Toluca, Estado de México; 4 de mayo de 2019.- Jorge Olvera García, comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, está de acuerdo en que participe la iniciativa privada en la construcción de los dos penales en Otumba e Ixtapaluca, cuya solicitud de autorización por parte del gobierno estatal está en proceso de análisis en la Legislatura mexiquense.
Para el ombusperson de la entidad, la participación de la iniciativa privada en este tipo de obras, como sucede en el caso de las carreteras, es parte de la solución a los problemas que se tienen. En este caso, el hacinamiento en los centros penitenciarios, como lo refirió recientemente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, al señalar que hay 28 mil detenidos, cuando la infraestructura carcelaria es para 13 mil internos.
Olvera García confió en que los diputados sean sensibles al tema y otorguen el permiso respectivo para que la readaptación social de quienes ingresan a la cárcel sea una realidad, a través de mejores condiciones de vida, con trabajo penitenciario y al contar con una estructura adecuada.
Se pronunció entonces porque se lleve a cabo la readaptación que sea necesaria y que los centros penitenciarios no se conviertan en escuelas de criminales como ya sucede en varias partes.
Al respecto, recordó que la CDHEM emitió la recomendación 35/2017 por el motín que tuvo lugar en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, el 4 de noviembre de 2017, cuando un grupo de internos mantuvo secuestrados tanto al director del lugar como a unos custodios.
Dirigida al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, el 18 de diciembre de ese año, el documente estableció una vez hecho los análisis y la valoración de informes y de pruebas recibidas que se comprobaban violaciones a los derechos humanos, por lo que se requirió la implementación de las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los internos en ese lugar, así como a sus familiares y otras personas que los visitan.
Entre las ponderaciones que describe la recomendación se precisa que “cuando en el sistema penitenciario existen carencias organizacionales, deficiencias funcionales, focos de corrupción, sobrepoblación, hacinamiento (…) ausencia de instalaciones dignas (…) , es inevitable que surjan constantes violaciones a los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos en dichos lugares, así como también del personal encargado de la custodia de los mismos, provocando además que el objetivo de la reinserción social no se cumpla.”.
De acuerdo a información de la Legislatura mexiquense, los dos centros penitenciarios que se construirían, de ser autorizado así, a través del esquema Asociación Pública Privada (APP) en Otumba e Ixtapaluca, tendrían una inversión iniciadle 2 mil 700 millones de pesos, y para su operación en los siguientes 25 años requerirían de otros 12 mil 311 millones de pesos.