Este martes, el Senado de la República debate en sesión la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue aceptada por la Cámara de Diputados y turnada a esta instancia para su revisión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analistas y académicos han visto en esta ley la posibilidad de vulnerar las garantías fundamentales de los mexicanos.
La dependencia de las Naciones Unidas en México indicó, en un documento remitido a los senadores, que este proyecto de ley significa la “normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, una estrategia que de 10 años a la fecha no ha servido para disminuir los índices delictivos en el país y, al contrario, se han incrementado los reportes de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses.
La CIDH indicó que las funciones de las fuerzas armadas son diferentes a las de las dependencias del Estado que proporcionan seguridad pública, y que la ley implica que el gobierno delegaría su obligación en materia de seguridad pública a un organismo que no está capacitado para proporcionar ese servicio a la población, pues su función es la seguridad de la nación.
“La distinción entre funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional y las que les competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”, indicó la CIDH.
El comisionado de las Naciones Unidas en México, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó que “La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”.
El funcionario de la ONU emitió un documento en donde señala 14 puntos preocupantes para Naciones Unidas de la Ley de Seguridad Interior: “ambigüedad de conceptos”, “violación al principio de necesidad”, “papel indebido de Fuerzas Armadas”, “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”, “ausencia de controles”, “ausencia de política de fortalecimiento de las instituciones”, “indebida regulación del uso de la fuerza”, “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, “afectaciones a la protesta social”.
También señala la “ausencia de transparencia”, “lesión de la autonomía”, “inconstitucionalidad e inconvencionalidad”, “ámbito de excepción del derecho procesal administrativo”, y la “ausencia de explicitud de los principios rectores”.