Las más de cien hectáreas del territorio de Jiquipilco afectadas por la tala ilegal son la muestra representativa de la situación de los bosques del Edomex, ya que, las exigencias de los vecinos y ejidatarios han exhibido las limitaciones de las distintas dependencias e instancias de gobierno.
El 21 de octubre el ayuntamiento recibió a representantes de Probosque, Profepa, Semarnat, la Fiscalia General de la República y el gobierno del Edomex para entablar un diálogo abierto con los habitantes, quienes esperaban impacientes escuchar los resultados de las autoridades, ante las constantes denuncias realizadas.
Sin embargo los resultados se convirtieron en un listado de justificaciones de las distintas dependencias que aceptaron la existencia de la problemática y sugirieron que la población atienda la investigación, así como la prevención de tala.
La respuesta de las comunidades no se hizo esperar, lanzaron un ultimátum de diez días para que se comience a vigilar de manera permanente el bosque por parte de la Guardia Nacional, Policía estatal y municipal, así mismo demandaron que se permita a la población organizada asegurar la madera talada que aún se encuentra disponible en el bosque, de lo contrario iniciaran una serie de protestas.
Incapacidad
“Es preocupante la situación que viven estas zonas que comprenden Jiquipilco, Nicolás Romero, Isidro Fabela, Jilotzingo, Temoaya, desafortunadamente nosotros como la Protectora de bosques tenemos ciertas reglas de operación y ahorita no tenemos el convenio con Profepa, anteriormente cuando había convenio teníamos las actuaciones y podíamos realizar actos de molestia; en este momento estamos atados de manos y no podemos realizar operativos, no podemos realizar filtros de revisión al transporte, lo que podemos brindar son capacitaciones al personal de seguridad”.
Así lo señaló en su primera intervención Cinthya Itzel Torres Valladares, jefa de la cuadrilla inspectora forestal de Probosque del área Toluca, quien rechazó poder intervenir en la problemática, pese a que conoce cómo se ha profundizando en la región.
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Una a una las participaciones que se dieron por parte de las autoridades fueron en el mismo sentido, la Profepa, a través de José Guadalupe Manjarrez Escobar, encargado del área de denuncias, justificó que las denuncias presentadas no cuentan con nombres de los posibles implicados por lo que la dependencia no puede avanzar así.
“Aquí lo importante es que cuando presenten sus denuncias tienen que dar nombres o alguna dirección de las personas que resulten responsables, porque si no los dan es difícil establecer un procedimiento o darle seguimiento en contra de alguien”.
Las denuncias ante esta dependencia fueron presentadas por parte de la presidenta municipal de Jiquipilco, Marisol González Torres, luego de las protestas de los vecinos. En respuesta la Profepa pidió que se presentaran elementos más específicos como nombres y direcciones de responsables, en diez días hábiles, de lo contrario se le dará “carpetazo”, un aspecto que fue cuestionado por parte de la alcalde, “no puede ser así porque el delito ahí está, no estamos hablando de un árbol sino de miles de árboles”.
“Es un ecocidio lo que está pasando”, señaló durante su intervención Valentín Villanueva Montenegro representante de la Semarnat, que también se sumó a las justificaciones de Profepa “Es muy importante la participación de ustedes no le echemos la culpa a Profepa que no está atendiendo, porque no tenemos personal suficiente para atender todo el estado”.
Descoordinación
Las protestas de vecinos en la región derivaron en que el pasado 29 de septiembre se realizó un “macro operativo” por parte de diferentes corporaciones policiacas, (incluyendo a la Guardia Nacional), en la zona boscosa de los municipios de Temoaya, Jiquipilco e Isidro Fabela; pese a esto, la policía municipal reconoció que no hubo resultado.
Paralelo al fallido operativo y al tratarse de un delito federal, la tala de árboles es investigada por parte de la Fiscalía General de la República, quienes también se presentaron a la reunión del 21 de octubre. A través de Israel Pérez Paredes de la Agencia de Investigación Criminal, se limitaron a informar que han iniciado una investigación; en respuesta los vecinos señalaron que mientras ellos siguen investigando la tala sigue y “se ha duplicado desde que la fiscalía está presente”.
Un problema que se profundiza
De acuerdo con la plataforma Global Forest Watch (GFW) de 2002 a 2020 Jiquipilco ha perdido 112 hectáreas de cobertura arbórea, una cifra que se incrementa si se considera que la plataforma solo registra aquellos cambios en la cobertura que superan los 30 x 30 metros.
El 29 por ciento de las pérdidas de bosque es primario, es decir, bosque virgen que no había sido explotado o alterado por el ser humano por lo que tiene una riqueza de flora y fauna incalculable.
La plataforma también registra que durante el último año las alertas de incendios fueron inusualmente altas en comparación con años anteriores desde 2012, cuestión que coincide con las denuncias de los pobladores de Jiquipilco quienes señalaron que ha habido incendios provocados por los talamontes.
Un diagnóstico similar se encuentra en los municipios contiguos, que también mantienen perdidas y cuyos bosques se encuentran principalmente en el Área Natural Protegida Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa denominado Parque “Otomí-Mexica” del Estado de México.
Este parque Estatal abarca 14 municipios del Edomex y es el área natural de mayor extensión en el centro del país, de acuerdo con algunos estudios al estar entre tres de las ciudades más grandes e importantes de México (México, Toluca y Cuernavaca), se ha visto afectado por el acelerado y desordenado crecimiento demográfico, que demanda la construcción de zonas habitacionales, industriales, de servicios, recreativas y agrícolas.
El deterioro del parque ha sido impulsado por el propio gobierno estatal, pues la polémica carretera Toluca-Naucalpan, atraviesa esta área natural, de la misma manera se encuentran una serie de permisos y cambios de uso de suelo que vienen presionando el área.
Mientras que al Norte del área natural hay un fuerte punto de afectaciones por tala ilegal en los municipios aledaños a Jiquipilco, al sur en municipios como Ocuilan, Xalatlaco y las zonas colindantes con Morelos el efecto es aún más alto, pues la tala ilegal en algunos sitios es tan grave que opera a plena luz del día.
Entre la desesperación y la organización
En Jiquipilco el 16 de septiembre ya hubo una marcha pacífica por la zona y un recorrido el 18 de agosto con la presidenta municipal, ahora ante las respuestas de las autoridades que presentaron sus informes el 21 de octubre lanzaron un ultimatum de diez días.
“Vamos a tomar las carreteras, a ver si así nos escuchan las autoridades” y es que si bien la reunión arrojó acuerdos operativos como la instalación de un vivero en la zona, el tema más urgente de frenar la tala sigue en el aire y los vecinos insisten en que se vigile de manera permanente el bosque por parte de la Guardia Nacional, Policía estatal y municipal.
Por su parte los ejidatarios y vecinos han planteado conformar un consejo comunal y contribuir con denuncias, así como asegurando la madera que se encuentra cortada pero que no ha sido retirada por los talamontes, lo que permitirá ir conteniendo su acción, para ello deberán esperar al menos tres días hábiles para que la Profepa emita una respuesta, medida que calificaron de “burocrática”.
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La combinación de factores que enfrenta Jiquipilco es similar a lo que ocurre en otras partes del país, lo que ha provocado una fuerte movilización social, principalmente en el caso de Michoacán donde pueblos como Cherán iniciaron una lucha contra la tala que derivó en la destitución de las autoridades y la conformación de un gobierno de usos y costumbres que hoy administra su bosque.
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