El escritor Umberto Eco mencionó que “las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel”.
En el último año –el de la pandemia– las redes sociales han servido para hacer denuncias, encabezar enfrentamientos, compartir dolores y, principalmente, emitir opiniones: aseveraciones que desde el punto de vista de quien las publica son ciertas e incuestionables; las redes sociales son arena para discusiones en las que permea la discriminación.
La comunidad que forma parte de las redes sociales es, por lo general, horizontal, esto es: los usuarios no están definidos por temáticas o actividades específicas y el acceso y la participación en ellas es libre, desde esta posición –retomando a Umberto Eco– todos tienen el mismo derecho de opinar con o sin sesgos, casi siempre con un aire de superioridad respecto a los demás.
Existe así la superioridad del que ha seguido todas las reglas emitidas por las autoridades sanitarias, del que no ha seguido ninguna porque no se deja manipular o no recibe órdenes de nadie; del que ya se enfermó y salió del padecimiento, del que no se ha enfermado; del que tiene un familiar hospitalizado, del que tiene un familiar enfermo en casa; del que es universitario, del que es creyente, del que no cree en la existencia de la covid, del que está enterado de las teorías de la conspiración, del que usa cubrebocas, del que no… absolutamente todos creen tener ventaja “de alguien o algo respecto de otra persona o cosa”.
En mayo de 2020, algunas comunidades del Estado de México, particularmente de Almoloya de Juárez y Toluca, impidieron la desinfección de los espacios, acción que provocó una oleada de comentarios en los que sobresalía el término “ignorante” para referirse a las personas que impidieron la desinfección; esta palabra –lo mismo que “indio”, se repite una y otra vez cuando alguna publicación hace alusión a quienes organizan fiestas, no usan cubrebocas o no creen en la existencia del covid, pero la situación va más allá, el adjetivo se generaliza para la gente de bajos recursos: taxistas, vendedores ambulantes son frecuentemente tachados de ignorantes por sus conductas o por cualquier comentario que los involucre y se considere, para el que opina, inadecuado.
Cuando comenzaba la pandemia en México, en abril, Néstor Martínez Cristo escribió en La Jornada el texto: “Racismo, otro rostro de la pandemia”, en el que menciona que si bien “los virus contagian de forma indiscriminada, sin importar género, origen, edad o clase social […] en la era de la mentira viral, la desinformación, la polarización y la fragilidad de las razones argumentadas conducen frecuentemente a escenarios de franca discriminación, ya sea a escala global o de manera local, dentro de los países”.
El columnista añade que “en México, la discriminación no se centra sólo en el racismo, sino que se manifiesta también con tintes clasistas”; conforme ha avanzado la pandemia ha sido posible observar en redes sociales comentarios que dan por hecho que los desprotegidos, los pobres, –por condiciones de insalubridad– son quienes más pueden contagiar, otros comentarios llegan al extremo de considerar la pandemia como una oportunidad de “limpiar” al país de “la gente ignorante”.
La llegada de la pandemia ha mostrado actitudes alarmantes, en un principio, la discriminación se mostró también hacia el personal de salud por considerar que eran portadores del virus y de las trabajadoras domésticas, porque ellas podrían llevar el virus a la casa de sus empleadores; en las redes sociales, con todo y la superficialidad de los comentarios –en el sentido de la falta de argumentación– muchos comentarios generan un incremento del clasismo, entendido como la tendencia a prejuzgar, de forma negativa, a un grupo de personas por su forma de vestir, hablar, pensar o actuar.
Esta recurrente “invasión” de opiniones abona a la polarización de los estratos sociales y sus efectos negativos se relacionan, en términos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, asimismo, dificultarían aún más el acceso a estrategias que puedan visualizar un país más igualitario, aunque también es necesario considerar, como señala la investigadora Beatriz Urías en una entrevista, que el éxito de dichas estrategias dependerá “de los cambios democráticos que lleguen a realizarse en el país y del desarrollo de un modelo económico más igualitario”.
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