Lento y caro avanza el tren Toluca -Mexico

Toluca, México; 27 de agosto de 2018. El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, que construyen las empresas OHL, La Peninsular, Omega Construcciones Industriales e ICA, ha incrementado en un 55 por ciento el presupuesto original de 38 millones de pesos, alcanzando actualmente un monto de 59 mil millones. Al respecto de los incrementos, un estudio […]

Toluca, México; 27 de agosto de 2018. El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, que construyen las empresas OHL, La Peninsular, Omega Construcciones Industriales e ICA, ha incrementado en un 55 por ciento el presupuesto original de 38 millones de pesos, alcanzando actualmente un monto de 59 mil millones.

Al respecto de los incrementos, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió sobre la opacidad en los contratos y la organización de la obra, cuya inversión original establecida en 2014 ha sido superada hasta este momento por 22 mil millones de pesos.  La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que el aumento es producto del escaso desarrollo de proyectos ejecutivos y por la necesidad de hacer adecuaciones, circunstancias que han elevado el costo hasta alcanzar los 59 mil 216 millones de pesos.

Al exorbitante costo de la obra, que pretende conectar al Valle de Toluca con la Ciudad de México, también se suma el hecho de que su desarrollo ha provocado numerosas afectaciones en distintas comunidades del Estado de México, entre ellas las de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya, en Ocoyoacac, quienes exigen el pago de los terrenos que fueron apropiados por el proyecto y que no estaban considerados en la construcción, los cuales abarcan alrededor de 42 mil metros cuadrados.

Ambas comunidades se han manifestado para exigir al gobierno del estado el retiro de los elementos de seguridad pública que resguardaban las zonas de construcción del tren, consiguiendo un amparo y la remoción de la seguridad estatal en la zona. En días pasados, la obra violó el Programa General de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PGOEDF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) corroboró el carácter ilegal de la autorización del cambio de uso de suelo en pueblos que colindan con el Estado de México.