Una política cultural revela lo que un gobierno piensa de sus ciudadanos. Las experiencias que pone a su alcance, los recursos que distribuye y el lugar que concede a los creadores expresan una concepción de la vida pública. Allí se decide cuánto espacio tendrán las personas para interpretar y transformar su mundo. Puede decidirse también algo más modesto: cómo mantenerlas satisfechas durante unas horas y convertir después esa satisfacción en una imagen de buen gobierno.

En el Estado de México, esa discusión suele quedar sepultada bajo las carteleras. Los nombres de los artistas ocupan la conversación; las cifras de visitantes y la derrama económica la clausuran. Entre el anuncio y la fotografía de la plaza llena apenas se pregunta qué necesidad cultural atiende el acontecimiento, qué capacidades desarrolla o qué permanece cuando se desmonta el escenario. La concurrencia termina explicándolo todo. Es una medida cómoda: permite contar personas sin detenerse demasiado en lo que les ocurre.

Los festivales ofrecen un lugar privilegiado para examinar esta concepción porque concentran dinero, decisiones y visibilidad. Quimera, en Metepec; Las Almas, en Valle de Bravo, y Atmósfera, en Tecámac, documentan distintas relaciones entre cultura, territorio, mercado y poder. Cada uno tiene su historia. Su examen permite discutir una tentación recurrente de las administraciones: presentar la organización de acontecimientos como prueba suficiente de una política cultural.

El calendario produce una apariencia de plenitud. Hay una celebración para cada temporada, un escenario para cada ocasión y una fotografía para cada informe. Los procesos de los que depende una vida cultural tienen otros tiempos: aprender un instrumento, conservar un archivo, sostener una biblioteca, transmitir una lengua, formar una compañía de teatro. Un concierto puede contratarse para el sábado. La formación de un músico necesita años. El gobierno que busca resultados visibles antes de terminar su mandato encuentra ahí una dificultad y, con frecuencia, una excusa.

La banalización comienza cuando esa diferencia deja de importar. Cualquier espectáculo concurrido acredita desarrollo cultural. La suma de actividades sustituye al criterio que debería relacionarlas; la presencia de un artista extranjero satisface el adjetivo “internacional”; un corredor de artesanías demuestra respeto por el patrimonio. El expediente queda completo. La experiencia de la comunidad sigue pendiente de explicación.

La amplitud del concepto de cultura vuelve más grave esta reducción. La Declaración de México de la UNESCO, de 1982, reconoció que comprende, además de las artes y las letras, formas de vida, valores, tradiciones y creencias. Una sociedad produce cultura en sus maneras de recordar, trabajar, celebrar, narrar y convivir. El gobierno interviene sobre ese mundo incluso cuando cree que sólo contrata un espectáculo. Sus decisiones reconocen unas prácticas, relegan otras y distribuyen oportunidades para que ciertas voces lleguen a ser escuchadas.

En el territorio mexiquense, ese mundo vive en los talleres artesanales, las lenguas de los pueblos originarios, los archivos, las cocinas, los relatos y las fiestas. Vive también en la creación contemporánea, en búsquedas que todavía carecen de prestigio y en quienes intentan producir algo sin saber si encontrarán público. Una política cultural debe comprender esa diversidad y ofrecerle condiciones de existencia. Participar durante unos días en una celebración puede ayudar; difícilmente resuelve esa responsabilidad.

La comparación con las ferias permite precisar el problema. La Feria del Alfeñique, en Toluca, y la Feria Internacional del Caballo, en Texcoco, anuncian desde su nombre la naturaleza de su convocatoria. Reúnen, con características distintas, celebración, comercio, entretenimiento y tradiciones. Hay mercancías, atracciones, espectáculos y negocios. Su denominación hace visible esa mezcla.

Esto no las exime de responder por sus recursos, sus concesiones o el trato a quienes participan. Tampoco les resta valor cultural. El alfeñique contiene conocimientos de oficio, memoria familiar e imaginación. Su venta puede contribuir a la continuidad de una práctica, siempre que quienes la sostienen encuentren condiciones dignas para trabajar. La feria permite observar esa relación sin presentar el comercio como una circunstancia accidental.

Esa franqueza vuelve más exigente el juicio sobre los festivales. Una administración que anuncia un festival internacional de arte y cultura reclama una legitimidad específica. Promete selección, encuentro, diálogo entre lenguajes y una relación deliberada con la creación. Si la organización responde principalmente al consumo, al atractivo turístico y a la contratación de espectáculos, debe explicar qué función cumple el nombre. Puede expresar un proyecto; puede suministrar prestigio a una operación.

La diferencia excede la semántica porque modifica las razones del gasto. Una feria puede justificar buena parte de su actividad mediante el intercambio y la celebración. Un festival cultural debe explicar qué experiencias hace posibles, qué vínculos construye y qué aporta a la vida creadora de una comunidad. Cuando ambos se evalúan exclusivamente por visitantes y derrama económica, la especificidad del festival desaparece. Sobrevive en el membrete.

Una verbena puede ser espléndida. Una kermés puede reunir a un barrio y sostener una escuela. Una temporada de conciertos puede dejar recuerdos perdurables. Cada una tiene dignidad propia. El envilecimiento ocurre cuando la palabra cultura permite reclamar una autoridad que las decisiones no están dispuestas a sostener. Nombrar con precisión obliga al gobierno a responder por lo que efectivamente organiza.

George Yúdice estudió en El recurso de la cultura la creciente legitimación de las prácticas culturales mediante su utilidad para objetivos económicos, sociales y políticos. En el lenguaje de nuestras administraciones, esa exigencia aparece como turismo, posicionamiento, visitantes y derrama. Son efectos posibles y pueden beneficiar a la población. La subordinación empieza cuando se convierten en la razón dominante para decidir qué merece apoyo.

El patrimonio interesa entonces por su capacidad de distinguir un destino; la programación, por las personas que atrae; la plaza, por el consumo que concentra. Una investigación sin rendimiento turístico, una práctica sin demanda asegurada o un taller cuyos resultados tardarán años encuentran dificultades para acreditar su importancia. Su valor existe, pero los instrumentos del gobierno han dejado de reconocerlo.

La expresión “derrama económica” ofrece una comodidad adicional. Sugiere un beneficio que cae sobre el territorio y alcanza a todos. La economía efectiva de un festival tiene destinatarios precisos: artistas, técnicos, intermediarios, productores, hoteles, concesionarios y vendedores. El monto agregado dice poco sobre la distribución. Puede haber ganancias importantes y escasas mejoras para quienes sostienen la vida cultural del lugar.

La pregunta por el negocio debe comenzar allí. Quién cobra por organizar, quién paga por participar, quién obtiene exclusividades y qué beneficios permanecen en la comunidad. Un festival requiere trabajo remunerado. Artistas y técnicos tienen derecho a cobrar; los prestadores de servicios, a obtener una ganancia legítima. El escrutinio debe establecer cómo se distribuye el valor y quién adquiere poder para decidir las prioridades.

Hay dos campos de responsabilidad que conviene mantener a la vista. Uno corresponde a contratos, proveedores, concesiones y contraprestaciones. El otro, al juicio sobre los fines de la política pública. Una contratación puede cumplir la ley y servir a un proyecto cultural pobre. La ausencia de una irregularidad penal tampoco acredita la inteligencia de una administración. Existen decisiones legalmente impecables que empobrecen la vida común.

Los festivales se vuelven coartada cuando su prestigio facilita operaciones cuya finalidad principal se encuentra fuera de la cultura. Una plataforma comercial recibe el aura del patrimonio; una campaña gubernamental se presenta como encuentro comunitario; una contratación de entretenimiento adquiere la autoridad de una obligación pública. La palabra hace un trabajo que el proyecto ya no realiza.

Quimera permite examinar la jerarquía entre propuestas artísticas, conciertos de amplia popularidad y promoción comercial. Las Almas plantea la relación entre la celebración de los muertos, la programación y el consumo turístico. Atmósfera nació asociado a la celebración del inicio de operaciones del AIFA: el vínculo entre acontecimiento cultural y relato gubernamental aparece en su propia justificación. Son casos distintos que permiten formular una pregunta común: qué finalidad organiza el encuentro y cuánto espacio deja a una vida cultural autónoma.

Para responder importa más la trayectoria que una cartelera aislada. El lugar concedido a los creadores locales, la distribución del presupuesto, las condiciones de presentación y la continuidad entre ediciones revelan una concepción de gobierno. Una obra puede figurar en el programa y permanecer relegada. Un taller puede contarse entre las actividades y recibir pocas posibilidades de realizarse bien. La inclusión acredita diversidad; la jerarquía revela cuánto vale cada componente para la institución.

Otros encuentros, como Quinto Sol, permiten discutir la relación con pueblos originarios, conocimientos y territorios. Esa orientación debe examinarse mediante la autoridad efectiva concedida a las comunidades. Celebrar sus expresiones no equivale a reconocer su derecho a decidir sobre ellas. El homenaje puede coexistir con la subordinación cuando unos suministran identidad y otros conservan el control de su interpretación y sus beneficios.

El juicio alcanza a gobiernos estatales y municipales, con atención a sus atribuciones. La pobreza de criterio puede presentarse bajo el lenguaje de la modernización, la tradición, la transformación o el orgullo local. Cada administración encuentra palabras favorables para sus decisiones. La crítica debe seguirlas hasta sus consecuencias.

Guy Debord ayuda a comprender otra dimensión de este problema. En La sociedad del espectáculo, el espectáculo designa una relación social mediada por imágenes. Su análisis permite observar cómo la actividad de las personas regresa ante ellas convertida en una representación organizada por otros. En la comunicación gubernamental, una población reunida puede aparecer como imagen de comunidad aunque haya intervenido poco en las decisiones que la convocaron.

El mecanismo tiene eficacia política. El gobierno selecciona, contrata y anuncia; los habitantes asisten; su presencia reaparece como prueba de una administración exitosa. El aplauso dirigido al artista adquiere una segunda vida en el balance del gobernante. La fotografía convierte una experiencia compartida en un logro de quien organizó el escenario. El poder consigue exhibir comunidad sin haber compartido necesariamente las decisiones.

La fiesta puede desbordar ese uso. Produce vínculos, irreverencia y recuerdos que ninguna administración controla por completo. Los asistentes interpretan, disfrutan y hacen suyo el espacio. Precisamente por esa potencia, importa discutir quién establece las condiciones del encuentro y quién obtiene autoridad para hablar después en nombre de lo ocurrido.

La crítica cultural también debe cuidarse de su vanidad. Explicar la degradación de un festival mediante una supuesta inferioridad de los gustos populares sería otra forma de empobrecimiento. Bourdieu mostró la relación entre gusto, educación, origen social y capital cultural. Las preferencias pueden utilizarse para convertir privilegios de formación en señales de superioridad personal. Una defensa de la cultura que desprecia a quienes tuvieron menos oportunidades de conocer reproduce la desigualdad que debería interrogar.

El valor público de una programación depende de lo que permite descubrir y de la inteligencia con que relaciona experiencias. Una canción conocida puede adquirir profundidad; una obra experimental puede resultar vacía. La procedencia extranjera tampoco garantiza excelencia. La responsabilidad institucional consiste en ampliar las posibilidades de encuentro y sostener aquello que difícilmente circularía por los canales habituales del mercado.

“Darle a la gente lo que quiere” es un argumento incompleto porque los gustos tienen historia. Se forman mediante educación, hábitos, medios y oportunidades. Si la oferta pública se limita a reproducir la demanda existente, convierte las desigualdades de acceso en una frontera. Quien tuvo menos posibilidades de conocer recibe una programación ajustada a esa privación. La administración presenta como respeto a sus preferencias lo que también puede ser una renuncia a ampliar su libertad.

Una política cultural debe permitir que aparezcan deseos que todavía no existen. Nadie puede interesarse por una obra que nunca encontró ni elegir una experiencia cuya posibilidad desconoce. El descubrimiento necesita difusión, mediación, espacios adecuados y tiempo. Una institución pública adquiere sentido cuando ofrece esas condiciones, incluso donde la popularidad aún no está asegurada.

Hannah Arendt permite precisar lo que se pierde cuando todo queda sujeto al consumo. En La crisis en la cultura examina el peligro de usar, desgastar y reemplazar los objetos culturales conforme a la necesidad de entretenimiento. Su preocupación alcanza la permanencia de un mundo compartido: aquello que puede recibir nuevas miradas y significaciones más allá de la satisfacción inmediata.

Esa reflexión obliga a mirar el tiempo que transcurre entre celebraciones. Un festival puede prolongarse en lecturas, aprendizajes y colaboraciones. También puede agotarse en la demanda de otro festival. La política pública debe preguntarse dónde puede seguir ensayando una compañía, quién transmite un oficio, qué biblioteca recibe nuevos lectores y qué condiciones laborales encuentran los creadores. Allí se decide si la celebración abrió una posibilidad o apenas ocupó una fecha.

El trabajo artesanal vuelve concreta esa responsabilidad. Su valor promocional puede crecer mientras se debilitan las condiciones de quienes lo realizan. Una tradición existe mediante personas que aprendieron, ejercen y enseñan un conocimiento. La frecuencia con que aparece en un logotipo dice poco sobre su futuro. Su continuidad depende de que transmitirla y vivir de ella siga siendo posible.

Los estudios de García Canclini sobre artesanías, fiestas y consumo permiten comprender prácticas atravesadas por presiones del mercado, intercambios desiguales y capacidad de acción de sus productores. Esa mirada obliga a reconocer el derecho de sus portadores a transformarlas. Un puesto de venta puede ofrecer ingresos; la participación en una política cultural exige también voz y autoridad.

Lo mismo ocurre con las lenguas, las memorias y los rituales que dan singularidad a un territorio. Cuando sus portadores quedan reducidos a suministrar autenticidad, la identidad se convierte en materia prima. Otros deciden cómo presentarla y qué valor extraer de ella. La comunidad aparece homenajeada mientras pierde control sobre su representación.

Una política cultural consecuente debe aceptar, además, la incomodidad. La literatura puede discutir el relato oficial; el teatro, interrogar al poder; un archivo, contradecir una memoria conveniente. La creación tiene consecuencias que rebasan la promoción del gobierno. Si sólo recibe reconocimiento mientras contribuye a una imagen favorable, su libertad queda sujeta a una condición que termina por empobrecerla.

Ahí se reconoce el envilecimiento más profundo: la cultura conserva su lugar ceremonial y pierde autoridad para formular exigencias. Se la convoca para atraer visitantes, prestigiar marcas y producir imágenes de éxito. Sus necesidades de continuidad, autonomía y trabajo digno encuentran menos atención cuando carecen de recompensa inmediata para el gobernante.

Después de la fiesta, el territorio permanece. Continúan quienes trabajan el barro, enseñan una lengua, escriben, ensayan, conservan documentos o sostienen un espacio de encuentro. En sus posibilidades de seguir haciéndolo se decide buena parte del valor de la intervención pública. Una administración que utiliza esa vida cultural como fondo de sus celebraciones y desatiende su continuidad termina consumiendo aquello que dice promover.

Las ferias, las verbenas y los conciertos tienen un lugar legítimo en la vida común. El problema empieza cuando el nombre de la cultura sirve para encubrir la ausencia de un proyecto. Una feria declara que también viene a vender. Una política cultural debe demostrar qué mundo ayuda a construir.

Y aceptar que quienes habitan ese mundo tienen algo más que hacer que aplaudir.

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