Sistema Penal, derechos humanos y pena de prisión, un coctel explosivo
Los sucedido en el penal de Acapulco no es sino un reflejo nítido de lo que sucede en el país. Los grupos criminales tienen acorralada a la autoridad en prácticamente todos los frentes.
La respuesta institucionalizada es endeble –ya lo he señalado otras veces- crear comisiones, comités, institutos, reformar leyes, endurecer penas –más burocracia pues- es la única guía de la imaginación gubernamental. Estas soluciones son un estruendoso fracaso.
Hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de él existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Secretariado y también se inserta la Comisión Nacional de Seguridad en cuyo seno se ubica una Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para abonar al burocrático aparato, hay un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. En general y en lo particular, sirven para poco.
En el Poder Judicial, hay un Consejo de la Judicatura Federal y en las entidades federativas también. Su actuación gris y sin efecto.
Existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 32 organismos locales similares. Los definiría como anquilosados y superfluos.
Hay también una Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ¿alguien sabe qué hace y sus resultados? ¡Ilustren a este escribano!
Y así podríamos seguir en cada materia, en cada área de las administraciones públicas en los tres órdenes de gobierno; sería difícil cuantificarlas a todas y muy fácil calificarlas: simplemente ineficientes.
En su conjunto todas y cada una de estas instituciones, significan al erario público y a los contribuyentes un oneroso lujo que no debiéramos financiar.
El caso del centro de readaptación Social de Acapulco, que dejó un saldo de al menos 28 internos fallecidos en lo que presuntamente fue una riña, es sintomático de la descomposición institucional. Ni siquiera en un espacio confinado, controlado, sujeto a disposiciones físicas y normativas especiales, es capaz de ser controlado por las fuerzas del orden.
El drama que entraña la delincuencia para la sociedad tiene diversos enfoques. El de las familias de los afectados; es de las familias de los servidores públicos que ahí laboran y que necesariamente serán sujetos de una investigación; el de las bandas de la delincuencia organizada que hacen valer sus intereses en este espacio cerrado y en la vida cotidiana; el de la sociedad en general que ve hundirse el estado de derecho y en la que prima la desesperanza de que la inseguridad sea revertida.
Incapacidad de las Comisiones de Derechos Humanos
Las Comisiones de Derechos Humanos se convirtieron a la vuelta de los años en monstruosos órganos burocráticos incapaces también de generar un cambio. Áreas donde se administra la inercia de simular y denunciar las malas prácticas gubernamentales y las violaciones a los derechos humanos de las personas.
Recomendaciones van, recomendaciones vienen. Informes especiales son publicados en forma periódico. Todos con un diagnóstico que ha prevalecido por años y que tanto los Poderes federales como los estatales han sido incapaces de solucionar. Ya no se diga el endeble trabajo que realizan los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, que se han vuelto pasmados espectadores, incapaces de dar seguimiento incluso a sus propias recomendaciones e informes especiales.
Actualmente ni siquiera sn capaces de dar seguimiento puntual y veraz a las propias Recomendaciones que emiten y se limitan a realizar un trabajo de escritorio: solicitar y recibir informes de la autoridad. No verifican, no comprueban, no realizan trabajo de campo. Si no, como explicar las fastuosos espacios que se han encontrado dentro de los centros de prevención y readaptación social y que ninguna de las Comisiones –ni estatal ni la Nacional- hayan dado cuenta o hubieran acreditado tales circunstancias.
No tardará mucho para que la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) emita una fastuosa Recomendación por violaciones graves a los derechos humanos por el caso del centro readaptativo de Acapulco, Recomendación que irá a dormir el sueño de los justos –o de los injustos para ser más propio-.
Incapacidad del sistema de Justicia
La pretensión foxista de copiar modelos sistémicos de otros países y tropilicalizarlos al nuestro, no es sino otro síntoma del fracaso y la incapacidad. El sistema de justicia penal adversarial y oral, ya demostró sus deficiencias y si bien, se pretendía atender alguna problemática delictiva y especialmente penitenciaria con él, la inadecuada planeación, la improvisación y el apuro político han llevado a que este sistema se estrelle de frente con la realidad.
Mucho lo han dicho, se convirtió en una puerta giratoria para quienes han hecho del crimen su modo de vida cotidiano, porque no quieren ni aceptan otras oportunidades.
Incapacidad del sistema legislativo y su hijo predilecto: las Penas
Las sociedades contemporáneas se enfrentan a un complejo dilema: restringir la pena de prisión sólo a casos excepcionales o volver a los modelos ancestrales en que esta pena era la que primaba en los sistemas de justicia. Y digo sociedades contemporáneas, por no decir sólo las tercermundistas o eufemísticamente llamadas economías emergentes, porque dudo mucho que países industrializados especialmente europeos, lo enfrenten de la manera en que lo tienen que hacer los países latinoamericanos, esencialmente.
La gravedad de la pena no inhibe, no intimida, no disuade ni desalienta al infractor.
Estamos encerrados en un círculo vicioso y viciado. Si encerramos a “todos” los delincuentes se origina sobrepoblación y se favorecen fenómenos de autogobierno y crimen, al amparo de cuatro paredes, como documentó Imagen Televisión hace unos meses.
Si dejamos la pena de prisión sólo para aquellos delitos que la ameriten, se corre el riesgo de que delincuentes de poca monta se especialicen y escalen a nivel mayor de daño social, al no tener otras opciones de sobrevivir y dejarse guiar por el camino del mínimo esfuerzo para hacer lo único que saben y les interesa hacer: delinquir.
¿Qué hacer? Es una pregunta con una difícil respuesta.
Un primer punto diagnóstico es que sabemos lo que no funciona. Los sistemas anquilosados gubernamentales basados en modelos extranjeros, que implican comititis, comisionitis y reformitis, no son operantes ni eficaces ni eficientes. Ni hay un modelo preventivo científico y, si lo hay, falló.
CARPE DIEM
La ridiculez protagonizada por la alcaldesa de Mexicaltzingo es algo más que una anécdota jocosa. Debe ser motivo de una investigación seria por posibles faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Destinar horarios y recursos públicos a actividades privadas, incluso puede ser una acción presumiblemente constitutiva de delito. El asunto no debe, no puede quedar en un reflejo del nivel educativo e intelectual de la alcaldesa, debe tener implicaciones legales.
Nos leemos en otra semana caótica.
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