Investigará CIDH abusos sexuales contra 11 mujeres en Atenco

Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al gobierno mexicano que investigará los abusos sexuales en San Salvador Atenco contra 11 mujeres. El organismo envió el caso "Mariana Selvas Gómez y otras", sobre los abusos sexuales de policías a mujeres en la represión ocurrida en el Estado de México en 2006, […]

Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al gobierno mexicano que investigará los abusos sexuales en San Salvador Atenco contra 11 mujeres.

El organismo envió el caso "Mariana Selvas Gómez y otras", sobre los abusos sexuales de policías a mujeres en la represión ocurrida en el Estado de México en 2006, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un parte informativo de  la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, expone que “ante la posibilidad de que la CIDH determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio Gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.

En mayo de 2006 se registró represión policial en las localidades de San Salvador Atenco y en Texcoco, en el Estado de México, que acabó con dos muertos y 217 detenidos, entre ellos unas 50 mujeres y once de las mujeres victimadas presentaron en 2008 una denuncia ante la CIDH, que admitió el caso en 2011.

De acuerdo con el boletín oficial, al que aluden agencias de noticias, “el Estado busca todavía sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares”.

Se expone además que hay más de 30 personas detenidas, que se creó el fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, y, para evitar que se repitieran actos similares, adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública, entre otros.