En las elecciones locales de 2015, en la que se renovaron las alcaldías de los 125 municipios mexiquenses, en Toluca el PRI echó a andar su maquinaria a través de las estructuras para la compra de los votos entre la ciudadanía. En unos comicios en los que hubo 60 % de abstención, las propagandas políticas se enfocaron en la militancia partidista y muy poco en los ciudadanos.
Nuestro Tiempo, semanario independiente de Toluca, reportó que la Estructura H fue comandada por la ahora candidata a la diputación local del distrito 2 de Toluca, Martha Hilda González Calderón, en el 2015.
“En Toluca va a ganar el priista Fernando Zamora porque tiene la estructura política que el PAN de Juan Rodolfo Sánchez Gómez no puede operar. Algunos empleados del ayuntamiento, la Estructura H, claro que existe, están trabajando en la campaña del PRI, pero no están operando para Zamora Morales, la mayoría está trabajando para la ex alcaldesa Martha Hilda González Calderón, quien compite por una diputación federal, y que a fin de cuentas es la responsable de las campañas para Toluca”, informó a ese medio un empleado de la presidencia municipal de Toluca que pidió anonimato.
Como apéndices de la estructura gubernamental para la compra de votos en los procesos electorales funcionan dos instituciones: los ya mencionados Consejos de Participación Ciudadana y las Unidades de Verificaciones Administrativas. Las primeras se encargan de distribuir los apoyos de los programas de desarrollo social entre la población y las segundas de mantener control sobre el comercio informal y obtener dinero.En 2015 la Unidad de Verificación Administrativa era coordinada por Víctor Hugo Roldán Pichardo y se encargó de recaudar cuotas entre comerciantes ambulantes de la ciudad para que el ayuntamiento de la capital mexiquense no los desalojara de las zonas en donde se instalaban.
Los comerciantes denunciaron que el monto ascendía a 40 mil pesos semanales, dinero que se destinó principalmente al financiamiento de la campaña de Martha Hilda González Calderón, quien en ese entonces buscó la diputación del distrito 34 federal del Estado de México, cargo al que accedió en 2015. Las Unidades de Verificación Administrativa dependen del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, organismo que institucionalizó las visitas e inspecciones de los funcionarios públicos a los negocios en el Estado de México.
El instituto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, y tiene como función principal “verificar los negocios, inmuebles y construcciones […] así como los vehículos de transporte público […] cumplan con las normas vigentes en la materia”, y prevenir situaciones de riesgo en esos lugares.
Este organismo fue creado por iniciativa del ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en el 2016, en sesión del Cuarto Periodo Ordinario de la Legislatura mexiquense. Los legisladores informaron que su objetivo sería el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades administrativas de negocios.
Por su lado, los Consejos de Participación Ciudadana son instrumentos de gobierno que tienen como fin la vinculación entre los ciudadanos y el gobierno municipal. A través de este mecanismo los representantes de las colonias, barrios y delegaciones de los ayuntamientos mexiquenses evalúan la calidad de los servicios municipales y programan, en coordinación con las autoridades, los programas, acciones y recursos que necesitan las comunidades.
Los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Estado de México especifican la conformación de los Consejos de Participación Ciudadana, la forma en que serán seleccionados, el periodo de duración en el cargo, así como las funciones dentro de la administración municipal. Pero la función para las que fueron constituidas los Copaci se tergiversa en los procesos electorales a nivel municipal. Los partidos políticos cooptan los votos de los ciudadanos a través de estos organismos.
Los mapaches electorales y los delegados de las unidades administrativas del municipio (colonias, barrios y delegaciones), exigen a las personas copias de sus credenciales de elector para que sean beneficiados de los programas y los apoyos del gobierno municipal, estatal o federal. Con las copias integran listas que utilizan en el día de la elección para saber quiénes son las personas que tienen que votar por el partido político determinado.
Otra obligación frecuente exigida por los delegados de las unidades administrativas municipales es acudir a mítines políticos de los partidos en contienda. El presupuesto que destinan los organismos electorales estatales y federal a los partidos políticos es canalizado para adquirir alimentos, playeras, gorras y despensas para entregar a aquellas personas que acuden a los eventos políticos.
A las estructuras tradicionales partidistas habrá que sumar las campañas en medios electrónicos, redes sociales y páginas de internet, impulsados por un ejército de bots que se encargan de inundar la red con mensajes positivos hacia un candidato, con el fin de crear en la opinión pública una imagen positiva de un político, a pesar de que el partido no haya dado óptimos resultados durante su gobierno. El mensaje, claro, también puede ser negativo.
Desde 2012 esta forma de hacer política ha resultado redituable para influir en las tendencias de preferencia de voto. Los partidos pagan para crear cuentas falsas que generan tendencias en las redes sociales, posicionando ideas en los perfiles activos e influyendo en la decisión de los votantes. Esta estrategia fue utilizada el pasado año en las elecciones de gobernador mexiquense, y fue más usada por el abanderado del PRI, Alfredo del Mazo Maza.
En las actuales campañas un grupo de organizaciones y periodistas crearon la plataforma Verificado.mx, en donde investigadores trabajan en corroborar información que inunda la red.
Estas estructuras políticas fincan sus bases en el capital social, categoría que en sociología explica la variable de colaboración entre diversos actores de la sociedad para la consecución de un bienestar o beneficio común.
El sociólogo estadounidense Robert Putnam identificó tres variables que conforman el capital social: las redes sociales, la confianza y la reciprocidad.
Estas tres variables son la base sobre la cual los partidos extienden su influencia política, más en épocas electorales, pues las instituciones necesitan del voto de los ciudadanos para acceder y mantener el poder.
Rafael Cedillo Delgado, investigador de la UAEMéx, dice que el capital político se finca en un territorio con fuertes redes corporativistas y de clientelismo, entre ellas los sindicatos o los gremios, a los que los partidos políticos utilizan como apéndices electorales para la cooptación de los votos entre la gente de esas comunidades.
“En el ámbito económico-social los partidos políticos utilizan las estructuras sindicales, corporativas y de agrupaciones para extender sus mecanismos de control y apoyo de militantes y simpatizantes que les permitan tener mejores resultados en las elecciones. El partido político ofrece mantener o ampliar las ventajas o privilegios con que cuentan las organizaciones, a cambio solicitan que estas apoyen en las actividades proselitistas y garanticen una cantidad específica de votos”.
Una máquina imparable
Lunes 25 de julio de 2012. A una semana de los comicios presidenciales en las que Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM), Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-MC), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Gabriel Quadri (PANAL) buscaban llegar a Los Pinos, la maquinaria electoral de los partidos trabajaba a marchas forzadas para ganar la presidencia del país, después de dos sexenios de administración panista.
Un testimonio de primera mano narra cómo trabajan los compradores profesionales de votos. Ese día un mensaje llegó al celular de José Enrique. Era de un conocido, vecino de la colonia donde radica, de nombre Jonathan “N”. Le preguntó directamente si no quería ganarse 2 mil pesos. En aquel entonces José estudiaba el octavo semestre de la licenciatura en la UAEMéx y no tenía trabajo. Una cantidad podía aliviarlo un poco: solventar útiles, copias, transporte y comida para acudir a la escuela.
Accedió entonces. Le preguntó qué tenía que hacer, cuál era el trabajo y le respondieron que tenía que presentarse en casa del amigo con una copia de la credencial de elector. Cuando acudió, se le dio a entender que el partido en el que el conocido trabajaba, el Revolucionario Institucional, le pagaba por convencer a personas para que le dieran copia de sus credenciales y para que los llevara a un inmueble en donde, a cambio del papel y una firma, el PRI les daría dinero.
Era una compra de votos. Jonathan era un “mapache electoral”, sólo trabajaba en épocas de elecciones y le pagaban según la cantidad de personas que reuniera. José Enrique accedió y fue citado el martes 26 de julio, junto con otras personas, en la avenida Isidro Fabela, frente a la Preparatoria Cuauhtémoc de la UAEM. De ahí saldrían los camiones que los llevarían a donde recibirían el dinero.
Llegó a las 9 y en el lugar había tres camiones de una línea de transporte urbano de Toluca. En el lugar ya había gente esperando. Subieron a las unidades y partieron rumbo a Palmillas. Dentro del autobús, un sujeto vestido con gorra y playera del PRI nos repartió un lunch: sándwich de jamón, un jugo y una fruta para desayunar antes de llegar al lugar en donde comprarían los votos.
Viajaros por unos 10 minutos hasta una bodega ubicada en la carretera Toluca-Atlacomulco, antes del mercado de Palmillas, con dirección a Atlacomulco. Los tres camiones se estacionaron, y bajamos todos los que viajábamos. En las inmediaciones de la bodega había unas mil personas, todas formadas en dos hileras en espera de entrar. Cuando bajaron, un representante del PRI indicó que se formaran, que tuvieran sus papeles a la mano y que mantuvieran el orden para evitar contratiempos. Parecía un evento de la militancia priista, la conferencia de un candidato a diputado o de un regidor.
José Enrique esperó media hora hasta que llegó frente a las puertas de la bodega. No se veía seguridad, pero se sentía vigilado, y supone que había policías vestidos de civiles alrededor de las instalaciones. Adentro había otras mil personas, formadas en hileras zigzagueantes.
En la entrada le preguntaron su nombre, el cual dio. Lo revisaron y lo marcaron con un plumón. Avanzó. Adentro había madres con sus hijos pequeños, señores de edad avanzada, trabajadores, gente de todos los estratos, desde campesinos de la zona norte de Toluca hasta trabajadores de clase media.
Tardó una hora formado, avanzando lento. Al final, sobre un templete de madera, había cinco mesas dispuestas de forma horizontal y detrás de ellas 20 personas con papeles y documentos en su poder, revisando nombres. Pasó al templete y un tipo de unos 50 años le pidió de nueva cuenta el nombre. Se lo dio. Verificó una hoja y marcó. Le pidió copia de la credencial, sólo la copia. La original no la pidieron. Les entregó la copia, archivaron el papel en un fólder, y firmó una hoja. Firmé. La guardaron en el mismo fólder, verificaron algunos papeles más, y le dieron un sobre pequeño y cerrado.
Lo abrió y dentro había cuatro billetes de 500 pesos. Antes de salir un tipo le dijo que el día de la elección tenía que ir a la casilla que le correspondía a votar por el partido que le estaba ayudando en ese momento. Salió de la bodega, y el mismo transporte que los había conducido hasta la bodega los dejó en el punto de partida.
Llegó el día de la elección, domingo, y no votó. No tenía credencial, no obstante, ese no fue impedimento para que el PRI le diera el dinero. El día de los comicios salió temprano de su casa. Vio en algunas casas a grupos reducidos de dos o tres personas tocando timbres. No eran Testigos de Jehová. Eran aquellos mapaches, pues a ellos también les corresponde ir el día de las elecciones, a buscar a las casas aquellos que acceden a vender la copia de la credencial.
En las urnas también hay mapaches. Ellos verifican en sus listas que acudan todos a los que compraron. Al mediodía tocaron a su puerta. Una, dos, tres […] más de diez veces tocaron. No abrió. Una hora después sonó el timbre, diez veces más, no abrió. Se enclaustró. No salió por la tarde, se sentía vigilado. Así pasó el resto del día, leyendo las noticias de la red. Amaneció el lunes 2 de julio con la noticia de que Enrique Peña Nieto era el virtual ganador de los comicios y sería el próximo presidente de México.
Acerca de su voto, nunca volvieron a molestarlo.
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